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Condenamos los asesinatos y masacres en Colombia

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  • Nos sumamos a la sociedad civil colombiana y ONG internacionales, y denunciamos la grave situación humanitaria que vive el país
  • En lo que va de año se han producido 43 masacres. En el mes de agosto fueron especialmente afectados jóvenes, niños y niñas.
  • El incremento exponencial de las violencias en el país exige la plena implementación del Acuerdo de Paz, la protección de las comunidades más vulnerables y sus territorios, y la garantía plena de los derechos humanos.

 

COMUNICADO de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. Nos sumamos a los comunicados emitidos por la Confederación Colombiana de ONG, la Oficina  Internacional  de  Derechos  Humanos  –  Acción Colombia  (OIDHACO) y por varias ONG internacionales en los que se denuncia la grave situación de derechos humanos en la que se encuentra Colombia. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses coincidiendo con la situación de pandemia, el número de asesinatos y masacres ha aumentado de forma exponencial. Las masacres han afectado sobre todo a la región del Pacífico; en concreto, las zonas rurales, territorios en los que la presencia civil del Estado es limitada o nula, “hecho que ha permitido que los grupos armados ilegales ejerzan control territorial, intimiden a la población civil y se lucren de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico” –tal como denuncia la OIDHACO–.

Denunciamos el grave deterioro de la situación humanitaria en todo el territorio, especialmente para quienes asumen liderazgos sociales, defienden los derechos humanos y apoyan el Acuerdo de Paz. Las cifras de asesinatos son alarmantes; también las de desplazamientos internos: entre enero y julio, 18 650 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

Puerta abierta para el despojo de los territorios

Tal como denuncia la OIDHACO, “las masacres se han usado históricamente para infundir el miedo en la población civil y facilitar el despojo y la apropiación de tierras”. La escasa implementación del Acuerdo de Paz es uno de los elementos clave en esta situación, especialmente en lo que se refiere a la Reforma Rural Integral; diversas organizaciones sociales denuncian que el Estado “está fomentando la militarización de los territorios en lugar de aportar soluciones a quienes más han sufrido y sufren la violencia”.

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia vuelve a caer en una situación de conflicto armado interno agudo con decenas de miles de víctimas civiles, en particular afrodescendientes, indígenas, menores de edad y mujeres.

Exigimos al Gobierno colombiano que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos, principalmente en las zonas rurales que están siendo las más afectadas por la violencia. Deben realizarse investigaciones independientes que esclarezcan los crímenes cometidos y condenen a sus responsables materiales e intelectuales.

Exhortamos al Gobierno y Estado colombianos a que cumplan su deber constitucional y las obligaciones internacionales sobre los derechos de niños y niñas; es urgente que se garantice la protección integral de jóvenes, adolescentes, niños y niñas.

La plena implementación del Acuerdo de Paz debe ser asegurada; así como las medidas que protegen a las poblaciones más vulnerables, a defensores y defensoras de derechos humanos y a quienes apoyan el proceso de paz.

El Gobierno español deben tomar cartas en el asunto y denunciar de manera firme la situación que vive el país y solicitar al Gobierno de Iván Duque que garantice los derechos humanos, la protección de las personas amenazadas, la implementación del Acuerdo de Paz y la investigación de los crímenes cometidos.

La Unión Europea y la comunidad internacional debe hacer su parte y exigir que acaben las amenazas, hostigamientos y asesinatos, y se consolide el proceso de paz.

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Después de tres años de retroceso de la política de cooperación internacional, todo apunta a que el Gobierno Andaluz volverá a recortar la Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022. Es un menosprecio a la experiencia y los buenos resultados de los agentes de la cooperación en Andalucía y, sobre todo, a la defensa de los derechos humanos vulnerados de la población de los países del Sur.


Exigimos al Gobierno Andaluz que cumpla el mandato del Estatuto de Autonomía y los compromisos del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, en el año de mayor crecimiento de las cuentas públicas y en un contexto de crisis global como el actual. Están en juego los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Está en juego la definición de la Andalucía que queremos ser.