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Cuando, en plena pandemia, era más necesario apostar por unos presupuestos solidarios que reforzaran las políticas sociales de la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos vuelven a borrar la frontera que supuestamente les separa de la ultraderecha. Para la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD), las condiciones del acuerdo con Vox para la aprobación de las cuentas de la comunidad para 2021 les hacen cómplices de una forma de hacer política injusta y cargada de una ideología que se sustenta en el odio y la criminalización del “otro”.
El acuerdo no se basa en priorizar la atención a los sectores más afectados por la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19, gestionada en gran medida por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El nuevo presupuesto asume, entre otras medidas, el recorte de tres millones de euros a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para destinarlos al Banco de Alimentos incluido en el punto 18. Se trata de un capítulo más en el ataque sostenido a la política de cooperación descentralizada por parte de Vox, un ataque que ahora ha sido consentido por PP y Ciudadanos. Estamos, además, ante otra vuelta de tuerca al argumento miserable y torticero de enfrentar a “los de aquí” y “los de allí”. Es responsabilidad del Gobierno Andaluz discernir qué tipo de políticas requieren de mayor inversión pública: tanto en Andalucía como en los países con los que coopera la comunidad se han incrementado las situaciones de precariedad, y en ambos casos se requiere de más esfuerzo para combatir la pobreza; pero la solución no pasa por quitar a unos para reforzar a otros. Sí, más bien, por dejar claro si para Andalucía es prioritario combatir una crisis humanitaria o apoyar actividades taurinas o vinculadas a la caza.
Por tanto, esta medida no solo es injusta e insolidaria, sino que atenta directamente contra el Estatuto de Autonomía y la identidad andaluza. La leyenda “Andalucía por sí, para España y la Humanidad” queda vacía de contenido si se niega uno de los instrumentos fundamentales que tenemos para nuestra relación con el exterior, la cooperación internacional. No es posible eliminar la cooperación sin modificar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Por otra parte, implica una cortedad de miras por parte de los tres partidos que votarán a favor de las cuentas de la comunidad para 2021 que, más allá de no alcanzar a entender que la respuesta a una crisis global requiere de respuestas globales (también desde las administraciones autonómicas), parece no comprender siquiera el significado de la palabra pandemia.
Suprimir la política pública de cooperación internacional por la vía de la asfixia presupuestaria contraviene la legislación andaluza en esta materia: desde la ya mencionada inclusión en el Estatuto de Autonomía como uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma o su desarrollo en la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 a los compromisos de los que se dota el Gobierno Andaluz en la materia, reflejados en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023. Todo ello, reforzado por la apuesta de tomar como referencia para las políticas autonómicas la Agenda 2030.
¿Qué cifras implica la partida de cooperación internacional para 2021? Según el anteproyecto de Ley de Presupuestos, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) andaluza ascendía a poco más de 38 millones de euros, para un presupuesto total de 40.188 millones de euros. Es decir, un 0,09%. De hacerse efectivo el recorte de tres millones a la AACID, la AOD andaluza se quedaría en el 0,087% de las cuentas de la comunidad. Desde otra perspectiva, si a cada andaluz/a le corresponden unos 4770 euros de ese presupuesto, la inversión para cooperación internacional sería de 4,15 euros por habitante al año. Otras comunidades, como Cantabria, La Rioja, Baleares o la Comunidad Valenciana sí han aumentado su AOD en los presupuestos para el próximo año.
La solidaridad es un principio multidireccional: no es lógico reclamar, justamente, que Andalucía se beneficie de los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, apelando no solo a la solidaridad entre países, sino a un reparto equitativo entre comunidades dentro de España; y a la vez negar ese principio cuando es Andalucía la que, desde su política pública, debe por mandato y por justicia colaborar con países con sistemas de respuesta más precarios que se han visto afectados en mayor medida por la pandemia.
Otras medidas destinadas a implantar la ideología de Vox desde el Gobierno Andaluz
De las 65 medidas que finalmente incluye el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, nuevamente se imponen aquellas que atacan directamente a la diversidad y el trabajo por la igualdad. Los movimientos feministas, los colectivos LGTBI o los menores no acompañados residentes en Andalucía se ven señalados (cuando no directamente criminalizados) con medidas como el impulso del pin parental en los centros educativos o la imposición de medidas de seguridad o de control horario para los centros de acogida a estos menores. Especialmente significativas vuelven a ser las propuestas del acuerdo que parten de la negación del machismo y de la violencia de género (que ya han dado su resultado en la creación de la línea telefónica de atención a la violencia intrafamiliar, que se reforzará más con un incremento de 480.000 euros), como suprimir recursos económicos y humanos para redactar informes de impacto de género o destinar un millón y medio de euros a entidades que niegan derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Desde la CAONGD rechazamos especialmente estas medidas y la criminalización de los menores migrantes no acompañados. Entendemos la migración como un fenómeno consustancial al ser humano que nos define y enriquece. Sin ir más lejos, en el marco de esta pandemia hay un ejemplo esclarecedor: una de las vacunas que a día de hoy presenta más garantías para prevenir la COVID-19 nace del trabajo de descendientes de migrantes turcos en Alemania.
La opinión de la ultraderecha no representa ni de lejos a la mayoría de la ciudadanía, que es consciente del esfuerzo extra realizado por ONG durante este año para dar respuesta a situaciones a las que no llegaban las administraciones públicas. Así lo demuestra el resultado de la última encuesta del CIS, enfocada en la pandemia. Las ONG y asociaciones de ayuda son la institución que recibe una mejor valoración entre las personas encuestadas: más del 60% señala que ha mejorado su opinión sobre ellas ante su actuación frente a la crisis de la COVID-19. En el caso de las entidades socias de la CAONGD, su labor apoya la mejora de las condiciones de vida de más de 20 millones de personas cada año, según las cifras de 2018.
