El Observatorio de Desigualdad de Andalucía presenta su III Informe y alerta sobre la calidad de la participación democrática y el Estado social de derecho

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La globalización neoliberal, la crisis de ella derivada, y las políticas que se han venido implementando para revertir sus efectos han contribuido a acentuar la fractura social y las desigualdades ya existentes en Andalucía. Así lo ponen de manifiesto tanto el más clásico análisis de las desigualdades desde la perspectiva económica y las consideradas de carácter social, como la aproximación realizada en esta edición a la evolución experimentada por las desigualdades sobre participación democrática y Estado social de derecho.

El primer capítulo, “Las desigualdades económicas en Andalucía”, realizado por Mª del Carmen López Martín y Ricardo Molero Simarro, muestra que, a pesar de la reducción de la desigualdad hecha posible por impuestos y transferencias sociales, las políticas redistributivas son insuficientes para cerrar la brecha que Andalucía sufre respecto a España en la desigualdad de la renta y la pobreza monetaria. Esa desigualdad es sufrida especialmente por las mujeres, especialmente cuando se toma en consideración el reparto del trabajo no remunerado.

Con el título “Las desigualdades sociales en Andalucía”, Francisco Javier Jiménez y Manuel Garrido señalan que en todo proceso de desigualdad hay un denominador común: la utilización del poder en función de intereses particulares sobre el bien común. Y cuando ha sido necesario para ello someter a otras personas, se ha hecho, pero siempre bajo la cobertura de una visión del mundo que justifica y fundamenta dicho sometimiento. En este contexto, las políticas sociales, que buscan que las personas que se van descolgando del sistema vuelvan a incorporarse, siguen la misma lógica del sistema: dotar de instrumentos a las personas para que entren en la lógica de la meritocracia, del esfuerzo personal como valor fundamental, de la economía de mercado, del consumo, etc.

El capítulo tercero, lleva por nombre “Pobreza y exclusión política” y ha sido elaborado por Francisco Sánchez Díaz y Manuel Trujillo Carmona, quienes alertan sobre la creciente desigualdad económica que está teniendo un preocupante reflejo a nivel político en forma de abandono de los mecanismos de representación democrática por parte de amplios sectores sociales que, además de verse obligados a la precariedad vital, la pobreza material y la exclusión social, al mismo tiempo renuncian a la acción política. Esta deserción de la democracia se ha puesto de manifiesto en el reciente ciclo electoral, en el que los focos de pobreza de Andalucía han sido agujeros negros de participación.

Alejandra Ramírez González y José Antonio García Sáez, en el cuarto capítulo sobre “La precariedad laboral como una violación de derechos humanos: una invitación a repensar el derecho al trabajo y sus garantías”, evidencian que el derecho al trabajo es un derecho fundamental que carece de ciertas garantías que impiden su completa efectividad. Apelando al carácter fundamental del derecho al trabajo, es necesario, por lo tanto, que los operadores jurídicos agudicen los sentidos para detectar las deficiencias y pensar en formas de subsanación. Pero también, puesto que los derechos son siempre el fruto de las luchas sociales, no cabe dejar de hacer una apelación al papel de la sociedad civil organizada.

El Informe termina con un anexo estadístico, a cargo de María José Blázquez y Paloma López Lara, que no se limita a la evolución experimentada por algunos de los indicadores analizados en capítulos precedentes, sino que incluye información evolutiva sistematizada y sintética de todos los indicadores que son imprescindibles para llevar a cabo análisis pormenorizados de las desigualdades en Andalucía, observadas desde distintas perspectivas.

INFORME COMPLETO