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La CAONGD alerta sobre la creciente criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y la persecución a las personas defensoras de los DD.HH. en varios países del mundo

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dd.hh.
En el Día de los Derechos Humanos, las ONGD andaluzas destacan la situación de riesgo para activistas y cooperantes en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Palestina, así como los obstáculos crecientes por parte de las autoridades para que las entidades de estos países realicen su labor en las condiciones de seguridad e independencia necesarias.

Andalucía, 10 de diciembre. El trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realizan en diferentes territorios es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a servicios básicos de millones de personas en el mundo.

Para algunos gobiernos, estas organizaciones también son actores incómodos, testigos directos de las vulneraciones de derechos humanos, agentes de cambio en lugares donde las iniciativas estatales son deficientes. Durante el año 2021, desde la CAONGD observamos con especial preocupación la creciente persecución gubernamental hacia personas y colectivos que realizan esta labor en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia, así como en Palestina.

En Guatemala, una nueva y controvertida ley de Guatemala dirigida a las ONG “viola las normas internacionales de derechos humanos y podría criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general”, según han definido comités de expertos de la ONU y la OEA, que han expresado su alarma porque “los cambios introducidos por esta ley corren el riesgo de asfixiar el trabajo vital de la sociedad civil”, especialmente por “las disposiciones que otorgan al Gobierno un amplio margen para controlar a las ONGs, supervisar su financiación y, en algunas circunstancias, hasta disolverlas”.

En Nicaragua, la represión no ha cesado desde que se produjeran las protestas en 2018. En el país centroamericano se han celebrado recientemente elecciones presidenciales con varios líderes opositores encarcelados y cuyos resultados no son reconocidos por organismos internacionales como ONU, UE, OEA o CIDH. En este contexto, quince ONG han sido ilegalizadas el pasado verano —55 desde 2018 —, y decenas ven su labor amenazada por la arbitrariedad del gobierno de Daniel Ortega. Según datos del Registro Mesoamericano de agresiones contra mujeres defensoras de la IM-Defensoras, solo durante la primera quincena del mes de septiembre se cometieron al menos 165 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo violaciones sexuales, tratos crueles, privación de libertad, falta de atención médica y amenazas.

El Salvador vive un proceso de concentración de los poderes del Estado en la figura del presidente Nayib Bukele, con el control de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema. En este marco, se ha desarrollado el proyecto de ley de “agentes extranjeros” para que personas y organizaciones que reciben financiación desde el exterior del país paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas y que organizaciones salvadoreñas e internacionales califican como una vía para restringir la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente; así, ONU, CIDH, CPJ y SIP se han posicionado en contra. Coincidiendo con el debate social acerca de esta nueva ley, el 22 de noviembre fueron registradas por la policía salvadoreña las sedes de siete ONG, investigadas por presuntos delitos de carácter económico y financiero; allanamientos denunciados como un “atentado” que busca empañar el trabajo que realizan por la población salvadoreña y por los que la CIDH ha pedido al Gobierno de Nayib Bukele que “evite investigaciones injustificadas” y que “archive las causas insuficientemente fundamentadas”.

En Colombia, el Paro Nacional que se celebró en abril tuvo como respuesta del gobierno de Iván Duque la represión de las fuerzas policiales y militares hacia la población. En mayo, la Plataforma GRITA reportaba casi mil casos de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 personas asesinadas, 672 detenciones arbitrarias, 30 casos de disparos de armas de fuego y 4 víctimas de violencia sexual, entre otras acciones violentas. Desde el año 2016, en el que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, más de 400 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en Colombia, según ACNUDH.

La detención y encarcelamiento en Israel de la cooperante española Juana Ruiz, así como de otras trabajadoras de HWC, es un ejemplo de la persecución hacia las ONG que realizan su labor con la población de Palestina y que demuestra “la intención del Estado de Israel de acabar con el sector de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria en Palestina”, como denunciaba la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo el pasado mes de julio, que considera que “la represión busca criminalizar a las organizaciones que defienden los derechos humanos en el contexto de ocupación”, recordando los informes y denuncias en este sentido de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU.

Estos son algunos de los ejemplos que ilustran una estrategia de rechazo por parte de los gobiernos hacia el tejido asociativo de sus respectivos países. Sin embargo, observamos una tendencia global para desarticular su acción mediante otras vías, como la exclusión de los ámbitos de interlocución o la progresiva reducción de la financiación pública para los proyectos e iniciativas que desarrollan.

Por ello, ante las políticas gubernamentales de persecución, criminalización e invisibilización materializadas por diferentes vías hacia las personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos, el acceso a servicios básicos y la mejora de las condiciones de vida de millones de personas en situación de gran vulnerabilidad, las ONGD andaluzas reclamamos que las instituciones públicas involucradas en la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos activen los mecanismos para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar su labor en las condiciones necesarias de independencia y seguridad, así como su posicionamiento explícito contra la vulneración de estos derechos.

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