La Coordinadora Andaluza de ONGD muestra su más firme rechazo y extrema preocupación ante los contenidos del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox por el perjuicio que van a causar estas medidas en el retroceso de derechos de un gran número de colectivos dentro y fuera de nuestra comunidad. Especialmente preocupante para el sector es el ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo.

La medida que la menciona más directamente es la 144, cuando habla de que “impulsarán las reformas necesarias para avanzar de manera progresiva en la reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.

Con la asunción de estas medidas, el PP Andaluz, que se marcaba cualquier límite para los acuerdos de investidura en el propio Estatuto de Autonomía, pasa por encima de nuestra norma fundamental, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma. 

La cooperación internacional es un proceso de amplio consenso político y social construido a lo largo de más de tres décadas en Andalucía, que forma parte de lo mejor de nuestra identidad andaluza y es un orgullo como expresión de la solidaridad de nuestro pueblo.

No solo está recogido en el Estatuto, sino que Andalucía cuenta con su propia Ley de Cooperación, así como sucesivos planes directores, el más reciente elaborado por el propio PP en el marco de su mayoría absoluta de la última legislatura. Había un compromiso en cumplir este plan y la Agenda 2030 en el programa electoral de los populares andaluces para el 17 de mayo. También, en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla hace un año, Juan Manuel Moreno defendió públicamente la importancia de la cooperación, del desarrollo sostenible y del compromiso entre territorios y pueblos. 

¿En qué momento estos principios y leyes dejaron de ser importantes para el Partido Popular para usarlos como moneda de cambio y mantenerse en el poder a costa de incluir en las instituciones a quienes defienden el odio?

Lo que está en juego: el impacto en millones de vidas

Según Naciones Unidas, 239 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente debido a conflictos y crisis climáticas. La cooperación internacional supone un soporte esencial para su supervivencia y dignidad; para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria, educación o protección básica. La interrupción o debilitamiento de estos programas tiene consecuencias inmediatas muy graves. Como ejemplo devastador, se calcula que el cierre de USAID implicará la pérdida de 22 millones de vidas hasta 2030.

En este sentido, es especialmente incoherente que el PP Andaluz, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se esté volcando desde la semana pasada en la atención a la población afectada por los terremotos de Venezuela, contando también con las ONGD, y hoy incurra en este despropósito. Más allá de las emergencias, los procesos de desarrollo apoyados desde Andalucía responden a la urgencia de respuesta que demanda el contexto internacional, en un momento en el que el planeta vive el periodo más violento desde la II Guerra Mundial: guerras, desplazamientos masivos, emergencia climática descontrolada y retrocesos graves en derechos humanos.

Igualmente peligroso es el filtro de “ideológico” que se asigna a tantas intervenciones por los derechos humanos en Andalucía y hoy se cuestionan en el Pacto. Desde la CAONGD vamos a seguir defendiendo la educación para la ciudadanía global, porque la cooperación no solo salva vidas: también educa en solidaridad, pensamiento crítico y convivencia democrática. En un tiempo lleno de desinformación, noticias falsas y discursos de odio, necesitamos más que nunca educar en empatía, derechos humanos y justicia global.

El precedente de 2019

Juan Manuel Moreno Bonilla no ha representado nunca un sector moderado dentro del Partido Popular. Muy al contrario, fue el primer presidente autonómico en abrir las puertas institucionalmente a la ultraderecha gracias al acuerdo con Vox que le permitió ser presidente en 2019. En aquel momento, estos le exigieron, como colofón de sus medidas, “trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos”. No fue una petición no atendida. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en 2018 en Ayuda Oficial al Desarrollo a reducirlos, con un presupuesto global mucho mayor, hasta los 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del total.

Por si había conseguido engañar a alguien, el acuerdo presentado ayer por la tarde junto a Vox justo antes de la votación para su investidura como presidente de la Junta de Andalucía lo deja claro: cuesta diferenciar a qué partido pertenecen los postulados antiderechos y negacionistas de una estrategia estatal que toma a las autonomías como rehenes en el camino hacia el poder.

Una deriva amplia de cuestionamiento de derechos

El cuestionamiento de la cooperación internacional no es un hecho aislado, es parte de una deriva más amplia que erosiona políticas públicas que garantizan derechos: desde la gestión migratoria basada en la dignidad hasta la igualdad de género, los derechos LGTBIQA+, la lucha contra el racismo, la protección social o el papel de la sociedad civil.

Por otra parte, se produce una difusión de mensajes que cuestionan la labor de las organizaciones sociales que es inaceptable. Estos discursos, que afectan también a las organizaciones de desarrollo, constituyen una grave desinformación que ataca directamente a un sector, sometido a rigurosa fiscalización y control de transparencia, cuya única finalidad es garantizar derechos y sostener la vida en contextos de extrema vulnerabilidad.

La universalidad de los derechos humanos no es negociable. El apoyo a quien más lo necesita no puede depender de su nacionalidad, de su lugar de nacimiento ni de su estatus administrativo. La humanidad no admite excepciones.

Este pacto podrá definir a un gobierno, pero no a un pueblo. No van a cambiar la identidad andaluza con una firma. Andalucía merecía otra cosa y, desde la CAONGD, seguiremos trabajando porque la humanidad ocupe la definición del sentido común en nuestra comunidad.

Como dice nuestro lema, “Andalucía por sí, para España y la humanidad”.