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Hacia otro modelo agrario

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A raíz de las movilizaciones del sector agrario Justicia Alimentaria muestra su apoyo y plantea la necesidad avanzar hacia un modelo agroalimentario basado en la justicia social y la sostenibilidad. La Real Academia Española define agonía como ‘angustia y congoja del moribundo’. Si buscamos su origen etimológico, nos encontramos con que agón es la palabra griega para ‘lucha’, ‘combate’. Es decir, la agonía es la lucha final del que está muriendo por la vida.

Las recientes manifestaciones de los sindicatos agrarios tienen mucho de agonía. La principal de sus reivindicaciones es la falta de rentabilidad agraria, y no les falta razón. De hecho, no hay ni una sola de las reivindicaciones que sean nuevas, llevan años reclamando lo mismo sin que apenas nadie les haya escuchado: precios justos. Si leemos los manifiestos y demandas de los sindicatos agrarios de hace 10 años, veremos que se parecen a los actuales como dos gotas de agua. La única diferencia es que nunca ha ocupado tanto espacio mediático como en estos días. Nos podemos preguntar el porqué y la respuesta, más allá del uso que pueda hacer la oposición político-mediática al Gobierno, tiene que ver con que hemos llegado, finalmente, a la encrucijada. Un parteaguas que lleva años anunciándose y que, finalmente, está aquí: la necesidad de cambiar el modelo agroalimentario español.
Empecemos por la rentabilidad económica de la producción agroganadera actual. Sus márgenes se han reducido año tras año y se debe a un aumento de los gastos y a un incremento, aunque menor, de los ingresos.

Pero ¿cuáles son los gastos del sector productivo convencional? El 80 % se va en fertilizantes, plaguicidas, agrotóxicos, combustibles fósiles, riego, farmacología veterinaria y piensos (y el 70 % de los componentes del pienso son importados, es decir, transporte internacional). Dicho de otro modo, la producción convencional de alimentos está enterrada hasta el cuello en el sector petroquímico y farmacológico. Esto explica dos cosas: la subida incesante de sus costes principales y, por tanto, su insostenibilidad económica, y también la insostenibilidad ambiental del sistema. Seguro que les suena esta frase: se trata de un modelo basado en el petróleo barato, modelo que llega a su fin.

Después de decenios de avisos, finalmente hemos entrado en una fase donde el cambio climático y las diversas urgencias ambientales son socialmente inasumibles. Se está iniciando una transición ecológica y la producción de alimentos no se puede quedar al margen, no es posible seguir basando nuestra producción alimentaria en la actual matriz energética y de materiales, no se pueden seguir externalizando los costes ambientales. Es necesario cambiar el modelo de producción de alimentos para basarlo en sistemas agroecológicos, diversificados y de temporada, menos demandantes de energías fósiles e industria petroquímica.

No obstante, hay un elemento trascendental que es necesario entender: entre un mundo que se hunde y otro que todavía no ha llegado, aparece un impás peligroso en el que la incomprensión mutua puede dar lugar a situaciones indeseables. La imprescindible y necesaria transición ecológica, hasta este momento, aparece en el horizonte de los agricultores y agricultoras como una auténtica amenaza porque supone un coste más a asumir.

Hay que entender esa vivencia agraria, empatizar con ella y corregirla. ¿Cómo? Elaborando un auténtico plan de reconversión agroganadera dentro de los programas de transición ecológica. Un paquete de medidas que tenga como objetivo apoyar y estimular un cambio de modelo productivo de alimentos, fijando objetivos y dotándolo de los recursos suficientes. Debemos exigir al sector productivo una manera distinta de obtener alimentos, más alineado con las urgencias ambientales, sociales o laborales; pero es obligación de la política pública ofrecer las herramientas que permitan esa transición.

Además de los derivados del petróleo y el comercio internacional, existe otro elemento de rentabilidad que se cuestiona socialmente y que corresponde a otro de los gastos más importantes en determinadas explotaciones agrarias: la mano de obra.

Se entienden las quejas de los sindicatos agrarios por la subida del salario mínimo, porque su situación es crítica a nivel económico y cualquier incremento en los costes supone un golpe durísimo a su cuenta de resultados y su viabilidad. Pero hay que entender, al mismo tiempo, que basar la rentabilidad en la explotación laboral no es admisible. De la misma manera que no se pueden externalizar los costes ambientales, tampoco los laborales. Dicho de otra manera: el reclutamiento y explotación de fuerza de trabajo inmigrante se ha convertido en la condición de posibilidad para la reproducción de un capitalismo alimentario que hace de la contención de los costes laborales uno de sus elementos básicos de competitividad. Casi una cuarta parte de la afiliación a la seguridad social del régimen especial agrario es de nacionalidad extranjera. En algunas zonas, como Huelva, Almería, Murcia o Albacete, ese porcentaje sube al 40 %. El caso de las mujeres migrantes todavía es más duro si cabe, ya que están sometidas a condiciones laborales durísimas y algunas han denunciado abusos. Además, se utilizan criterios de selección muy estrictos para que vuelvan a su país una vez terminado el contrato como por ejemplo: estar casadas y tener hijos en el país de origen, no estar embarazadas y tener menos de 45 años.
Y así volvemos al principio: la reivindicación de un precio justo para la gente que produce alimentos. Hemos visto la complejidad que se esconde debajo del incremento de los gastos.

¿Qué pasa con los ingresos?

El desequilibrio de poder dentro de la cadena alimentaria es monumental. Un pequeño grupo de corporaciones alimentarias y supermercados condicionan el tipo, cantidad y precio de todo lo que comemos. El sector productivo se dedica, solamente, a ejecutar esa producción. Apenas existe un sector agrario libre. Eso es una idea romántica y quimérica, irreal. La producción convencional está total y absolutamente integrada en una cadena agroalimentaria industrial y corporativa. Se trata de una proletarización productiva en toda regla. Claro que hay un desequilibrio de poder negociador en los precios, pero ese reequilibrio no será posible, realmente, a menos que la producción agroganadera apueste, de verdad, por otros sistemas de transformación y distribución.
A todo esto hay que añadir la vocación agroexportadora del sistema alimentario español. Nuestro sistema de producción de hortalizas, frutas, carnes y aceites está diseñado para la exportación, pero el mercado capitalista global no es un lugar amistoso, precisamente. Es una actividad altamente volátil y arriesgada desde el punto de vista puramente mercantil para el sector productivo de la materia prima alimentaria. Dedicar buena parte de nuestros sistemas agrarios a la agricultura de exportación ha sido y es un error histórico, especialmente para la parte más débil de la cadena global: la producción agraria familiar. Además del tema económico, la agroexportación conlleva otros efectos inasumibles a nivel ecológico y laboral; es decir, la alimentación kilométrica también es insostenible desde un punto de vista social, ambiental y económico.

La solución no es defender nuestras exportaciones y restringir las importaciones de otros, sino orientar la producción de alimentos a los mercados locales.
Entre los gastos y los ingresos están los márgenes de rentabilidad agraria. Desde la producción agrícola, se reclama mejorar ese margen, pero eso significa regular públicamente los precios del sector alimentario. Es decir, instaurar unos precios mínimos para quien produce alimentos y unos precios máximos para el consumo. La segunda parte de la frase es importante, porque no se trata de que la industria alimentaria y los supermercados simplemente trasladen ese mejor precio del campo al consumo. Las clases populares ya tienen serios problemas para adquirir una alimentación saludable, fresca, de temporada y de circuito corto (y no digamos ecológica), como para que, además, se le suba el precio.

Mientras tanto, existen cosas que la política pública puede hacer, cierto. En 2013, justamente por todas estas reclamaciones que ahora están en el foco mediático, se hizo un intento (fallido) de avanzar en ese reequilibrio. Se elaboró la Ley de la Cadena Alimentaria, que incluía unos contratos tipo entre quien vende y quien compra alimentos. La idea era mejora el poder negociador de la parte débil de la cadena, pero no se establecen precios mínimos obligatorios (ni tan siquiera orientativos). Esta discusión se parece mucho a la de la vivienda. En vez de regular, por ley, los precios máximos de venta o alquiler de una vivienda, llevamos años dando vueltas entre la inacción absoluta o el marcar precios orientativos voluntarios y de buena fe. Si realmente se quieren fijar precios mínimos justos y remunerativos para el sector productivo, se puede hacer. Y también se puede dotar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) —entidad surgida a partir de la mencionada ley— de una capacidad real de determinar esos precios y sancionar su incumplimiento.

Pero, además de intentar ese reequilibrio, hay otras cosas quizá más efectivas que las Administraciones públicas pueden hacer, y es poner en marcha todos los mecanismos públicos que permitan que los mercados locales sean una opción atractiva y mayoritaria para la producción agraria familiar. La compra pública local, los mercados municipales, la red de Mercas, centros de acopio y almacén alimentario públicos, los supermercados cooperativos, los mercados itinerantes, etc. Existen múltiples formas de apoyar una cadena alimentaria distinta a la que está asfixiando a la producción agraria. Hay que ayudarles a salir del pozo donde se encuentran, porque la producción sola no lo va a hacer, y para conseguirlo hay que plantear un nuevo modelo agroalimentario español, más justo, social, ambiental y económico que reconecte la producción a los mercados locales. Sin estos tres grandes elementos, no hay futuro. La encrucijada ya está aquí: o un sistema menos intenso en la utilización de energía fósiles, conectado a mercados locales y con agricultores/as en el campo, o un modelo que las grandes empresas del agro ya están impulsando y que está basado en la intensificación, la concentración, la tecnificación y en el que no hay agricultores en el campo, porque con ese coste las cuentas no le salen. Por ello, si se apuesta políticamente por un modelo sostenible y justo, todas las ayudas de la políticas como la PAC europea, han de ir encaminadas a subvencionar la transición y sostenimiento de modelos sostenibles pero basados en la agricultura familiar, y por supuesto, que otorgue a las mujeres un papel determinante.

Seguramente se prometerán medidas puntuales y coyunturales que actuarán como parches en la rueda. El problema es la rueda en sí y el vehículo e incluso la carretera. Cambiemos de modelo, ahora o nunca.

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