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Los mayores presupuestos de la Junta de Andalucía, la peor legislatura para la cooperación internacional

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El Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022 recoge un recorte para la política pública de cooperación internacional superior al 21%; en cuatro años de legislatura, PP y Ciudadanos acumulan un retroceso cercano al 60% en la AOD. La Coordinadora Andaluza de ONGD confía en que estas cifras puedan corregirse durante el proceso de tramitación parlamentaria de las cuentas públicas. Más de un centenar de organizaciones suscriben el manifiesto de la CAONGD en defensa de la política de cooperación en los presupuestos andaluces

Los peores presagios se han confirmado con la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022. Ni la inyección de fondos europeos para la reconstrucción ni contar con la cifra más elevada para inversión de la historia han cambiado una voluntad política: al Gobierno andaluz no le importa la cooperación internacional y progresa a pasos agigantados para hacerla desaparecer de Andalucía.

Según el documento hecho público tras el Consejo de Gobierno, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la comunidad se reduce en casi siete millones y medio de euros, pasando de 35.167.363 en 2021 a 27.689.326 euros en 2022, un nuevo hachazo del 21,26% en solo un ejercicio. Sobre un presupuesto global de 43.816.329.956 euros, que incrementa en más de 3.628 millones de euros la cifra de 2021 (y se traduce en una subida del 9%), la política pública de cooperación retrocede hasta suponer apenas el 0,06% de la inversión (en 2021 ha sido del 0,09%). La Junta de Andalucía presume de sumarse a la Agenda 2030 y da una patada al mandato de progresar hacia el 0,7% destinado a países del Sur.

Las ONG de Desarrollo, principal agente de esta política en Andalucía, ven reducidas sus posibilidades de mejorar las condiciones de vida de poblaciones a las que se vulneran sus derechos humanos fundamentales. En solo un año, las transferencias a estas entidades pasan de 19.765.816 a 14.665.816 euros (es decir, 5,1 millones menos, casi el 26% de recorte). Son, en cifras globales, las más perjudicadas por la previsión del proyecto de Ley, lo que sugiere una voluntad del Gobierno andaluz de reducir el espacio de las organizaciones de la sociedad civil.

Consecuencias directas en países del Sur

¿En qué se traduce este retroceso? 5,1 millones menos suponen 17 proyectos menos de cooperación internacional o acción humanitaria financiados en la convocatoria anual de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). O, también, implican la suma de la financiación de tres de las cuatro modalidades de esta convocatoria en el presupuesto de 2021 (acción humanitaria, educación para el desarrollo y formación e investigación). No podría comenzar ninguna intervención de las aprobadas en estas líneas: proteger la vida de mujeres y niños en Palestina; garantizar el agua, el saneamiento básico y la higiene a población de Haití; o luchar contra la malnutrición y la falta de servicios sanitarios en Mali, por citar ejemplos solo de acción humanitaria.

Los otros dos millones y medio de euros que se restan a la AOD andaluza para 2022 corresponden al recorte a la partida destinada a apoyar las intervenciones de cooperación de las universidades andaluzas (que pierden un millón de euros, pasando de 2,5 en 2021 a 1,5 millones en 2022, un retroceso del 40%) y la cooperación directa de la Junta de Andalucía, que contaría con un millón de euros menos.

Con esto, la Junta de Andalucía completa una legislatura nefasta para la cooperación internacional: si en 2018 la AOD ascendía al 0,14% del presupuesto global, en 2022 quedaría en el 0,06%. Un recorte superior al 52% en cifras absolutas (en 2018 la AOD contaba con 49,63 millones de euros) pero mucho mayor en términos porcentuales por el progresivo incremento de los fondos en este periodo: en este caso hablamos de una caída cercana al 60%.

Tramitación parlamentaria

La Coordinadora Andaluza de ONGD confía en que la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley pueda mejorar las cifras tan negativas que recoge respecto a la AOD, que no representan el sentir solidario de la ciudadanía andaluza, expresado tantas veces en su respaldo al trabajo de las entidades de desarrollo (solo las socias de la CAONGD suman más de 400.00 socias y 10.000 personas voluntarias).

Este respaldo también se hace patente en las más de cien adhesiones de entidades sociales al manifiesto de la Coordinadora En defensa de la política de cooperación internacional para el desarrollo en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022.  En él se recoge que los continuos recortes a la AOD no son coherentes con el Estatuto de Autonomía, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma. El Gobierno Andaluz incumple también su propio Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023), que especifica que “el objetivo es que el presupuesto aumente al menos proporcionalmente a lo que lo haga el presupuesto de la Junta de Andalucía”.

Por ello, la petición al Gobierno andaluz es que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 recoja un incremento de la financiación pública a la AOD que sea, al menos, proporcional al incremento presupuestario para el conjunto de las cuentas públicas. Si fuera coherente con su propio compromiso, PP y Ciudadanos debían haberla incrementado como mínimo un 9%, y no recortarla en más del 21%.

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Contacta con la Coordinadora

Después de tres años de retroceso de la política de cooperación internacional, todo apunta a que el Gobierno Andaluz volverá a recortar la Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022. Es un menosprecio a la experiencia y los buenos resultados de los agentes de la cooperación en Andalucía y, sobre todo, a la defensa de los derechos humanos vulnerados de la población de los países del Sur.


Exigimos al Gobierno Andaluz que cumpla el mandato del Estatuto de Autonomía y los compromisos del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, en el año de mayor crecimiento de las cuentas públicas y en un contexto de crisis global como el actual. Están en juego los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Está en juego la definición de la Andalucía que queremos ser.