La mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en alimentación y energía debido a la inflación

Una reciente encuesta realizada por Oxfam Intermón revela que más de un 50% de la población en España está insatisfecha por su situación económica y ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos como la energía o la alimentación.

Estos datos, extraídos de la I Encuesta de Desigualdades Múltiples en España, señala la preocupación extendida sobre las brechas sociales en el país. Un aspecto positivo destacado por la encuesta es que el 63,7% de la población cree que estas desigualdades se pueden erradicar

"Estos resultados reflejan una conciencia generalizada sobre las desigualdades sociales en España y la esperanza de que se puedan abordar con compromiso. La desigualdad va más allá de las estadísticas y habla de los miedos y angustias de miles de hogares que no llegan a fin de mes, y de la lucha diaria de millones de personas por la salud, las oportunidades y la dignidad”, señala Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

La I Encuesta de Desigualdades Múltiples en España, realizada junto a la agencia de investigación 40dB, tiene como objetivo analizar la realidad de la desigualdad en España para entender quiénes la sufren más y cuáles son los ámbitos donde está más presente.

La desigualdad entre ricos y pobres es una de las más destacadas para la población, seguida de cerca por las disparidades entre personas migrantes en situación irregular y el resto de la población, así como por las diferencias en las condiciones de vida entre los barrios de las grandes ciudades.

En términos de bienestar económico y laboral, más de la mitad de la población no está satisfecha con su situación económica (54,4%), y el 42% no está contenta con su vida laboral. En ambos casos, las cifras son notablemente peores entre las mujeres (con más de 10 puntos de diferencia respecto a los hombres). También hay grandes diferencias dependiendo del nivel socioeconómico: a mayor nivel, mayor satisfacción con la situación financiera y laboral. Las personas racializadas manifiestan una insatisfacción entre 10 y 15 puntos superior a la media.

Estos datos son cruciales para entender que, pese a la mejora de los últimos años en las cifras de ocupación, la visión de la población sobre la calidad del empleo no es especialmente positiva (lo referido a su remuneración, jornada, seguridad, conciliación…). Además, 1 de cada 4 personas (el 27 %) asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna.

Renuncias y recortes

La encuesta también destaca las dificultades económicas que enfrentan muchas personas en España, desde gastos excesivos en vivienda hasta renuncias en salud. En el caso de los gastos asociados a vivienda, la mitad de las personas con hipoteca y más del 60 % de quienes viven de alquiler dedican más del 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda.

Las personas racializadas tienen que hacer, de media, mayores esfuerzos, y las personas jóvenes han tenido que retrasar o interrumpir el pago del alquiler algún mes en mayor medida que el resto de la población. A esto se suma que casi la mitad de la población (45,7 %) ha reducido sus gastos de electricidad, calefacción y agua debido a la inflación. Este recorte se ha producido con mayor intensidad en el caso de las mujeres y, especialmente, de las personas racializadas.

Además, en el último año, más del 40 % de la población ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo (dentista, gafas y/o audífonos, no acudir a fisioterapia o rehabilitación y no recibir tratamiento psicológico). Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra roza el 70 %. De media, las mujeres han afrontado mayores recortes, y las cifras aumentan aún más en el caso de las personas racializadas y aquellas con menor nivel socioeconómico.

El año pasado, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes significativos en la cesta de la compra, ropa y calzado, y ocio. Un 40 % asegura que ha tenido que comprar menos carne o pescado, y que no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana al año. Las mujeres y las personas racializadas presentan, de media, mayores tasas de renuncia y entre las personas con bajo nivel socioeconómico los recortes se disparan hasta 10 puntos por encima de la media de la población en este sentido.

“Las cifras muestran que la desigualdad no es sólo del rico frente al pobre es también también por ser migrantes, por ser mujeres. Unas condiciones que determinan de forma directa aspectos tan esenciales de nuestra vida como el acceso a vivienda, a salud, poder afrontar un gasto imprevisto o tener un empleo de calidad.” afirma Cortada.

¿Cómo atajamos las desigualdades?

Para abordar las desigualdades materiales, la población identifica la promoción del empleo de calidad (el 54,4% de las personas encuestadas lo mencionan) y el acceso a una vivienda digna (35,5%) como las medidas más efectivas. La sanidad y la educación públicas ocupan, muy de cerca, el tercer y cuarto lugar. Para mejorar sus oportunidades, casi la mitad de la población asegura que habría querido seguir estudiando (48,2 %). Sin embargo, la necesidad de trabajar para obtener ingresos y el coste económico de la educación fueron los principales motivos para dejarlo. Las responsabilidades familiares y de cuidados causan mayores renuncias entre las mujeres que entre los hombres.

Por otra parte, la mayoría de la población señala que los impuestos son esenciales para tener servicios públicos. Sin embargo, el 75,2 % no siente que el sistema fiscal esté repartiendo la riqueza de forma equitativa en nuestro país.

La capacidad de combatir la desigualdad recae tanto en actores públicos (Gobierno central, la Unión Europea, las comunidades autónomas y los ayuntamientos) como privadas (empresas, movimientos sociales y medios de comunicación). Ante estos desafíos, la mayoría de la población (82,1%) sigue apoyando la democracia como el mejor sistema posible. Pero muchas personas encuestadas (73,7%) sienten que los actores políticos no prestan suficiente atención a sus preocupaciones, lo que subraya la necesidad de una mayor participación ciudadana.

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