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Nicaragua: deterioro de la situación política y de derechos humanos en el país

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Nicaragua

El uso político del sistema judicial contra adversarios políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición, así como el no respeto de la separación de los poderes del Estado son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense bajo la Constitución y el Derecho Internacional.

Estas acciones socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE, y que no fue el resultado del diálogo entre el gobierno y la oposición. Asimismo, demuestran la escasa voluntad del gobierno de Nicaragua de buscar una salida pacífica a la grave crisis institucional y de los derechos humanos en la que se encuentra sumida el país desde abril de 2018, cuando el gobierno reprimió violentamente las protestas pacíficas contra su gestión.

A las más de 120 personas privadas de libertad de forma arbitraria y sin un debido proceso, se suma la detención ilegal y sin orden judicial durante este fin de semana de destacadas activistas feministas por los derechos de las mujeres como son Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyén Barahona.

Ante el deterioro constante de la situación política y de derechos humanos en el país, solicitamos al gobierno nicaragüense:

• La liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Pallais, Hugo Torres y Violeta Granera y todos los demás presos políticos, así como garantizar el respeto por sus derechos humanos y derechos civiles y políticos.
• Cumplir con las recomendaciones de la comunidad internacional para la celebración de unos comicios con plenas garantías de derechos humanos en un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente sin injerencias o coacciones por parte de las autoridades actualmente en el gobierno.
• La liberación inmediata y el respeto a la integridad física de Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyén Barahona.
• Derogar las leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros y otras “leyes mordaza” que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación pacífica y otros derechos fundamentales.
• Poner fin al hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales.
• Permitir la entrada de organismos internacionales y el retorno de los organismos nacionales de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la situación en el país.
• La liberación de las 125 personas privadas de libertad por el régimen (ver informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitido el 05.03.2021 que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• Eliminar el estado policial en el que vive Nicaragua, ejecutado por la policía en coordinación con paramilitares, que día a día mantienen asediadas en sus casas a más de 150 familias y en estado de zozobra a las comunidades donde habitan.
• La supervisión internacional de las elecciones, además de acometer con urgencia las reformas electorales pactadas.

Las autoridades nicaragüenses deben poner fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos, y deben garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país. Los organismos internacionales de derechos humanos deben estar autorizados para regresar a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por último, hacemos un llamamiento a la Unión Europea y especialmente al Gobierno de España para que condenen estas acciones que dificultan profundamente los procesos democráticos en Nicaragua, los espacios de participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y realicen toda la presión diplomática posible para que acaben las violaciones de derechos humanos en el país.

En concreto, pedimos al Gobierno de España:

• Supervisar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en el país;
• Facilitar la protección internacional de las personas defensoras de los derechos humanos que están siendo víctimas de esta persecución y hostigamiento;
• Revisar los acuerdos de asociación con el país en clave de derechos humanos para evitar legitimar las actuaciones de un gobierno que no tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones internacionales o su propia constitución política;
• No avalar un proceso electoral si no se dan las condiciones del levantamiento del estado policial, el regreso de las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos y demás condiciones necesarias para que sea un proceso con garantías.

Un comunicado de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo España.

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