El Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS), conformado por cerca de 30 ONG de la sociedad civil internacional con representación en El Salvador, frente a los impactos generados por la gestión y las estrategias gubernamentales desplegadas en respuesta a la pandemia del COVID-19, ante las embajadas de nuestros países y organismos internacionales expresamos:
El Salvador, al igual que la mayoría de países de la región centroamericana, se encuentra enfrentando la pandemia COVID-19 en un contexto con altos índices de pobreza, desigualdad y debilitados sistemas de salud pública, que exponen a la gran mayoría de la población a la vulneración de sus derechos humanos, especialmente en materia de salud y protección.
FOCIS hace una valoración positiva de las medidas de prevención establecidas por el Ejecutivo a partir del 14 de marzo, con un mensaje contundente de que en esta coyuntura es más importante preservar la salud y la vida que las ganancias económicas. Sin embargo, estas medidas dirigidas principalmente al aislamiento y restricción de todo tipo de actividad educativa, comercial, laboral, asistencia en salud (fuera de su labor para la prevención de la pandemia) y otras que se han denominado “medidas de aislamiento social”, han sido empañadas por gran número de violaciones de los derechos humanos, documentadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y diferentes organizaciones de la sociedad civil, especialmente la violación de derechos en centros de contención y hospitales, detención arbitraria de personas, así como también ataques contra medios de comunicación. Esto supone un irrespeto a la libertad de expresión, frente a cualquier crítica a las medidas del Gobierno, que en su estrategia ha establecido una dicotomía falsa entre la protección de la salud y la vida,
por un lado, y el respeto a los derechos humanos, por el otro.
Desde FOCIS lamentamos que la respuesta a la pandemia haya sido sobre todo coercitiva, a través de decretos ejecutivos que vulneran la Constitución y excluyendo del debate a diferentes sectores sociales y personas expertas que podrían sumar experiencia valiosa y/o presencia territorial para implementar las urgentes medidas de sensibilización, prevención y mitigación (academia, empresa privada, iglesias, organizaciones gremiales, sociales, entre otras).
A la luz de lo anterior hacemos las siguientes reflexiones:
– Las medidas de confinamiento no toman en cuenta las necesidades y la realidad socioeconómica de la mayoría de la población salvadoreña que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, subsiste del sector informal de la economía y cuenta con empleos precarios y economías agrícolas de subsistencia
que no aseguran sus necesidades básicas.
– Según datos de organizaciones feministas, desde la declaratoria del estado de excepción hubo un incremento de casos de violencia contra la mujer y además son las mujeres las que se han visto más impactadas ante la crisis, especialmente las que se dedican al comercio informal, servicios varios y otras actividades
no formales y que las excluyen de medidas de compensación como el subsidio de los $300 USD.
– Hay un abandono de la atención primaria en salud (APS), ya que la respuesta del gobierno está limitada a las medidas de aislamiento, y diluye lo que debería de ser una prioridad: la protección de los grupos vulnerables (personas adultas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas).
– Como FOCIS consideramos necesario para el país que se establezca el diálogo como herramienta democrática para gestionar los impactos de esta emergencia
para beneficio de toda la sociedad. Creemos que es posible, y además necesario, gestionar una respuesta coordinada ante la pandemia respetando los derechos
humanos, bajo la necesaria complementariedad de los tres poderes del estado, construyendo consensos y un sentido de unidad en la sociedad, teniendo en cuenta siempre el principio de la solidaridad con las comunidades que viven en situación de mayor vulnerabilidad.
– Ante la crisis actual, así como los escenarios futuros de fuerte recesión económica que ya plantean organismos como la CEPAL, es urgente la necesidad de construir Acuerdos de País de mediano y la rgo plazo, con la participación de los diversos poderes del Estado y la sociedad civil organizada. En este marco es importante tomar en cuenta el trabajo y aporte de organizaciones nacionales e internacionales, que quieren, pueden y demandan contribuir con la gestión de la crisis y la ruta hacia el desarrollo participativo, no dejando a nadie atrás.
Solicitamos a las representaciones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, así como sus sedes regionales:
• Que sean vigilantes y brinden protección a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y sociedad civil,
pronunciándose ante la violación de sus derechos humanos
• Que aboguen públicamente en los medios de comunicación locales, como también en sus contactos bilaterales con el gobierno, para que éste adopte una
actitud de diálogo propositivo y construcción de consensos con todos los sectores y que vuelva al respeto irrestricto de la división de poderes, del estado
democrático de derecho y de los derechos humanos.
• Que la comunidad internacional proponga y promueva un mecanismo de mediación y diálogo entre los poderes del Estado, con participación ciudadana,
que lleve a un Acuerdo de País para la gestión de la crisis sanitaria, política y económica que está causando la pandemia de COVID-19
San Salvador 28 de abril de 2020.
