La Coordinadora alerta de que esta agresión no puede entenderse al margen de los intereses económicos y estratégicos que la impulsan. La violación del derecho internacional se ha realizado desde una lógica de apropiación de recursos y control económico, especialmente sobre las reservas energéticas de Venezuela. Esta forma de actuación amenaza con instaurar formas de tutela y expolio propias de un protectorado económico incompatible con los principios de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible.

Venezuela atraviesa un prolongado deterioro democrático: las autoridades han limitado el espacio de la sociedad civil. Más de 20 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales. En este contexto, cerca de ocho millones de personas han salido del país. Nada de ello justifica la intervención armada ni una tutela externa de Estados Unidos sobre Venezuela. La única salida legítima y sostenible debe ser construida por los propios venezolanos y venezolanas, mediante mecanismos pacíficos y democráticos.

La ineludible defensa del multilateralismo 

La violación del derecho internacional no es un asunto técnico: es el cimiento que separa el orden multilateral de la ley del más fuerte. Cuando se desmantelan las reglas, se multiplican los autoritarismos, se estrecha el espacio cívico y se alimentan dinámicas de militarización, conflictos y expolio. La sociedad civil, los gobiernos democráticos y la comunidad internacional necesitan hoy más que nunca organizarse, cooperar y fortalecer el derecho internacional para sostener una agenda de paz, la democracia y los derechos humanos.

La Coordinadora advierte de que es urgente actuar con responsabilidad y respeto a la legalidad internacional como vía para encauzar las situación hacia un contexto coherente con la legalidad internacional, proteger a la población civil  y reforzar el diálogo democrático.

Insta a la comunidad internacional, el Gobierno de España y la Unión Europea a:

1. Que exijan a los Estados Unidos de América el cese inmediato de cualquier acción militar, amenaza o injerencia externa que vulnere la soberanía de Venezuela y los principios de la Carta de Naciones Unidas.
2. Que demanden la garantía del respeto al principio de soberanía permanente de Venezuela sobre sus recursos naturales, evitando cualquier forma de apropiación, control o tutela externa contraria al derecho internacional; debe asegurarse que su gestión responde exclusivamente a las decisiones soberanas del pueblo venezolano.
3. Que promuevan una resolución pacífica del conflicto, garantizando el respeto a los derechos humanos, la cobertura de las necesidades humanitarias existentes y la participación de la sociedad civil venezolana en la toma de decisiones de forma que se supere la crisis actual en el marco del respeto a la democracia y la legislación internacional.
4. Que defiendan una posición clara y activa en defensa de la legalidad internacional, promoviendo iniciativas diplomáticas y multilaterales que contribuyan a la desescalada de la actual situación, la rendición de cuentas y la construcción de paz.

Las organizaciones que quieran sumarse a este comunicado pueden hacerlo a través de este formulario.

ORGANIZACIONES QUE SE HAN SUMADO A ESTE COMUNICADO: 

Acción Solidaria Aragonesa (ASA)

Asociación pro derechos humanos de Melilla

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Centro Obrero de Formación- CODEF

Comunidad Vedruna Ceuta

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía

Comunidades Cristianas Populares Zaragoza

Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares

Coordinadora Extremeña de ONGD

Federación Aragonesa de Solidaridad

Grupo Intercultural Almáciga

Movimiento por la Paz-MPDL

Red Granadina por el Refugio y la Acogida (Redgra)

SOLdePAZ.Pachakuti