Sociedad Civil: actor clave para el desarrollo sostenible

Actualidad, Opinión

De cara a la próxima legislatura es urgente dejar atrás una década perdida de regresión del espacio cívico de participación y de recortes. Si España quiere ser un líder global de la agenda de sostenibilidad y de derechos es urgente generar las condiciones para un entorno facilitador de participación y fortalecimiento de la sociedad civil como agente de cambio en nuestro país, a nivel europeo y global y especialmente en donde hay más restricciones.

El concepto de espacio cívico es de enorme importancia para entender las posibilidades de implementación de la agenda de sostenibilidad y de derechos a nivel global, especialmente en estos tiempos de distopía política. Está intrínsecamente vinculado a la calidad democrática de los países y se refiere a la capacidad de la ciudadanía de expresarse, organizarse y actuar pacíficamente en la vida democrática. La carencia de un espacio democrático de calidad y de una ciudadanía empoderada y activa compromete los resultados de la Agenda 2030. Como reflexionaba recientemente Kumi Nadoo – presidente de Amnistía Internacional – grandes asuntos que están hoy en día en pauta política – cambio climático, feminismos, desigualdades, pacifismo, consumo responsable, respeto a la diversidad, etc. – fueron anticipados por la sociedad civil hace décadas. Si queremos impulsar el cambio en la urgencia y centralidad necesario la sociedad civil es una palanca imprescindible.

¿Cómo avanza el espacio cívico a nivel global? La organización Cívicus señalaba en su informe global de 2018 que el 82% de la humanidad vive en países donde el espacio cívico está cerrado, reprimido u obstruido. Esto se traduce en detención de activistas, ataques a periodistas, censura, intimidación, restricciones burocráticas y legales a la participación ciudadana, etc. Las víctimas fundamentales de esta situación, según el informe, son mujeres, personas trabajadoras y migrantes, grupos LGTBIQ, ecologistas y pueblos indígenas. La punta del iceberg son los 431 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, trabajadores entre 2017 y 2018 (datos ONU). Amnistía Internacional alertaba de las consecuencias perniciosas del triángulo regresión de espacio cívico, violación de derechos humanos y medidas de austeridad. En el lado de los buenos alumnos, solo el 4% de la población vive en países donde los gobiernos respetan adecuadamente el espacio cívico – España, por culpa de la ley mordaza y los recortes no está entre ellos –.

El debate sobre cómo generar entornos facilitadores y consolidar un espacio cívico dinámico ha dejado de ser una preocupación exclusiva de la sociedad civil y empieza a caminar en la agenda política. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE celebró en junio de este año la Conferencia Internacional sobre el Espacio Cívico y a final de año generará un documento guía para los estados miembros. En el próximo Foro Político de Alto Nivel a nivel de Naciones Unidas, en la que los ODS 16 y 17 – que incorporan este tema – serán parte de la revisión –. También la Unión Europea en su próxima Agenda Estratégica 2019/2024 se compromete a defender los derechos fundamentales y libertades ciudadanas firmados en sus tratados. Son debates incipientes sobre una realidad que necesita de respuestas.

La cooperación como herramienta para la democracia y el desarrollo sostenible

Muchos actores perciben el enorme potencial que tiene el fomento de procesos de empoderamiento ciudadano – especialmente de las mujeres y los jóvenes –, participación y diálogo político, protección, defensa y promoción de derechos en los entornos más hostiles, sensibilización y educación para la ciudadanía global, campañas de concienciación, estudios especializados, vigilancia ciudadana, fortalecimiento institucional de organizaciones, etc. En el último informe del sector de cooperación elaborado por Coordinadora se da cuenta de una realidad amplia de organizaciones con enorme capilaridad y presencia en la sociedad y en los países de intervención. Un sector que mueve 600 millones de euros, 8.000 profesionales y 20.000 voluntarios que trabajan en 105 países y cuya actividad beneficia a 35 millones de personas. A la luz de estos datos, ¿Cómo potenciar el trabajo de este sector social en su contribución al desarrollo sostenible y promoción del cambio global desde un entorno facilitador? ¿Y si – más allá del componente internacional – este entorno se aplicara también a otros sectores y actores estratégicos llamados a participar del Desarrollo Sostenible?

Para que esto ocurra se necesita una mayor visión y sensibilidad de los líderes políticos y responsables de la administración. Sin embargo, permanece una imagen burocratizada de las organizaciones – de gestores de subvenciones y de defensa de privilegios – que no consigue ver la necesidad y el potencial que hay en facilitar el papel de la sociedad civil. Pero para ello se necesita definir qué se está dispuesto a hacer en esta cuestión y con qué instrumentos y recursos. En los dos últimos exámenes de pares, el CAD le ha tirado de las orejas a los gobiernos de turno señalando la falta de una estrategia específica de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la burocratización que existe de la relación. Según el CAD, hay 14 países de la comunidad de donantes donde este tipo de estrategias están ya definidas. España está en el grupo de los 4 países con un compromiso de elaborarla en los próximos años dentro del V Plan Director.

AOD y Sociedad Civil Organizada
Hablar de entornos facilitadores y del papel de las organizaciones de cooperación significa también hablar de recursos. Según los últimos datos del CAD, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) gestionaban en 2017 un 15% del total de la AOD bilateral mundial por un valor de 20.000 millones de dólares. Además, movilizan recursos privados por el total de 42.000 millones de dólares, lo que supone el equivalente a un 30% de toda la ayuda bilateral de los países.

El propio CAD en su análisis y estadísticas diferencia dos tipos de roles para las OSC, uno como agentes de desarrollo de propio derecho con sus estrategias y acción institucional, y otro como implementadores de proyectos y programas dentro de la política oficial de cooperación.

A modo de evolución, mientras en el conjunto de los países CAD las ayudas a la sociedad civil se incrementaban en un 15% entre 2010 y 2017, en España ha habido un recorte del 40%. Además, la recuperación de los últimos dos años se ha centrado en los recursos destinados a ayuda a refugiados dentro de nuestras fronteras, generando una anomalía – puesto que para el conjunto de países CAD ésta es la última prioridad – y que supone un desvío de recursos de cooperación que deberían destinarse a luchar contra la pobreza y desigualdad en los países donde más se necesita.

Por último, llama la atención que la inmensa mayoría de ayudas en España se centren en acentuar el rol de las ONGD como implementadoras de acciones de desarrollo. Solo un irrisorio 0,2% de los recursos se destina a apoyar a la sociedad civil como actor específico de desarrollo, frente al 15% de la media de los países CAD.

Por tanto, y de cara a la próxima legislatura, tenemos la responsabilidad de generar, desde la coherencia de políticas y en el marco de la Agenda 2030, un entorno facilitador – con objetivos, roles, instrumentos, recursos definidos – que permita a la sociedad civil desarrollar su pleno potencial para ser palanca de impulso de la sostenibilidad y los derechos en los países de cooperación y en España. Como señala la declaración de Belgrado de este año “la sociedad civil está totalmente comprometida con el logro de los ODS. Sin embargo, nuestros esfuerzos serán en vano si no contamos con nuevas medidas y acciones a nivel local, nacional, regional y global para revertir las tendencias que están reduciendo y cerrando los espacios cívicos”.

Datos en España

Datos de los Países del CAD

Propuestas para avanzar en un entorno facilitador de la sociedad civil:

  • Definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil de cara a la implementación de la Agenda 2030, especialmente en su dimensión internacional de impulso de la sostenibilidad y lo derechos en el mundo.
  • Revisar el marco legal, normativo y de financiación buscando avanzar en eficacia y en generación de capacidades, innovación y alianzas de la sociedad civil.
  • Mejorar los mecanismos de participación en los consejos, consultas, participación en cumbres internacionales y acceso a información.
  • Hacer efectivo el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos.
  • Respectar los espacios de autogestión y participación de la ciudadanía, facilitar el acceso al espacio público para una actividad ciudadana diversa, cívica y pacífica.
  • Reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y establecer el carácter orgánico de la ley.
  • Regular los lobbies y los grupos de interés según estándares internacionales de tal forma que se establezcan reglas del juego justas y proporcionales para todos los actores.
  • Derogar la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana e implementar una legislación que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de toda la ciudadanía.

Por Graciela Rico y Carlos García Paret, Coordinadora de ONG para el Desarrollo. Artículo publicado en el Informe Realidad de la Ayuda 2019 de Oxfam.