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Ley de Cambio Climático: “No tener más ambición en este momento es un fraude para todo el mundo”

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El cambio climático está golpeando al planeta, especialmente a las poblaciones que viven en lugares más empobrecidos. Huracanes, inundaciones, sequías, desertificación; aumento de la pobreza, hambre y desigualdades; desplazamientos humanos… Las consecuencias son enormes. En 2030, unos 120 millones de personas sufrirán miseria extrema a causa del cambio climático. El pasado 20 de mayo, el Gobierno aprobaba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Anunciada a bombo y platillo, recibió los aplausos de amplios sectores, aunque también numerosas críticas. Una de las piezas ausentes en la Ley es la mirada internacional; así lo señalamos entonces. Conversamos con Miquel Carrillo, vocal de coherencia de políticas de La Coordinadora, quien critica la “inacción por parte de gobiernos de distinto signo político, tanto en España como en la mayoría de los países causantes de este desafío civilizatorio; (una inacción que) nos ha obligado a pasar del “cambio” a la “emergencia climática”, una denominación que se ajusta mejor a lo que enfrentamos”.

Pregunta. ¿Dónde se encuentra La Coordinadora frente a esta Ley: en el grupo de entusiastas o con la lupa crítica?
Respuesta. Celebramos que haya una ley así en nuestro país, aunque llegue muchos años después de las señales evidentes y científicas que demostraban la urgencia del momento. Reconocemos que estamos mejor con ella que sin ella, pero estamos obligadas a criticar su alcance limitado fruto, sin duda, de las presiones de sectores que no están comprometidos seriamente con una transición social, económica y tecnológica de calado. Una ley de este tipo exige un cambio general de visión y también la colaboración de todos los agentes involucrados. Como han dicho algunas organizaciones ecologistas, hace diez años seguramente la Ley nos habría parecido más que aceptable, pero hemos perdido una década o más negociando con actores cuyo único objetivo ha sido mantener sus cuotas de mercado y beneficios en lugar de hacer viable la transformación que necesitamos. Ante ese chantaje y bajo la óptica de la justicia global y del interés general que nos mueve, tenemos que exigir contundencia y no medias tintas, sea esto del agrado del IBEX 35 o no.

P. La Coordinadora ha criticado la ausencia de una dimensión global en la Ley; un enfoque crucial en un momento en el que el planeta sufre una situación climática de no retorno. Una vez aprobada la Ley, ¿qué posibilidades existen para asegurar ese enfoque?

R. Será importante implementar los mecanismos que aseguren la coherencia de políticas en una futura estrategia de desarrollo sostenible y de despliegue de la Agenda 2030. En la medida en que avancemos hacia una cultura de políticas públicas basada en metas claras, datos objetivos y en evaluaciones estratégicas ex-ante, conseguiremos encauzar la acción de nuestros gobiernos (a todos los niveles) y hacia el abordaje de la emergencia climática y otros tantos desafíos relativos a los bienes comunes. No podemos olvidar que esos bienes comunes tienen una dimensión internacional insoslayable; a partir de ahora cualquier legislación sustancial debe pensarse teniendo en mente los efectos que provoca en el resto del mundo. En un contexto de profunda globalización, el argumento de no poder asumir la extraterritorialidad por falta de recursos, no se aguanta más. De todas maneras, vamos a tener que extender el objeto de esas leyes más allá de nuestras fronteras por coherencia y por la propia eficacia que perseguimos con ellas.

Miquel Carrillo da un paso más y ahonda en la Ley de Cambio Climático: “¿Qué deberíamos buscar con la transición energética? No podemos esconder bajo alfombra de otros países modelos y soluciones económicas que queremos superar en nuestro país; no podemos olvidar que sus efectos nos perseguirán porque respiramos la misma atmósfera. Por tanto, los tratados de comercio con otras regiones del mundo deben estar guiados por los mismos principios que perseguimos en nuestro país. No es posible que las empresas con sede en el Estado español se descarbonicen y, sin embargo, deforesten selvas en otros lugares del mundo. La gran oportunidad de esta Ley es que podría haber obligado a incluir ese enfoque en nuestra acción exterior, más allá de los tratados internacionales que, hoy por hoy, no son legislación dura. Si seguimos dejándolo todo a la discrecionalidad y la buena voluntad de nuestras empresas y de otros gobiernos menos fiscalizados nos estamos haciendo trampas al solitario”.

P. El cambio climático y la transición energética tienen que ver mucho con nuestras formas de producción y consumo. ¿Qué está haciendo el Gobierno español en lo que se refiere al impacto de la actuación de las empresas españolas más allá de nuestras fronteras (expolio de recursos, contaminación, expulsión de comunidades de sus tierras, hostigamiento y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas)?

R. España siempre ha sido un país muy poco valiente para dar pasos innovadores en materia de protección de derechos humanos, y tengo la sensación de que no va serlo ahora si no nos empleamos a fondo para romper esa manera de hacer histórica. Delante tenemos el lobby energético, profundamente enraizado en las estructuras económicas y políticas del Estado -incluso predemocrático-. Como muchos autores y autoras han apuntado, este país no se entiende sin la simbiosis entre grupos económicos poderosísimos y las clases políticas nacionales, especialmente en el sector energético. Esas empresas, ese sistema, se ha globalizado, también con el apoyo público, rehén de su influencia o simplemente cooptado. Incluso la cooperación ha sido un vehículo para abrir mercados, en formas que han ido mutando y disminuyendo su intensidad, pero que ahí siguen. Esto lo vemos con la reforma de la Ley de cooperación y el interés para que en el futuro se sigan asegurando mecanismos que les permitan acceder a otros mercados, especialmente África. En un contexto de crisis económica, es obvio que dar la batalla de los derechos humanos y poner cortapisas a los grandes campeones nacionales de las infraestructuras, la alimentación o la energía en su expansión internacional va a ser complicado. Por eso es necesaria una ley de debida diligencia que debería aprobarse en esta legislatura, aprovechando los supuestos aires políticos favorables. Ahora, me temo que va a ser complicado: necesitamos mecanismos de vigilancia, capacidad de investigación, disposición al diálogo y escucha a quienes tienen información de primera mano sobre violaciones de derechos humanos. De momento, solo tenemos operaciones publicitarias y muchos pines de colores.

P. Las declaraciones del Gobierno en torno al cambio climático, los compromisos internacionales con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 son numerosos… ¿Qué ocurre para que estas palabras no se lleven realmente a la práctica?

R. Es una cultura política que no ha calado todavía en nuestro sistema político. Quizás tampoco lo haya hecho en ningún otro sistema, por lo menos en occidente, y se haya limitado a algún paraíso. De ahí la necesidad de leyes de obligado complimiento; la voluntariedad en este caso parece una broma de mal gusto. O un acto de complicidad con los poderes fácticos o de impotencia. Si miramos a la comunidad internacional, en realidad, lo que pasa es que nunca ha acabado de funcionar. Nunca se ha aceptado un sistema de gobernanza democrática en un mundo multipolar. El recurso de la fuerza siempre sigue encima de la mesa, pero ni siquiera se ha cambiado el Consejo de Seguridad. Sigue sin existir una autoridad en el mundo que aborde con suficiente poder real un problema que nos atañe a todos como el cambio climático y la inevitable transición energética que conlleva. Lo hemos visto con la pandemia, que ha sido como un pequeño ensayo de lo que afrontaremos a partir de ahora: ¿vamos a renunciar a patentes y a compartir conocimientos porque la OMS, el PNUMA o el PNUD nos lo digan? Volviendo a la Ley, mientras no exista ese paraguas, tenemos que cubrirnos con nuestras legislaciones nacionales, desde las que sí o sí hay que construir justicia global. No hacerlo es como repartir patentes de corso y esperar que no lleguen a nuestras playas los restos de los barcos asaltados en otras aguas.

P. La Coordinadora se ha sumado al litigio que Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón por el que demandaron al Gobierno por inactividad ante el cambio climático. Ahora, que la Ley está aprobada, ¿qué es lo que busca ese litigio?

R. Ese es un litigio estratégico. Por supuesto que ninguna de las organizaciones buscamos más resarcimiento que hacer recapacitar al Gobierno español y a quien ha negociado de manera tramposa al otro lado de la mesa, sobre el hecho de que no tener más ambición en este momento es un fraude para todo el mundo. España tiene que hacer sus deberes, estar por lo menos a la altura de la media de los países de la UE y, por su posición geográfica, potencia tecnológica y compromiso social, liderar el grupo de Estados que trabaje sin descanso por la transición energética. Hay que ser realistas, la transición tiene que ser justa, sobre todo con las personas más vulnerables que tienen que lidiar con una dependencia energética más difícilmente superable. También hay que ayudar al tejido empresarial, facilitar su adaptación, porque no se puede olvidar que este proceso es una auténtica mina para la producción de empleo en todo el país. Pero hay que tener unos objetivos urgentes que estén a la altura del enorme reto que enfrentamos. Ya hemos perdido demasiado tiempo negociando intereses de quienes se han sentado frente a los distintos gobiernos que han pasado por la mesa. El litigio también quiere crear consciencia en la sociedad española que debe implicarse a fondo, exigir un nuevo sistema energético, participativo y transparente, que dé forma a una sociedad más justa. Para nosotras y para el resto del mundo.

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