Representantes de la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD) se han reunido en los últimos días con integrantes de los grupos parlamentarios andaluces de Ciudadanos, PSOE y Adelante Andalucía con el objetivo de trasladarles las reivindicaciones de las ONGD andaluzas en relación a los presupuestos de la comunidad autónoma para 2021. Esta interlocución habitual se carga en esta ocasión de una profunda preocupación ante la situación de esta política pública en Andalucía y su incapacidad para afrontar retos pendientes. La reunión con el grupo parlamentario del PP se celebrará en los próximos días. Igualmente, la CAONGD ha mantenido un encuentro con otros actores de la cooperación andaluza para analizar la situación.

La hoja de ruta está ahí y es un compromiso del que se dota el propio Gobierno Andaluz: se trata del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2020-2023, un documento aprobado en el último Consejo de Gobierno de 2019 y que marca los objetivos y prioridades de la cooperación internacional andaluza en el marco internacional que plantea la Agenda 2030.

La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la actual pandemia requiere dar respuesta, además, a situaciones de pobreza, desigualdad y vulneración de derechos humanos que se han visto agravadas en los últimos meses. Un escenario que ahonda la brecha de género: las mujeres asumen más carga de trabajo y cuidados, quedan más expuestas a la precariedad y la violencia y tienen menos voz en la toma de decisiones, como ha advertido esta semana Naciones Unidas al cumplirse 25 años de la Declaración de Beijing.

Urgen respuestas desde el ámbito local, pero con una visión global, como no puede ser de otra forma cuando el problema tiene una dimensión internacional y evidencia que no podemos encontrar una solución actuando solo en nuestro entorno. Y aquí es donde la cooperación para el desarrollo supone una herramienta imprescindible.

Según el marco presupuestario del PACODE 2020-2023, se prevé la “recuperación paulatina de las dotaciones presupuestarias para esta política pública, que permitan, a medio plazo, avanzar hacia el objetivo, no logrado con los Planes de Cooperación anteriores, de alcanzar el 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la Meta 17.2. de la Agenda 2030. En cualquier caso, el objetivo es que el presupuesto aumente al menos proporcionalmente a lo que lo haga el presupuesto de la Junta de Andalucía”.

En su primer año de vigencia, el Gobierno Andaluz ha convertido esta hoja de ruta en papel mojado. No solo no se ha reforzado esta política pública por la pandemia, sino que ha retrocedido en todas sus líneas. Poniendo como ejemplo la convocatoria a ONGD, este año su dotación se redujo a 15 millones de euros, lo que supone un recorte del 42% respecto a la convocatoria de 2019, que contó con 25.800.000 euros (tras sufrir un retroceso en aquel momento que rondó los ocho millones). El horizonte del 0,7% queda demasiado lejos cuando en 2020 apenas se alcanza el 0,05% de los presupuestos.

Cabe preguntarse por las prioridades sociales de un Gobierno que destina once millones de euros del Fondo de emergencia social y económica Covid-19, creado para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, a salvar a RTVA, mientras no da una respuesta suficiente a las políticas sociales que son de su competencia, incluyendo el grave recorte sufrido por la cooperación internacional.

Urge retomar el mandato de la recuperación de la cooperación internacional andaluza, tanto desde el punto de vista presupuestario como en otras cuestiones que integran las demandas trasladadas por la CAONGD a los grupos parlamentarios:

• Que la Junta de Andalucía mantenga su compromiso con la implementación de la Agenda 2030, como hoja de ruta para erradicar la pobreza y promover un desarrollo sostenible e igualitario.
• La creación de un mecanismo adecuado y ágil, dotado de recursos adicionales, para afrontar el impacto de la COVID-19 sobre las personas más necesitadas. Ya en 2017, la CAONGD propuso la creación de un Fondo de Emergencia andaluz, gestionado por la AACID, abierto a las ONGD andaluzas humanitarias y dotado de un presupuesto anual inicial de dos millones de euros. La situación actual pone en evidencia la gran necesidad para este mecanismo.
• La garantía de recursos adecuados para la cooperación para el desarrollo. La atención de emergencias como la derivada de la pandemia no debe descuidar el abordaje de los ejes transversales del desarrollo, especialmente la protección medioambiental, la promoción de la equidad de género y el enfoque de derechos.
• El reconocimiento de los agentes de cooperación andaluces y sus socias en otros países como agentes especializados en la intervención en entornos complejos y humanitarios con amplio bagaje en herramientas y experiencias en proyectos integrales y escenarios de crisis complejas.
• Consolidar la educación para la ciudadanía global y la comunicación para el cambio social como instrumentos imprescindibles para frenar la polarización de la sociedad y para enfrentar la desinformación y divulgación de noticias falsas, promoviendo una visión crítica que nos permita profundizar en las causas y combatir los discursos de odio, en aras de un mundo más solidario y justo.
• El fortalecimiento de  las capacidades y recursos de la cooperación para el desarrollo y la educación para la transformación social en Andalucía.
• Fortalecer el papel de coordinación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Contar con una normativa específica de subvenciones que recoja las características y necesidades de las intervenciones de cooperación y educación para la transformación social.
• Fomentar la diversidad y la localización en la respuesta a la COVID-19, apoyando y promoviendo la incorporación en la planificación de cooperación al desarrollo y educación para la transformación social de las necesidades y demandas planteadas por las socias locales, sin que esto suponga el abandono de las líneas de trabajo habituales.