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ADHESIONES al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación 2022

pacto

Ante la grave preocupación del sector ante el retroceso sufrido por la política pública de cooperación internacional para el desarrollo a nivel andaluz, con un recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Junta de Andalucía próximo al 60% durante la presente legislatura; y, por otra parte, la celebración de las próximas elecciones autonómicas, desde la CAONGD, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, Comité Español de ACNUR Andalucía, UNICEF Comité Andalucía y Comité Español de UNRWA Andalucía animamos a entidades sociales y partidos políticos a suscribir el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación 2022.

FORMULARIO DE ADHESIONES AL PACTO

La formación de un nuevo arco parlamentario a partir del 19 de junio debe suponer una renovación de este compromiso para devolver a Andalucía al lugar que no debió perder como referente de la solidaridad internacional.

Este es el contenido completo de la propuesta que presentamos:

ANTECEDENTES

La solidaridad entre los pueblos forma parte del ADN de las andaluzas y los andaluces. Andalucía como territorio, como pueblo, desde sus colectivos sociales a las instituciones públicas, ha sabido recoger durante décadas este espíritu solidario consolidado como tradicional tierra de acogida y materializarlo en acciones y políticas de cooperación internacional. De la voluntad del espacio cívico organizado han partido acuerdos para la mejora y el desarrollo de la cooperación internacional que se realiza desde nuestra comunidad, entendiendo que la Junta de Andalucía y las administraciones locales deben sustentar el soporte normativo, estructural y económico de esta política pública en la que todos los agentes de cooperación aportan un largo recorrido de colaboración y apoyo mutuo con comunidades del Sur Global.

Así, en 1998, la Coordinadora Andaluza de ONGD y la Junta de Andalucía suscribieron un acuerdo denominado Pacto Andaluz por la Solidaridad, punto de partida de grandes avances. Entre ellos, la promulgación de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o el reconocimiento en el Estatuto de Autonomía de que el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza. Allí se contiene también el mandato de que la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.

A este primer acuerdo le siguió el Compromiso Andaluz por la Solidaridad (2004), firmado por todos los grupos que componían el arco parlamentario andaluz. Y, más recientemente, el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación (2013), un compromiso que sumaba las adhesiones de la Junta de Andalucía, agentes de la cooperación andaluza y sociedad civil.

Nuestra comunidad ha sido durante décadas un referente a nivel nacional e internacional en su apuesta por esta política pública. Por este motivo, y por la creciente necesidad de dar respuesta a todos los niveles a un mundo en crisis, el preocupante retroceso que sufre en los últimos años la cooperación internacional andaluza exige una pronta respuesta que nos devuelva a nuestros valores constituyentes y a la urgencia de garantizar los derechos humanos y la existencia misma del planeta tal como lo conocemos.

El presente pacto renueva los compromisos de sus precedentes y apuesta por devolver a Andalucía al lugar que nunca debió perder. La relevancia de un pueblo se sustenta en su humanidad. Y esta se logra desde la Justicia Social, es decir, ofreciendo igualdad de oportunidades y promoviendo el reparto equitativo de los bienes y servicios para que todas las personas, en cualquier parte del planeta, puedan llevar a cabo un proyecto de vida en condiciones dignas.

Defendemos la cooperación internacional como herramienta imprescindible para el desarrollo sostenible, que permita a Andalucía sumarse a los acuerdos suscritos por España en el ámbito internacional, y por ello invitamos a las entidades que compartan estos valores a suscribir los siguientes

COMPROMISOS

1. La cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional suponen un compromiso y una tarea de toda la sociedad, desde las instituciones públicas (gobiernos central, autonómico y locales) a los actores sociales (sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones de mujeres y jóvenes,…), económicos (empresas, entidades financieras), académicos (universidades y otros centros educativos), medios de comunicación y organismos multilaterales de cooperación y acción humanitaria, con un papel destacado para las ONGD.

2. Andalucía debe apostar de forma estratégica y decidida por una cooperación feminista, ecologista, promotora de los derechos humanos y la paz como aspectos centrales que atraviesen sus principios, objetivos, instrumentos, recursos y alianzas. Son los ejes necesarios para impulsar un nuevo paradigma de desarrollo, que transforme la realidad atendiendo a las causas profundas de los retos globales que enfrentamos a través de la promoción del espacio cívico y democrático y las alianzas para el desarrollo sostenible; a través de la promoción de bienes públicos globales y de una revisión profunda del modelo económico que sea inclusivo, sostenible, justo y democratice los recursos.

3. La coherencia de políticas debe funcionar como elemento fundamental a la hora de organizar los esfuerzos de Andalucía para alcanzar las metas de la Agenda 2030, situando la política pública de cooperación internacional como el marco de trabajo para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo. Siendo esta Agenda la referencia para los próximos años, la apuesta andaluza por la solidaridad internacional debe trascender a este y otros marcos temporales.

4. El espacio cívico conformado por el tejido asociativo, tanto en Andalucía como en los países de cooperación, debe recibir el respaldo y el apoyo para que pueda desempeñar el papel central que le corresponde en el diseño y la ejecución de las acciones de cooperación. La Junta de Andalucía y las administraciones locales deben reforzar la colaboración con las ONGD y los agentes de cooperación en un nuevo marco de relación y promover de manera explícita una mayor colaboración con actores de la sociedad civil que sean sujetos de cambio e impulsores de una mayor transformación en las diferentes sociedades (sindicatos de clase, organizaciones feministas, ecologistas, de acción humanitaria, de jóvenes y de comunidades locales, pueblos indígenas, plataformas y movimientos ciudadanos, de defensa de los derechos de la infancia, entidades de economía social y solidaria, campesina y de comercio justo) y el compromiso con las personas y entidades que defienden los derechos humanos.

5. El compromiso con el multilateralismo y con el marco de las Naciones Unidas debe mantenerse para el adecuado abordaje de los retos globales que afrontamos y a los que la cooperación andaluza debe contribuir a dar respuesta.

6. La educación para el desarrollo, con su objetivo de construcción de una ciudadanía global crítica, es la mejor herramienta para el apoyo y estímulo a la participación, porque contribuye a la formación de una ciudadanía responsable y con conciencia crítica sobre la realidad mundial, facilitando herramientas para la transformación social en claves de justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, respeto por el medio ambiente, garantía de los derechos de la infancia y de las personas refugiadas, y solidaridad. De esta forma se participa en la construcción de sociedades más democráticas y solidarias. La política andaluza de cooperación internacional debe situar como un pilar fundamental, e impulsar el trabajo en esta área de los diferentes agentes que la realizan.

7. Para conseguir estos objetivos, la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo debe consolidarse, de forma integrada, institucionalizada, permanente y normalizada, como una más de las políticas públicas sociales que expresa la solidaridad entre el pueblo andaluz y otros pueblos. Esto supone que debe ocupar su lugar propio en el quehacer diario y los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas andaluzas. Este compromiso es una necesidad ética, que nos demanda la propia ciudadanía andaluza, que responde a criterios de justicia social además de constituir un compromiso firmado y una obligación de los poderes públicos.

8. Esta política debe seguir basándose en el consenso entre los partidos políticos defensores de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos y el diálogo e interlocución permanente con todos los agentes sociales y económicos, las agencias multilaterales de cooperación y acción humanitaria y, de forma especial, con las ONGD. El Consejo Andaluz de Cooperación debe ver reforzado su papel como instrumento de gobernanza de la cooperación andaluza, dotándolo de mayor capacidad de decisión en el diseño de la política de cooperación y en la ejecución, seguimiento y evaluación de sus correspondientes programas.

9. Esta política pública debe ser además transparente para la ciudadanía y dotarse de instrumentos eficaces y verdaderamente activos en la rendición de cuentas ante los órganos de consulta y control de la acción política —como el Consejo Andaluz de Cooperación o el Parlamento Autonómico— y ante la propia sociedad andaluza.

10. Los agentes andaluces de cooperación firmantes de este Pacto entendemos que el personal de la Administración Pública encargado de desarrollar las políticas de cooperación internacional al desarrollo, ya sea en la AACID o en cualquier otra entidad de ámbito local, es uno de los principales elementos que otorgan valor añadido al modelo andaluz de cooperación. Por este motivo, consideramos prioritario consolidar y mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales, especialmente en términos de estabilidad, dotando a los organismos públicos de cooperación de unos presupuestos suficientes e incrementando los recursos materiales a disposición de los mismos. El personal público de cooperación es un capital fundamental de la cooperación andaluza y, por ello, su labor debe ser puesta en valor de la manera que se merece.

11. Como expresión de todos estos compromisos solidarios, el conjunto de las administraciones públicas andaluzas deben renovar su compromiso con alcanzar el horizonte de al menos el 0’7% de sus respectivos presupuestos, corrigiendo los graves retrocesos acumulados en los años recientes. Para ello, deberían elaborarse con la mayor urgencia nuevos calendarios para su consecución, consensuados con los distintos agentes de cooperación. En este sentido, es prioritario además que no se cierren las convocatorias de subvenciones, ni las líneas presupuestarias y que, en cualquier caso, no se reduzcan los presupuestos de estas políticas en un porcentaje mayor a lo que se reduzca el presupuesto global de cada Administración.

12. La cooperación internacional es parte de la visión de solidaridad de la sociedad andaluza, desde la esfera pública y privada, tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestro territorio. La práctica de la cooperación internacional no compite con la práctica de la solidaridad en Andalucía, e incluso complementa la reivindicación de solidaridad hacia nuestra comunidad autónoma en un contexto europeo en el que sigue siendo un territorio con importantes índices de exclusión.

FORMULARIO DE ADHESIONES AL PACTO

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