274 millones de personas sufren el impacto de crisis humanitarias en 63 países, según el último informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria. Una cifra que no incluye a la población ucraniana y que, por tanto, en realidad es mucho más elevada.
Los fondos destinados a la asistencia humanitaria son claramente insuficientes: según Naciones Unidas, del total requerido (unos 46 mil millones de dólares), solo se ha cubierto el 23%. Mientras esto ocurre, las partidas mundiales para gastos militares superaron los dos billones en 2021.
España aumentará su presupuesto militar hasta el 2% del PIB en 2030 (lo que supone entre 25.000 y 30.000 millones de euros); a la asistencia humanitaria se destinan apenas 27 millones.
El Gobierno debe aprovechar la aprobación de la nueva Ley de Cooperación para garantizar que la asistencia humanitaria responde a los complejos desafíos que enfrentamos. Debe hacerlo también por coherencia con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible.
Las organizaciones humanitarias internacionales hemos dado la voz de alerta: millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre a niveles críticos en los próximos meses. A las graves consecuencias de la pandemia, se unen las causadas por la invasión rusa de Ucrania. La crisis energética, alimentaria y financiera está golpeando a millones de personas que ya vivían situaciones extremas. Según el último informe de la Escola Cultura de Pau, hay 32 conflictos armados; de los cuales, el 53% son de alta intensidad (un porcentaje que se produce por primera vez desde que se estudian); hay, además, 98 situaciones de tensión en el mundo.
La emergencia climática está provocando efectos devastadores en la vida de millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la imposibilidad de mantener condiciones básicas para una vida digna. El impacto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres y la infancia, que sufren con mayor rigor las consecuencias de estas situaciones.
A pesar de las múltiples alertas realizadas por las organizaciones humanitarias y de paz, no existe una respuesta mundial integral para dar solución a un contexto tan crítico. Esta falta de responsabilidad demuestra que, en lugar de apostar por la garantía de los derechos humanos y la protección de la vida, nos encaminamos a un mundo cada vez más hostil.
Es urgente garantizar políticas de prevención, de diálogo, de justicia climática, de economía justa y garantía plena de los derechos humanos. Debemos avanzar hacia sistemas prevengan las situaciones que abocan a millones de personas a la dependencia humanitaria. Debemos actuar antes para evitar las crisis, en lugar de después para paliarlas.
Ataques a quienes merece protección
En los últimos años, el ataque a centros de atención humanitaria, hospitales y refugios ha aumentado de manera progresiva. También han incrementado el número de ataques a personal humanitario. No podemos olvidar, como recuerdan las ONG, que el personal humanitario y la población civil no pueden ser nunca un objetivo porque, incluso en las guerras, existen reglas. El fomento de la llamada “diplomacia humanitaria” es esencial para garantizar que los actores implicados en los conflictos respeten el espacio humanitario.
Exigimos el respeto y la protección del trabajo de las organizaciones humanitarias, tanto internacionales como locales; su actividad debe ser reconocida como esencial en contextos de crisis. Su amplia trayectoria en situaciones muy complejas ha acreditado su profesionalidad y el impacto positivo de sus acciones. Asegurar ese trabajo exige mucho más que buena voluntad; es necesario garantizar la canalización de fondos a través de organizaciones con demostrada experiencia en crisis humanitarias.
Por ello, solicitamos a la UE, al Gobierno Español y a los actores humanitarios:
- Promover los marcos internacionales que garantizan el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
- Garantizar que las intervenciones se definen conforme los principios humanitarios.
- Dar prioridad a la diplomacia humanitaria para la solución de crisis y conflictos. Es necesario abogar por el diálogo, la seguridad humana y el multilateralismo.
- Coordinar la acción humanitaria con la garantía de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
- Asegurar que las iniciativas que contemplan la unión entre la acción humanitaria, la paz y el desarrollo, la resiliencia de las poblaciones y la agencia de las mujeres.
- Promover procesos de prevención, convivencia y cultura de paz, con el protagonismo de la sociedad civil, especialmente de las mujeres como dicta la Resolución 1325 de Naciones Unidas.
- Garantizar el enfoque feminista y los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Fortalecer el rol de los actores locales; otorgar mayor protagonismo a las organizaciones de los países en los que se trabaja y a las poblaciones afectadas.
Y en concreto, al Gobierno español:
- Ser coherente con el apoyo ciudadano a las actuaciones humanitarias. Los presupuestos generales del Estado para 2023 y la reforma del sistema de cooperación son una oportunidad para demostrarlo.
- Incrementar la asignación de la ayuda humanitaria al 10% de la AOD, con al menos 50% vía AECID.
- Asegurar que otras políticas (comercio de armas, control sobre la actuación de transnacionales, políticas migratorias…) no contribuyen a la generación o empeoramiento de crisis humanitarias. Apostar por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
- Reforzar el perfil institucional, las capacidades, recursos y equipo de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID.
- Reequilibrar la canalización de recursos entre el sistema de Naciones Unidas y otros (Movimiento de la Cruz Roja y ONG) con los instrumentos de financiación previsibles y flexibles.
- Promover un espacio de diálogo y de coordinación entre la acción humanitaria en el ámbito central y el descentralizado.
- Asegurar que la acción humanitaria es coherente con los compromisos internacionales adquiridos, en particular en lo relativo al apoyo de organizaciones locales, y en materia de eficacia, transparencia y rendición de cuentas.
- Dotar de los medios necesarios para que la sociedad conozca, se sensibilice y se involucre en los asuntos humanitarios.
- Fortalecer el programa de protección a personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente.
Llamamos a la ciudadanía a exigir a sus gobiernos que actúen con responsabilidad y prevengan las crisis humanitarias de todo tipo que minan las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. Hacemos un llamamiento también para que exijan una política de cooperación que reconozca el papel de las ONG internacionales y locales en la asistencia humanitaria. Y, por último, la ciudadanía debe recordar a los gobiernos (nacional y autonómico) que las personas que reciben el apoyo humanitario son ante todo sujetos de derechos y que, por lo tanto, deben ser protagonistas de las actuaciones que se lleven a cabo.
Comunicado conjunto de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
Foto: ACNUR.
