La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, reunida en la Asamblea General con la
participación de sus socias, adopta la siguiente resolución:
CONSIDERANDO QUE:
- La situación global de desigualdad y de crisis superpuestas nos apela a fortalecer la cooperación internacional para poder superarlas de forma sostenible. No estamos avanzando en el logro de los ODS. Los conflictos armados de larga duración y los efectos del cambio climático vienen incrementando las crisis humanitarias y las migraciones forzadas. Las personas que sufren los impactos del hambre superan los 800 millones, la desigualdad entre países y dentro de cada país se ha incrementado tras la pandemia COVID 19. Los mecanismos de cooperación se han fragilizado y la defensa de los derechos humanos se hace cada día más difícil en muchos contextos.
- La Ley de Cooperación para el Desarrollo Internacional y la Solidaridad Global, que entró en vigor el 21 de febrero de 2023, nos apremia a dar pasos en la reforma y el fortalecimiento de la Cooperación Española a todos sus niveles. Marca compromisos inexcusables, como el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo en el corto/medio plazo, aporta elementos transformadores como los enfoques feministas, ecologistas y de derechos humanos. Además, decreta el fortalecimiento institucional de la AECID y la adecuación de reglamentos esenciales como el de subvenciones o el Estatuto de las personas cooperantes.
- La Ley fue aprobada con mayoría aplastante de las Cortes Generales y con el consenso de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno en los diferentes ámbitos territoriales del Estado.
- En 2023 se producirán importantes citas electorales. La primera de ellas, el 28 de mayo con la celebración de las elecciones en más 8.000 municipios, doce comunidades autónomas y tres diputaciones forales. También, como consecuencia de las elecciones municipales serán renovados los representantes del resto de diputaciones provinciales y se acabarán definiendo los nuevos ayuntamientos y diputaciones.
- De estas instituciones autonómicas, forales y municipales parte uno de los elementos distintivos y más positivos de la cooperación española: la cooperación descentralizada. Caracterizada por el protagonismo de la sociedad civil organizada y por el papel clave de las ONG que, desde la horizontalidad y cercanía con las administraciones y de la mano de otros agentes de cambio en los países socios, impulsan proyectos y procesos de transformación que contribuye a un mundo más justo. La importancia (también cuantitativa) de la cooperación descentralizada ha sido vital para el fortalecimiento de un tejido social rico y vivo que aporta a la construcción de una política pública fuerte de solidaridad desde el ámbito local; una política que ayuda a la construcción de la solidaridad entre los pueblos.
- Una cooperación más fuerte y mejor estructurada favorece el desarrollo organizativo en nuestros pueblos y ciudades, fomenta la generación de redes y conductas más cooperativas, el sentimiento de responsabilidad global, la reducción de sentimientos de odio a quienes consideramos diferentes, el crecimiento del voluntariado, oportunidades laborales dignificadoras, etc.
- Las ONGD, por tanto, somos expresión de la sociedad civil organizada en torno a la cooperación, el desarrollo sostenible y la justicia global, con una importante capilaridad territorial. Como tal, somos parte esencial de la vida democrática y actores privilegiados para canalizar y promover la solidaridad ciudadana.
RECORDANDO QUE:
- La agenda internacional (Agenda 2030) exige el fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer posible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- La evolución de los fondos aportados por gobiernos autonómicos, forales, provinciales y municipales para cooperación permanecen aún muy lejos del compromiso de alcanzar el 0,7% de sus presupuestos. De hecho, la AOD descentralizada se encuentra actualmente en la mitad de lo que aportaba hace una década.
- Existe una gran disparidad entre los aportes de las comunidades autónomas a la cooperación internacional. Aun así, todas están aún muy por debajo del 0,7% y con una media del 0,12%. Algunas comunidades autónomas como la de Madrid o la Región de Murcia ni tan siquiera superan el 0,02% de su presupuesto.
- Existe también una gran disparidad entre los aportes de las diferentes diputaciones provinciales y/o forales, y los ayuntamientos. Algunos de ellos han alcanzado y mantienen sus compromisos de cooperación por encima del 0,7%, lo que demuestra que no es un imposible y depende de la voluntad política de los mismos.
- Existe un grave problema de burocratización, de falta de flexibilidad de las convocatorias a los contextos complejos de vulneración de derechos donde se coopera. Existe una falta de armonización en los procesos de concesión de fondos a los ejecutores de las intervenciones de cooperación. Todo ello que limita la eficacia de las ayudas. La nueva Ley abre la oportunidad a una modificación en la ley de subvenciones para que los futuros procesos de concesión y justificación de subvenciones recojan la especificidad de la cooperación. La Ley también hará más sencilla la publicación de convocatorias de cooperación a las administraciones públicas locales.
- La educación para la ciudadanía global (ECG) es una característica arraigada en la cooperación descentralizada que, al generar conciencia y pensamiento crítico con ánimo transformador, contribuye a hacer mejores nuestras sociedades. La ECG contribuye a impulsar una cultura de paz y convivencia, y una posición pública contra las narrativas que fomentan el odio, el racismo, el machismo y la vulneración de los derechos humanos.
De cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, solicitamos a los partidos políticos
y a sus candidaturas lo siguiente:
- Que los programas y compromisos electorales de los partidos que concurran a las elecciones se alineen con la Agenda 2030 y los compromisos previos adquiridos tanto en ámbitos locales como nacionales e internacionales.
- Que se alcance un pacto público entre los principales partidos políticos en las diferentes CCAA y municipios para fortalecer la cooperación para el desarrollo. Esto debe ser así tanto por lo establecido en la nueva Ley, como por las demandas de las organizaciones de la sociedad civil organizada, plural y diversa en cada territorio.
- Que los nuevos gobiernos constituidos establezcan presupuestos ambiciosos en materia de cooperación al desarrollo y sean de carácter progresivo, con el objetivo inexcusable de alcanzar el 0,7% de su presupuesto para estos fines antes de 2030.
- Que se reduzca la carga burocrática, mejorando y armonizando los procedimientos de solicitud, seguimiento y justificación de fondos públicos entre las diferentes administraciones. Deben aprovecharse las posibilidades que ofrece la Ley de Cooperación y los cambios que ha producido en la Ley de Subvenciones.
- Que se impulse la educación para la ciudadanía global, dotándola de instrumentos adecuados y fortaleciendo el rol de las ONGD en su planificación y desarrollo.
- Que se incida desde las administraciones para que los medios de comunicación públicos se hagan eco y prioricen el tratamiento de los retos globales a los que nos enfrentamos y visibilicen las intervenciones y esfuerzos de cooperación que se vienen desarrollando desde hace décadas.
- Que se avance en la coherencia de las otras políticas de competencia municipal y autonómica que inciden de forma directa en el desarrollo sostenible global. Por ejemplo: impulso del comercio justo, compra pública ética, finanzas éticas, y modelos de consumo responsable y sostenible, fiscalidad justa, suficiente y equitativa o la sostenibilidad ecológica. Es fundamental que las administraciones municipales y autonómicas de cierta dimensión puedan implantar un sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible global y asegurar la contribución y participación de las ONGD en su diseño, implantación y seguimiento.
- Que se impulsen acciones para mejorar la calidad de la participación de las ONGD en el ciclo de gestión de la política de desarrollo. Para ello, deberán habilitarse mecanismos de consulta y participación, mejorar los mecanismos de transparencia y proveer recursos y capacidades que faciliten la participación en los consejos de cooperación.
- Que se desarrollen instrumentos específicos de apoyo estructural a las ONGD y a sus plataformas de articulación, que garanticen su sostenibilidad, su formación interna, su participación en procesos de sensibilización y planificación estratégica, etc.
- Que se reconozca y proteja la diversidad y heterogeneidad de las ONGD (tanto por tamaño como por especialización) como valor a preservar para garantizar la representatividad, la calidad y la permeabilidad de las actuaciones de las organizaciones.
- Que se desarrollen los instrumentos adecuados para garantizar la no discriminación y preservar la riqueza que supone dicha diversidad.
- Que se mejoren y potencien los instrumentos de apoyo a las personas defensoras de derechos humanos y de fortalecimiento de la sociedad civil en el Sur global.
- Que se impulse el fomento de un voluntariado transformador como parte activa de una sociedad civil consciente y comprometida con el desarrollo sostenible.
- Que se apoye y promueva la formación y adaptación profesional de las personas que desarrollan su actividad en las ONGD, así como del personal de la Administración relacionada con el sector. Deben asegurarse niveles adecuados de trabajo decente y de desarrollo de carreras profesionales compatibles con los cuidados y la conciliación; debe lucharse activamente contra la precariedad y la discriminación laboral.
¡Es hora de cooperar!
