La Coordinadora Andaluza de ONGD denuncia el impacto sobre mujeres y niñas de la nefasta política migratoria de la Unión Europea

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La Coordinadora Andaluza de ONGD apoya y se suma a la huelga internacional del próximo 8 de marzo, día de la mujer, para visibilizar nuestra indignación ante las violencias machistas, la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, la desigualdad laboral, las discriminaciones en el acceso a los recursos económicos, sociales y medioambientales, y la invisibilización de los cuidados que, en su mayoría, realizan las mujeres en todo el mundo.

En un mundo globalizado donde el capital se mueve libre a su antojo, hombres y mujeres ven limitada su movilidad, condenados a una vida sin expectativas de futuro en sus países de origen o a arriesgar sus vidas para escapar. La Unión Europea no aborda las causas estructurales que provocan los desplazamientos, como son el expolio de los recursos naturales, el acaparamiento de tierra y agua o la imposición de políticas neoliberales que, para garantizar los intereses de las empresas transnacionales, condenan al sufrimiento y a la pobreza a las poblaciones del Sur. Y las mujeres y niñas siguen siendo las principales afectadas.

Por eso, como plataforma que reúne a organizaciones andaluzas que cooperan con grupos de población en casi 60 países del mundo, consideramos especialmente necesario visibilizar y apoyar la lucha social contra las políticas migratorias de la Unión Europea, que vulneran de manera flagrante no sólo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también la Carta de los Derechos Fundamentales de la propia UE. Esta vulneración se ha agravado aún más desde que en marzo de 2016 entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, un ataque al derecho de asilo que empuja a miles de personas refugiadas y migrantes a arriesgar sus vidas en travesías clandestinas aún más peligrosas, que han convertido el Mediterráneo en la ruta migratoria más letal del planeta.

En este sentido, la situación de las mujeres migrantes se ve agravada al verse expuestas a diferentes formas de violencias por su condición y posición de género. Una de estas formas de violencia es la captación por parte de redes de trata de personas en el origen o en el tránsito hacia Europa. Tras este abuso están las vulnerabilidades a las que se exponen al huir de la pobreza, del conflicto armado, del matrimonio forzado y de otras múltiples violencias. Al llegar a su destino, en muchas ocasiones siguen ligadas a esas situaciones debido a las deudas contraídas con las redes de trata que las esclavizan; en otras  ocasiones, al no ser reconocidas en la frontera como víctimas de trata o de otras formas de  violencia de género, son excluidas del apoyo psicológico y económico, así como de todas las demás garantías que la ley contempla. Ejemplos similares se observan también en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), donde las denuncias de falta equidad en el trato,la precariedad de las instalaciones básicas y atención médica deficiente hacia las mujeres hacen aún más patente la vulneración de sus derechos básicos.

La nefasta, inmoral, ilegal e inútil política migratoria de la UE ha dado un paso más al convertir la solidaridad y la defensa de los derechos humanos en un delito. Con ello intenta frenar la acción organizada a favor de las personas migrantes. Tras cuestionar el trabajo de los barcos de ONG de rescate en el Mediterráneo, una labor que algunas organizaciones empezaron a desarrollar ante el incremento de muertes y la inacción institucional, en las últimas semanas nos encontramos ante dos casos paradigmáticos que han llegado a los tribunales: el de Grecia contra los tres voluntarios andaluces de PROEMAID y el de Marruecos contra la activista almeriense Helena Maleno.

Desde Caminando Fronteras, Helena Maleno lleva años ayudando a salvar miles de vidas de personas que intentan cruzar el Mediterráneo y denunciando la explotación por parte de las mafias a partir de un sistema de alertas que traslada a Salvamento Marítimo. Su caso, denunciado por la policía española, fue llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo desestimó por falta de pruebas. Y es esta denuncia que no llega a puerto en España la que se traslada a Marruecos y la obliga a declarar en los tribunales de Tánger.

Es imprescindible continuar exigiendo una política migratoria basada en el respeto a los Derechos Humanos y la legalidad humanitaria internacional, que además incluya el enfoque de género como camino hacia la consecución de los derechos humanos desde la equidad.