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‘Todas las vidas valen igual’, una campaña de la Fundación APY para visibilizar la situación de los migrantes subsaharianos en Marruecos

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Campaña APY 'Todas las vidas'

Debido a su situación geográfica, Marruecos es uno de los principales países de tránsito con destino a Europa para millones de personas que huyen de los países que integran el África Subsahariana (Senegal, Camerún, Costa del Marfil, Guinea, Congo, Nigeria), también procedentes de Siria y de Oriente Medio (Yemen, Palestina e Irak). Sin embargo, en los últimos años, debido a la política de externalización y blindaje de fronteras de la Unión Europa y de España, Marruecos está dejando de ser un país de tránsito, convirtiéndose en país de destino para muchas personas migrantes y refugiadas que, ante la imposibilidad de llegar a España u otro país de la Unión Europea, se quedan en Marruecos.

La frontera Sur de la Unión Europea se encuentra en la ciudad de Melilla, separada de Marruecos a través de una valla fortificada de 12 km de extensión y seis metros de alto, que rodea la ciudad. Esta frontera artificial entre España y Marruecos representa el último obstáculo para quienes se proponen llegar a Europa, miles de personas que siguiendo la llamada “ruta occidental” huyen de sus países en busca de refugio, asilo o simplemente con la expectativa de una vida alejada de la guerra y de la miseria.

La provincia de Nador es reflejo de esta situación, teniendo en cuenta su ubicación geográfica. Es la última parada del trayecto africano de la ruta occidental y el cuello de botella para las personas que intentan pasar al otro lado de la frontera. Desde la Fundación APY abordan esta situación en su campaña Todas las vidas valen igual.

De acuerdo con los datos del Grupo de Trabajo para la Protección de las personas migrantes creado por ACNUR en la región de la Oriental, la provincia de Nador acoge entre 3000 y 4000 personas migrantes y solicitantes de asilo, situando entre el 30 y el 50% de mujeres adultas (mayores de 18 años) y entre el 10 y 15% de menores de 18 años (niños y niñas).

Muchas de estas personas llevan viviendo en Nador en situación irregular hasta 5 años (257 peticiones presentadas por migrantes subsaharianos en la provincia de Nador (de los cuales el 14% son mujeres) ninguna ha sido admitida. Este bajo número de migrantes subsaharianos regularizados en la región del oriental no anima a los demás a hacer lo mismo.

La mayoría de estas personas se instalan en campamentos bajo condiciones precarias, aislados y escondidos de las autoridades locales y en ellos sufren todas las carencias posibles, están expuestos a la violencia, a la explotación y a la mendicidad, especialmente las mujeres y las niñas y menores de edad.

La salud física y mental de estas personas se encuentra terriblemente deteriorada debido a los acontecimientos traumáticos que han vivido durante su viaje hacia el Norte (sometimiento a trata, esclavitud, violaciones y abusos sexuales y físicos, vejaciones y humillaciones) que continúan bajo sus explotadores mientras esperen en Nador a cruzar a Europa.

Sufren condiciones de vida de extrema privación. Viven en campamentos improvisados sin acceso al agua, saneamiento, alimentos, que junto a la alta densidad de población migrante en Nador, pueden dar lugar a epidemias que van desde la sarna hasta la diarrea infecciosa, pasando por la hepatitis A, el SIDA y la COVID 19, que ha impacto de manera espectacular sobre este grupo de personas. Además, experimentan una enorme vulnerabilidad psíquica y psicosocial manifestando estados de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, sensación de fatiga intensa, trastornos psiquiátricos, como delirios de persecución, paranoia, etc.

Dar testimonio de la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven las personas migrantes a las puertas de nuestras fronteras es una llamada para volver a un sentido humanista y humanizador del derecho y de la política. Todas las personas tienen derecho a ver protegida su dignidad y a ver garantizados sus derechos más elementales.

Frente a esta dramática situación las organizaciones APY y ASTICUDE, han puesto en marcha una iniciativa financiada por la AACID, para la protección de los derechos humanos de los migrantes subsaharianos en situación de extrema vulnerabilidad radicados en Nador. Nuestro objetivo es proteger el derecho a la salud física y mental cubriendo necesidades esenciales en materia de alojamiento, alimentación y atención sanitaria.

Todas las vidas valen igual, todas las personas con los mismos derechos​.

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