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El recorte a la cooperación en Andalucía limita el acceso al agua en Ecuador y a la salud en Burkina Faso

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(Artículo de Santiago F. Reviejo en público.es)

Decisiones tomadas en Sevilla por responsables del Gobierno andaluz tienen, como si fuera un efecto mariposa, consecuencias en la Amazonía ecuatoriana o en el corazón de África. Más de 150 proyectos de organizaciones para el desarrollo se quedaron en 2020 sin financiación de la Junta por falta de presupuesto, tras un recorte del 41% en las ayudas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional a unas entidades que trabajan en más de 20 países con necesidades prioritarias.

La Junta alegó que debía reducir la dotación de la cooperación internacional para hacer frente a la grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia en Andalucía, aunque ya en el acuerdo que en enero de 2019 firmaron PP, Ciudadanos y Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente se comprometieron a trabajar para dar “pasos decididos hacia una gestión nacional” de la ayuda al desarrollo, lo que supondría quitarle las competencias a la comunidad andaluza en una materia que ocupa un capítulo entero de su Estatuto de Autonomía.

Vox ha vuelto a arremeter contra la ayuda al desarrollo en la aprobación de los presupuestos andaluces de este año, que recogen su exigencia de reducir en tres millones de euros la dotación de la Agencia de Cooperación, un 13% menos de lo asignado inicialmente, para destinar ese dinero al Banco de Alimentos a fin de solucionar los “graves problemas de pobreza alimentaria” en la región. Eso no ha sido obstáculo, sin embargo, para aumentar las subvenciones a las escuelas taurinas o ampliar las medidas de seguridad en los centros de protección donde están acogidos menores migrantes, otras de las exigencias de la fuerza de ultraderecha para aprobar los presupuestos.

En el noreste de Ecuador, en una región con graves problemas de acceso al agua potable por los vertidos de las compañías petrolíferas que durante años han contaminado esteros, ríos y pozos, ya han notado los efectos de esas decisiones. El proyecto de la Fundación APY para dotar a una población indígena de 1.500 personas con tanques para abastecerse con agua de lluvia purificada fue uno de los más de 150 rechazados el año pasado por falta de dotación presupuestaria.

El proyecto, con un presupuesto de 300.000 euros, consistía en instalar unos 200 tanques con sistemas de potabilización, uno por familia, formar a sus integrantes en el mantenimiento y capacitar a la comunidad para adecuar las infraestructuras en el futuro. No era mucho dinero y hubiera permitido garantizar el acceso al agua potable en una zona devastada por las explotaciones petrolíferas, objeto de uno de los mayores litigios del mundo por contaminación que mantiene desde hace décadas la comunidad indígena contra las empresas responsables. Según la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, hay 64.000 millones de litros de agua tóxica en la zona por el uso de tecnologías obsoletas e inadecuadas de una explotación que ocupaba 500.000 hectáreas entre las regiones de Sucumbíos y Orellana.

“Ha sido inexplicable que no haya salido adelante este proyecto, porque era una intervención muy clara, muy directa, permitir el acceso seguro al agua, y más en un contexto de pandemia por la covid. Ha sido muy frustrante y nos hemos sentido profundamente decepcionados”, dice la coordinadora general de la Fundación APY, Libia Arenal.

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