Dos años y medio después del trabajo ciudadano, ¿qué hay de la Ley Audiovisual de Andalucía?

Opinión

A finales de 2013, la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía puso en marcha la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (la MOISA). Se trataba de un espacio de debate, abierto a diversos agentes, con el fin de recoger propuestas sobre el sector que fueran dando forma a la futura Ley Audiovisual de Andalucía.

Los meses previos habían sido de una actividad muy intensa para el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, plataforma en la que nos agrupamos más de 50 entidades y colectivos interesados en promover un modelo de comunicación más social desde un enfoque de derechos. A los foros provinciales les sucedió un encuentro andaluz en junio (que concluyó con la Declaración de Córdoba sobre el derecho a la comunicación) y el inicio de un plan de trabajo conjunto con interesantes propuestas de sensibilización y difusión, como la Guía de recomendaciones para ejercer nuestro derecho a la comunicación.

La constitución de la MOISA se presentaba como una oportunidad de incidencia fundamental para los objetivos del Foro. Por este motivo, solicitamos que nos incluyeran en la mesa de trabajo, en la que, a juzgar por una alta proporción de los actores invitados inicialmente por la Junta de Andalucía (el sector empresarial y operadores de radio, TV e infraestructuras audiovisuales), la mayor parte de las aportaciones iban a tener un sesgo más ligado al impulso industrial que de los derechos de la ciudadanía.

Fue un periodo de trabajo muy intenso y enriquecedor. Dada la variedad de organizaciones del Foro, cada una pudo desarrollar con más profundidad alguno de los aspectos que desde esta plataforma consideramos prioritarios en el marco de la regulación del sector audiovisual andaluz. En total, el Foro trasladó 101 propuestas , dirigidas especialmente a la regulación del derecho de acceso de la ciudadanía a los medios públicos, la promoción y reconocimiento de los medios comunitarios, el fomento de la alfabetización mediática y el impulso de la participación ciudadana en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Puede que este trabajo nos llevara 101 horas, o quizás más. Lo cierto es que el grupo de personas participantes en el debate, con conocimientos legales muy dispares, acabamos llamando cariñosamente a aquel parto comunitario La Bestia.

También se realizaron propuestas para que el sector audiovisual andaluz abordara la igualdad de género, la defensa de la infancia, la promoción de la diversidad cultural, el fomento del pluralismo o la garantía de acceso a los servicios audiovisuales de las personas con diversidad funcional. Todo ello con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información y comunicación por parte de la ciudadanía, derechos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

DERECHO DE ACCESO, MEDIOS COMUNITARIOS Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

Con respecto al derecho de acceso, ya reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Foro propuso que se establezca un plazo para que todos los medios públicos elaboren su reglamento de derecho de acceso, así como los principios generales que estos deben cumplir. Apostaba por su elaboración mediante un proceso participativo, que regulase 10 horas semanales en horario no residual. En casi 28 años de historia, la RTVA (por señalar sólo a la corporación autonómica) no ha dado muestras de tener intención real de abrir su parrilla y sus medios técnicos a la ciudadanía, como lo señala la Ley. Tampoco su programación ayuda especialmente a que exista una ciudadanía crítica.

En el apartado de medios comunitarios, el Foro defendió que funcionen como “instrumentos de participación ciudadana independientes de los poderes públicos, dedicados a actividades de la sociedad civil y al interés público, y abiertos a la participación plural de la comunidad a la que sirven en todas sus facetas: propiedad, gestión y elaboración de contenidos”.  Por otro lado, y de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, desde esta plataforma apuntamos que debe perseguirse el objetivo de que un tercio de cada banda de emisión, sea cual sea su tecnología, se destine a cada uno de tres tipos de operadores previstos en la legislación (privados comerciales, medios públicos y medios comunitarios), siempre que haya demanda de cada tipo de servicio. Se perseguirá también el objetivo de que el 66% de la población de cada provincia tenga acceso a estos servicios comunitarios.

Por último, las aportaciones en el apartado de alfabetización mediática proponían la inclusión de asignaturas en todos los niveles tanto para el fomento de la actitud de crítica constructiva con los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas e Internet, como de capacitación para la producción y difusión de mensajes en los medios, así como la realización de campañas de alfabetización en los medios de comunicación.

¿QUÉ HA PASADO DESDE ENTONCES?

Dos años y medio largos… y poco más. En este tiempo, Andalucía ha vivido un cambio (parcial) de gobierno, que nos sitúa ante una Junta poco interesada en que el borrador de la Ley que nos fue presentando a las entidades participantes en la MOISA (en el que se habían incorporado las aportaciones de los colectivos de manera desigual) se tramite y apruebe en el Parlamento.

Andalucía relega así su oportunidad de apostar decididamente por empoderar comunicativamente a la ciudadanía e introducir algo de luz a un periodo en el que en el panorama estatal se socavan a diario los derechos a la comunicación y a la información: estamos entreteniendo la espera con Leyes Mordaza; una Ley Audiovisual estatal que confina y asfixia a los medios comunitarios, entre otros aspectos; la persecución demencial de quienes osan expresarse por la tangente en redes sociales; y una casi nula formación de jóvenes y mayores para hacer frente a la desinformación, las mentiras o la posverdad, como queramos llamarlo, que se afanan en ejercer la mayoría de los medios con mayor ahínco cada día.

Apelamos desde aquí a la responsabilidad del Gobierno Andaluz para aprobar la Ley Audiovisual de Andalucía; y también a la de la oposición, los medios de comunicación y todos los colectivos ciudadanos para exigirla. Desde el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía asumimos la parte que nos toca, y esperamos estar contando este año que la espera tuvo sentido.

Maribel Roldán, por el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía.