En el día de las personas cooperantes, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo alerta del momento crítico que atraviesa la cooperación internacional para el desarrollo.El cierre progresivo del espacio para la participación de la sociedad civil, el avance de políticas y discursos contrarios a la cooperación y la drástica caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) —más del 30% entre 2024 y 2025— están agravando esta situación. En un contexto mundial marcado por múltiples crisis, estos factores ponen en riesgo el trabajo y la seguridad de las personas cooperantes y del personal local, así como los derechos de las comunidades con las que trabajan cuyo bienestar y supervivencia dependen, en muchos casos, del apoyo de la cooperación internacional.

Cada vez más Estados están intensificando su ofensiva contra organizaciones de la sociedad civil mediante las llamadas “leyes anti-ONG”. En Latinoamérica, como señala Amnistía Internacional en su Informe “Rompiendo el tejido social”, entre 2024 y 2025, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela aprobaron o reformaron marcos normativos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil. Estas leyes afectan directamente a su capacidad para apoyar y acompañar a comunidades, defender derechos humanos, operar y acceder a recursos.

Según datos del CIVICUS monitor las regiones con mayores niveles de represión a la sociedad civil son Oriente Próximo y el norte de África. La situación también es especialmente preocupante en África Subsahariana, donde un 80% de la población se encuentra bajo restricciones significativas del espacio cívico.

El retroceso no es ajeno a Europa o Estados Unidos. El Civic Space Report 2026 denuncia que las restricciones a la sociedad civil se están institucionalizando y generalizando en Europa, con acusaciones infundadas contra las ONG en parlamentos nacionales y europeos, la expansión de leyes sobre “agentes extranjeros” y limitaciones al derecho de protesta. Amnistía Internacional también ha alertado del aumento de prácticas autoritarias y de la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos.

Las consecuencias de este contexto afectan de forma directa a las personas cooperantes. El reciente informe sobre incidentes de seguridad reportados por organizaciones de La Coordinadora señala que el 14% de los incidentes registrados tienen su origen en abusos de poder vinculados al cierre del espacio cívico en los países donde trabajan las organizaciones.

“Cuando se restringe el espacio de la sociedad civil, no solo se limita la capacidad de las organizaciones para defender derechos y acompañar a millones de personas en todo el mundo. Además, aumenta la exposición a riesgos de seguridad de las personas cooperantes y del personal contratado en los países. Tanto una cosa como la otra debería preocuparnos profundamente y derivar en medidas para frenarlo”, señala Nacho Esteve, presidente de La Coordinadora.

Caída histórica de fondos públicos

Otra consecuencia directa de la generalización de discursos y políticas anti cooperación es la caída histórica de la financiación pública. De 2024 a 2025 se produjeron recortes mundiales de más de 30%.  Aunque la drástica reducción de la financiación de Estados Unidos —un 57%, en 2025— tiene un peso determinante, la tendencia afecta también a otros grandes donantes. En 2025, Reino Unido redujo su Ayuda Oficial al Desarrollo un 11% y Alemania un 17%. “Estos datos evidencian que el retroceso de la cooperación internacional no puede explicarse únicamente por decisiones de un país, sino que responde a una tendencia política global que cuestiona el valor de la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos”- declara el presidente de La Coordinadora-.

La acción humanitaria, al límite

La situación resulta especialmente grave en el ámbito de la acción humanitaria. Según la revisión de mitad de año del Panorama Humanitario Mundial de Naciones Unidas, de los 33.660 millones de dólares que se necesitaban para este año sólo se han recibido 8.210 millones; es decir, tan solo un 24%. Esta falta de financiación impacta en las comunidades afectadas por las crisis, pero también a la protección de las personas cooperantes que trabajan en contextos de emergencia donde los riesgos son especialmente elevados.

La Coordinadora considera imprescindible denunciar la grave brecha de financiación de la acción humanitaria, pero advierte de que la cooperación internacional no puede limitarse solo a la respuesta ante emergencias. La actual tendencia política puede llevar a los gobiernos a priorizar estas intervenciones, que suelen generar mayor consenso social y mediático, en detrimento de las políticas de desarrollo a largo plazo. Responder a las crisis es fundamental, pero no suficiente: es necesario abordar también las causas estructurales de las desigualdades, los conflictos y las vulneraciones de derechos.

Por una cooperación integral y con garantías

Por todo ello, La Coordinadora reclama a las administraciones públicas y actores políticos:

• Revertir los recortes y garantizar una financiación pública suficiente, estable y ambiciosa para la cooperación internacional.
• Proteger a las personas cooperantes y a las organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro y favorable para su trabajo. Entre otras medidas, es fundamental aplicar el Estatuto de las Personas Cooperantes.
• Defender la participación y la libertad de actuación de la sociedad civil, frente a las crecientes restricciones y discursos que cuestionan su labor.
• Impulsar una cooperación integral y de largo plazo, que combine desarrollo, paz y acción humanitaria y aborde las causas de las desigualdades y las crisis.
• Situar los derechos humanos y la solidaridad internacional en el centro de las políticas públicas, especialmente en un contexto global marcado por múltiples crisis.

FOTO: Farmamundi (Mozambique)