La iniciativa de Ley fue presentada el día de ayer, bajo el pretexto de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el marco de la defensa de la independencia y soberanías nicaragüenses. Sin embargo, el contenido de la Ley dispone de varios artículos que, de ser aprobados, imponen inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación y podrá ser usada como instrumento de represión en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento internacional en el país.
La presente Ley define como agente extranjero a todas las “organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”. Eso sí, exceptúa de su ámbito de aplicación los acuerdos comerciales, inversiones extranjeras y personas físicas y jurídicas que realicen actividades económicas o comerciales.
Estas disposiciones contribuirían directamente al bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos e incrementaría la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones.
Asimismo, la iniciativa establece que las personas y organizaciones que reciban dinero del extranjero deberán registrarse como agentes extranjeros en el Ministerio de Gobernación, y sobre ellos habrá controles muy estrictos respecto de actividades y recursos, que más allá de lo que implican en sí mismos, pueden facilitar aún más la actuación arbitraria de las autoridades. El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma, además de multas y sanciones administrativas, pueden implicar incurrir en delitos penales relacionados con la seguridad del Estado.
De manera particularmente preocupante, esta iniciativa llega un par de semanas después de que el Poder Ejecutivo iniciara el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua para, en palabras del propio presidente, castigar a opositores que “comentan crímenes de odio” o “contra la paz.
Por tanto, las organizaciones firmantes alertamos que ambas iniciativas representan una escalada en el entorno represivo que se vive en Nicaragua. En particular, con relación a las barreras para la defensa de los derechos humanos por parte de colectivos y organizaciones; y los múltiples obstáculos al monitoreo internacional. Por ello, llamamos la atención de organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional para que refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua; a través de la condena de estas medidas, que generan que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener en Nicaragua.
