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Una Andalucía en clave de infancia: 55 propuestas electorales

infancia
UNICEF Comité Andalucía está compartiendo con las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas del 19 de junio su
documento 55 Propuestas para una Andalucía en clave de infancia, que recoge las prioridades que en materia de infancia y adolescencia deberían tenerse en cuenta para la próxima legislatura.
A Andalucía le corresponde procurar la máxima protección y apoyo para los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestra tierra, especialmente en un contexto cambiante como el actual. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto los efectos de la pobreza, la exclusión y las desigualdades, y cuestiones como la brecha digital o los problemas de salud mental de la infancia y la adolescencia. La guerra en Ucrania está provocando en Europa el mayor movimiento de población refugiada desde la II Guerra Mundial y preocupa, especialmente, la llegada de niños y niñas solos o acompañados por adultos que no ostentan su
tutela o guarda legal.
Ante este contexto, es necesario un enfoque transformador, a largo plazo, que genere consensos y diálogo basados en valores compartidos y principios de derechos humanos, para asegurar un futuro construido entre todos, con posibilidades de prosperidad económica y cohesión social.
Las propuestas de este documento se fundamentan en 4 pilares. En primer lugar, una mayor y mejor inversión en infancia que fije mínimos a alcanzar en las prioridades identificadas. El análisis de Medición de la inversión presupuestaria en la infancia 2019 realizado por UNICEF Andalucía, destacaba que, en los 25 programas con mayor gasto directo en infancia, la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación -en la que se incluye la Dirección General de Infancia- solo aportaba un 2,1% de los fondos, cuando más de un tercio de la población menor de 18 años de Andalucía se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
En segundo lugar, una protección social que ponga a la infancia en el centro. Unas 145.000 personas menores de 18 años (más del 9% de este grupo de edad) están en situación de privación material severa. Este modelo de protección social debería implantar medidas para las familias jóvenes con hijos y las familias monoparentales, incluyendo programas de transferencias de ingresos fácilmente accesibles y complementarios, acceso a vivienda digna y servicios de conciliación.
En tercer lugar, es necesario generar entornos seguros y protectores, libres de violencia. Según el Sistema de Información del Maltrato infantil de Andalucía, en 2020, las notificaciones se incrementaron un 68%; el 44% de ellas fueron motivadas por negligencia y casi un 5% por abuso sexual. Es fundamental contar con la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos y espacios de deporte y ocio, como establece la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) a partir del curso 2022- 23. Esto conllevaría una regulación específica de protocolos en los ámbitos educativo y sanitario para facilitar la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia, así como la adecuada asistencia y recuperación de las víctimas.
Por último, hay que seguir avanzando en la promoción de la participación infantil y adolescente, promoviendo el funcionamiento de órganos y estructuras estables y sostenibles de participación, sobre todo a nivel local, y el desarrollo de planes municipales de infancia y adolescencia.
Educación, salud mental, protección e infancia migrante
Otro asunto prioritario que debería orientar las políticas públicas de infancia a corto y largo plazo, es la educación. La tasa de abandono escolar temprano en Andalucía para 2021 se sitúa en el 17,7%, y aunque por primera vez desde 2002 está por debajo del 20%, sigue muy por encima de la media estatal (13,3%). Es prioritario mejorar la atención a la diversidad y a la infancia vulnerable: niños de origen extranjero, y niños con necesidades educativas especiales y/o con discapacidades. Solicitamos una apuesta firme por la innovación educativa tanto como modelo de aprendizaje, en la formación del profesorado y en la gestión de los centros. Y, ante la visible brecha digital, pedimos reforzar la enseñanza online con un seguimiento a las familias y educar en un aprendizaje crítico y protector de las TRIC (tecnologías de la relación, información y comunicación).
Ante el empeoramiento de la salud mental de nuestra infancia y adolescencia demandamos un plan específico de salud mental, reforzar la atención primaria y la dotación de profesionales (médicos de familia, pediatras y psicólogos clínicos o sanitarios), garantizando la coordinación de la red de salud mental con el resto de profesionales que dan apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, en el sistema de protección y en el sistema de justicia juvenil, mientras se impulsan acciones que promuevan la conversación pública sobre salud mental y combatan la discriminación y el estigma.
En relación a nuestro sistema de protección a la infancia, con más de 2.300 niños y niñas en acogimiento residencial y más de 2.500 en acogimiento familiar, según datos de 2020, incidimos en la necesidad de mejorar la gestión de los equipos, con personal especializado que actualice los proyectos socioeducativos. Abogamos por un sistema abierto a la sociedad que siga ejemplos de buenas prácticas como la figura de la familia colaboradora.
En cuanto a los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan a Andalucía, reclamamos la presencia de representantes del sistema de protección en las llegadas, para que realicen una primera evaluación que guíe el resto de actuaciones. Sigue siendo necesaria una suficiente dotación de personal en los dispositivos residenciales y mayor atención ante la situación de chicos y chicas extutelados al cumplir la mayoría de edad, con medidas de protección social de acceso a vivienda y empleo. Pese al descenso de llegadas en los últimos dos años, nuestra Comunidad no puede garantizar en solitario y sin el respaldo de una política
de ámbito estatal la pro tección de miles de niños en el marco de una eventual nueva contingencia humanitaria migratoria.
Por último, ante la política de cooperación internacional al desarrollo en nuestra Comunidad y la reducción de su presupuesto a prácticamente la mitad desde 2019, solicitamos que se cumplan los compromisos adquiridos en su plan director y se aborde una estrategia de infancia en la cooperación andaluza, en coherencia con la cooperación estatal.

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