Justicia Alimentaria presenta «Mi primer veneno», un informe sobre las falacias de la alimentación infantil

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Justicia Alimentaria presenta el informe «Mi primer veneno: la gran estafa de la alimentación infantil», en el que se analizan las falacias de los productos procesados para bebés (0-3 años) y todo el entramado publicitario, de avales médicos, etiquetado confuso y reclamos nutricionales engañosos para respaldar que estos productos son una alternativa cómoda y saludable a la comida casera. La mayoría de estos productos son altamente procesados, tienen un escaso valor nutricional y algunos de ellos son claramente insanos, de mala calidad y están muy alejados de las bondades incuestionables de la alimentación casera.

La organización ha analizado los trucos publicitarios y del etiquetado y, sobre todo, se ha centrado en el lugar donde se compran y de quién reciben el aval, ya que estos productos se compran, básicamente, en supermercados y farmacias y reciben el aval de asociaciones pediátricas a pesar de ser productos poco saludables. Las principales fuentes de información que utilizan las familias para escoger los alimentos infantiles son: la recomendación pediátrica —que incluye la farmacia como gran punto de venta—, recomendaciones de personas cercanas, los anuncios de televisión y los reclamos en los propios supermercados. En las farmacias, por ejemplo, se compran la mitad de las leches de sustitución y una cuarta parte de los cereales (el 28 % del total). Según Ferran García, autor de la investigación: «Este hecho nos indica que la percepción “médica” de la alimentación infantil está muy extendida y no ha sido casual, sino que forma parte de un entramado de la industria para vender más bajo el falso paraguas de la salud». Además, añade que se consigue dar a entender que «si un potito se anuncia por televisión y además lo avala una asociación de pediatría, la opinión social es que debe ser verdad y saludable; en caso contrario, “alguien” lo prohibiría; nada más lejos de la realidad».

En el Estado español se facturan 500 millones de euros y se fabrican 60.000 toneladas de producto alimentario infantil dividido en tres grandes sectores: los derivados lácteos de sustitución, las harinas y cereales (las papillas) y los alimentos sólidos texturizados (los potitos). A estos hay que añadir: postres industriales, galletas, aperitivos, chocolates, etc. Se trata de la gama de productos con mayor crecimiento de ventas en los últimos años. Esto significa que cada familia gasta más de 300 € anuales por bebé en alimentación industrial y que consume, por poner un producto ejemplo, 94 potitos anuales.

Productos dirigidos a la infancia cargados de azúcar

El principal problema de este tipo de productos es que contienen altos niveles de azúcar. Tras analizar los productos de las principales marcas, se observa que las papillas contienen entre 21 y 23 gr de azúcares cada 100 gr de media. Esto significa que, si un bebé consume estas papillas durante unos 4 meses, ingerirá solamente por este producto casi 1,5 kg de azúcar. Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no dar azúcar ni sal a estas edades.

Otro aspecto analizado es que, a pesar de que la mayoría de estos productos contiene grandes cantidades de azúcar, no aparece en el etiquetado como tal. Esto es posible por el proceso de hidrólisis al que están sometidos los cereales y por el vacío legal al respecto. Aunque estos productos contienen un 20-30 % de azúcar fruto de este proceso industrial, no aparece como ingrediente y, además, se etiquetan como «0 % azúcares añadidos».

La prevalencia de enfermedades relacionadas con la alimentación procesada

Lo que se entiende actualmente por alimentación infantil se inventó en los años 20 del siglo pasado. Hasta entonces, no existía categoría alguna llamada «alimentación infantil» y la población menor de 3 o 4 años, una vez destetada, comía comida. Sin embargo, hoy en día, el primer problema de salud pública en el Estado español son las enfermedades relacionadas con la mala alimentación y algunas manifestaciones de esto, como el sobrepeso y la obesidad, tienen una prevalencia muy alta en la población infantil. Es por esto que el consumo de azúcar en edades tempranas ha llevado a que la OMS y múltiples Gobiernos europeos actuaran limitando (o recomendando su limitación en el caso de la OMS) la publicidad infantil de alimentos excesivamente azucarados o implementando un etiquetado claro. Aunque el Estado español está a la cabeza de los países con problemas de salud infantil derivados de la alimentación insana, se encuentra a la cola de los países que aplican medidas políticas efectivas para luchar contra ellos.

En este sentido, Justicia Alimentaria reclama a la Administración pública del Estado prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a la infancia, prohibir la propaganda y venta de estos productos alimentarios en centros médicos y farmacéuticos, regular el conflicto de intereses de las empresas en temas de salud y prohibir la participación de organizaciones que tengan conflictos de intereses entre sus objetivos privados y públicos en la toma de decisiones sobre la salud pública.