
La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.
Alianza por el Clima es una plataforma de organizaciones sociales de ámbito estatal formada en 2015 e integrada, entre muchas otras, por las grandes organizaciones ecologistas (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), los sindicatos más representativos (CCOO, UGT), las organizaciones del ámbito agrario (Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), UPA, COAG), las ONG de Desarrollo (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, Oxfam Intermón, Caritas, ONGAWA, Manos Unidas, REDES-ONGD), Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fridays For Future (FFF)/Juventud por el Clima, Rebelión o Extinción (XR España), ECODES, ATTAC, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE), Asociación Española de Educación Ambiental, Marea Deliberativa, Mesa por el Clima de Granada, Movimiento Laudato Si, Salud por Derecho.
La plataforma sostiene que la crisis de vivienda, la precariedad laboral, el aumento de las desigualdades y la degradación ambiental están interrelacionados y requieren respuestas políticas conjuntas. En este sentido, defiende que el acceso a una vivienda digna, las condiciones laborales, la protección de los servicios públicos y la transición energética no pueden abordarse como problemas independientes.
Entre las principales propuestas del decálogo figuran ampliar el parque público de vivienda, combatir la pobreza energética, impulsar la rehabilitación de edificios sin provocar desplazamientos de población y promover ciudades más saludables, con transporte público accesible y espacios preparados frente a los efectos del cambio climático.
Asimismo, las organizaciones reclaman acelerar el abandono de los combustibles fósiles, reforzar las medidas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor, impulsar modelos alimentarios sostenibles y garantizar una transición industrial que proteja los derechos de las personas trabajadoras.
En el ámbito internacional, el documento plantea aumentar la financiación climática destinada al Sur Global y promover una fiscalidad progresiva que permita que quienes más contaminan y concentran recursos asuman una mayor responsabilidad en los costes de la transición ecológica.
Ante el próximo ciclo político, Alianza por el Clima insta a las candidaturas a asumir compromisos concretos y verificables en materia de derechos humanos y protección ambiental, y defiende que la transformación económica, energética y social debe situar el bienestar colectivo y la protección del planeta por encima de los intereses particulares.
Imagen: Nicaragua | CODESPA.