Votes a quien votes, vota solidaridad. Las elecciones del 23 de julio son una oportunidad para que los partidos políticos respondan con rigor a las múltiples crisis que afectan a la ciudadanía dentro y fuera de nuestro país.

La recién aprobada Ley de Cooperación, con un apoyo unánime, marca el camino: necesitamos propuestas  ambiciosas y responsables que pongan en el centro los derechos humanos y la protección del planeta.

El 2023 ha sido el año de dos grandes hitos para recordar. En febrero se aprobó por casi unanimidad la reforma de Ley de Cooperación y en julio los principales partidos políticos han firmado un documento con seis compromisos a cumplir en esta nueva legislatura.

Estas son las propuestas de la Red de Coordinadoras Autonómicas:

1.Más y mejor cooperación

AOD hacia 0,7% el presupuesto

-Establecer presupuestos ambiciosos en materia de cooperación al desarrollo, de carácter progresivo, con el objetivo inexcusable de alcanzar el 0,7% de su presupuesto para estos fines antes de 2030 en aquellas administraciones que se encuentren por debajo de este porcentaje.

-Elaborar planificaciones plurianuales que garanticen la coordinación entre diferentes niveles de la Administración pública y encaminadas a cumplir este objetivo.

Cumplimento de acuerdos previos

Concurrir a las elecciones y plantear programas de gobierno que se alineen con la Agenda 2030 y los compromisos –locales e internacionales– previamente adquiridos tanto en ámbitos locales como nacionales e internacionales.

Más educación para la ciudadanía global (ECG)

-Impulsar la educación para la ciudadanía global, dotándola de instrumentos adecuados y fortaleciendo el rol de las ONGD en su planificación.

-Orientar la acción en ECG en estos cinco ejes de acción: sensibilización, formación, investigación, movilización social e incidencia política.

-Fomentar el voluntariado transformador como parte activa de una sociedad civil consciente y comprometida con el desarrollo sostenible.

Más y mejor acción humanitaria

-En un contexto internacional en el que la cantidad y violencia de los desastres naturales aumenta cada año, donde persisten más de 30 conflictos armados, muchos de ellos olvidados, o donde la generación de mecanismos de resiliencia resulta una tarea cada vez más urgente, la acción humanitaria también ha de ser uno de los componentes destacados de la cooperación.

-Dotar a la acción humanitaria de recursos suficientes y mecanismos adecuados.

-Garantizar convocatorias periódicas destinadas a prevención, mitigación, reparación y/o reconstrucción para situaciones humanitarias, conocidas como acción humanitaria no de emergencia.

-Crear mecanismos de respuesta rápida, diferenciados de los fondos de acción humanitaria regulares. En todos los casos han de suponer fondos adicionales a los destinados dentro del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

-Priorizar la coordinación, de acuerdo con los criterios de Estambul sobre la Acción Humanitaria (2016), con las organizaciones locales en los países destino.

- Asegurar que los fondos de acción humanitaria no se desvían para la externalización de fronteras o para la atención de personas refugiadas, más allá de lo aceptado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

Alineación con la Ley/reforma estatal (aprovechar su empuje y no ser menos)

Alcanzar un pacto público entre los principales partidos políticos en las diferentes CCAA y municipios para fortalecer la cooperación para el desarrollo. Esto debe ser así tanto por lo establecido en la nueva Ley, como por las demandas de las organizaciones de la sociedad civil organizada, plural y diversa en cada territorio.

2. Mejor gestión y más convocatorias

Mejorar la calidad de la participación de las ONGD en el ciclo de gestión de la política de desarrollo. Para ello, deberán habilitarse mecanismos de consulta y participación, mejorar los mecanismos de transparencia y proveer recursos y capacidades que faciliten la participación en los consejos de cooperación.

Mejorar la planificación de las mismas adaptadas a la realidad de las intervenciones y las organizaciones.

Dotar a las diferentes administraciones de personal técnico formado y estable.

Reducir la carga burocrática, mejorando y armonizando los procedimientos de solicitud, seguimiento y justificación de fondos públicos entre las diferentes administraciones.

3. Mayor diálogo y participación

Espacios de participación y consulta

Garantizar la participación efectiva de las ONG en las políticas de cooperación y reconocer el papel de las coordinadoras autonómicas de ONGD como entidades representativas
del sector.

Medios para las ONGD y las coordinadoras autonómicas

-Garantizar una representación cualificada en los órganos de decisión como los consejosde cooperación.

-Asegurar una financiación suficiente para las coordinadoras autonómicas como entidades representativas.

-Desarrollar instrumentos específicos de apoyo estructural a las ONGD y a sus plataformas de articulación, que garanticen su sostenibilidad, su formación interna, su participación en procesos de sensibilización y planificación estratégica, etc.

4. Coherencia de políticas para el desarrollo sostenible

La acción de los gobiernos en ninguno de sus niveles administrativos puede ser cómplice de las violaciones de derechos humanos o perpetrar violaciones de derechos humanos.

Apostar por ejercer liderazgos positivos en la gobernanza de los asuntos globales, como el comercio de armas, las políticas de migración y refugio, la fiscalidad internacional, el papel de las empresas transnacionales, la política climática, etc.

Elaborar una estrategia de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en las CCAA, con indicadores claros y que incluya la acción de los gobiernos locales.

Establecer criterios de compra pública ética y consumo de los productos de comercio justo.

Impulsar una fiscalidad justa, suficiente y equitativa para generar los recursos que garanticen las políticas sociales necesarias.

Apoyar a las organizaciones de sociedad civil en países de destino para que ejerzan adecuadamente su papel de monitoreo, vigilancia, fiscalización e incidencia social para el cumplimiento de los derechos humanos.

Habilitar los canales necesarios para que las organizaciones de la sociedad civil y sus redes puedan ejercer la función de monitoreo, vigilancia, fiscalización y propositiva en las políticas autonómicas y locales para el avance en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible

5. Cooperación feminista

La nueva ley de cooperación para el desarrollo abre las puertas para que esta política
pública tenga un potencial transformador real. Mediante una mirada desde los feminismos, se podrá tener un impacto real en las vidas de las personas y conseguir mitigar los efectos de las crisis existentes para no dejar a nadie atrás.

Promover todo tipo de acciones encaminadas a erradicar todas las formas de violencias contra las mujeres, las personas LGTBIQA+, minorías étnicas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.

Apoyar a las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el Sur global, así como a las defensoras y defensores de derechos humanos, destinando el máximo posible del presupuesto para este fin.

Priorizar la defensa de los derechos y de la salud sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en los países socios.

Construir indicadores que evalúen cuantitativamente el empoderamiento de las mujeres y que se apoye a las organizaciones de mujeres que trabajan en la construcción de liderazgos feministas.

Votes a quien votes, vota solidaridad.