Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana que se realizan desde el pasado 28 de abril en varias ciudades y municipios del país, en el marco del paro Nacional, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política1. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable. De acuerdo con