Honduras debe detener de inmediato la ejecución de más de 1.000 órdenes de desalojo dictadas contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras, en virtud de una nueva ley que protege las tierras agroindustriales frente a las reivindicaciones de tenencias históricas, han afirmado personas expertas independientes en derechos humanos nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«Una ley redactada sin haber realizado una sola consulta a las comunidades que se verán desplazadas no puede servir de base para desalojar a miles de familias,» afirmaron los expertos. «Estos desalojos son fáciles de ejecutar, pero casi imposibles de revertir.»
En virtud del Decreto n.º 107-2026, las tierras que estaban cultivando cooperativas y agricultores/as de subsistencia para producir alimentos se atribuyen, en la práctica, a actividades a gran escala de agroindustria, ganadería, energía y turismo y se dispone que no pueden ser revisadas en el marco de procesos de reforma agraria ni cuestionadas sobre la base de derechos ancestrales sobre la tierra. Según se ha informado, a 1 de julio ya se habían dictado más de 1.000 órdenes de desalojo contra miles de familias que residían desde hacía largo tiempo en esas tierras; algunas de estas órdenes ya se han ejecutado.
Los expertos expresaron que el decreto planteaba serias preocupaciones en relación con las obligaciones de Honduras en materia del derecho a la alimentación, ya que despojar a las comunidades de tierras esenciales para la producción de alimentos puede menoscabar su acceso a recursos productivos y vulnerar la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación.
«El 6 de julio, el Gobierno llevó a cabo un desalojo contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela (Atlántida), de un territorio ancestral que la Corte Interamericana ya habría reconocido como perteneciente a dicha comunidad,» afirmaron los expertos.
Cinco personas defensoras de los derechos humanos garífunas que fueron detenidas durante el desalojo y posteriormente puestas en libertad siguen enfrentándose a procesos penales por usurpación agravada.
El 6 de agosto, más de 40 familias campesinas fueron desalojadas de la comunidad de El Tulito, en Choluteca, en virtud del mismo decreto.
Las comunidades campesinas, según se informa, habrían sufrido actos de violencia en el marco disputas por la tierra, mientras que las personas que defienden los derechos humanos continúan enfrentando represalias por su labor legítima de promoción y protección de los mismos.
Honduras debe detener de inmediato nuevos desalojos y a consultar a las comunidades afectadas sobre todas las reclamaciones territoriales pendientes antes de proceder a cualquier otro desalojo, dijeron los expertos.
Exhortaron al Gobierno a llevar a cabo investigaciones rápidas sobre los actos de violencia ocurridos en San Juan y a aplicar íntegramente la sentencia de 2023 de la Corte Interamericana sobre el territorio ancestral de San Juan, así como todas las demás sentencias pendientes relativas a los derechos sobre la tierra en Honduras.
Los expertos urgieron a las empresas involucradas a implementar procesos sólidos de diligencia debida en materia de derechos humanos y a garantizar que las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos no se vean expuestas a riesgos indebidos, incluso mediante el uso indebido del derecho penal.
En una comunicación al Gobierno de Honduras donde los expertos plantearon estas preocupaciones, y requirieron a las autoridades a garantizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente y eficaz sobre el asesinato del 21 de mayo de 20 personasen Rigores, Colón, por parte de atacantes que presuntamente vestían uniformes policiales y militares, y velar por que las personas responsables rindan cuentas. Ocho víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que denunciaron la destrucción y confiscación de sus propiedades por parte de la policía días antes.
«No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se cierran deliberadamente todas las vías legales a través de las cuales una familia campesina, indígena o afrodescendiente de Honduras pueda impugnar el despojo», afirmaron los expertos.
El trabajo de denuncia de Entrepueblos
Entrepueblos, en colaboración con las comunidades y organizaciones hondureñas, denuncia activamente la situación que atraviesa este territorio. En un país atravesado históricamente por la concentración de la propiedad y por conflictos relacionados con proyectos turísticos, agroindustriales, energéticos y extractivos, convertir las disputas territoriales en procedimientos penales puede tener consecuencias que van mucho más allá de las personas procesadas.
Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH y una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos territoriales del pueblo garífuna, ha advertido precisamente sobre esa dimensión colectiva de la criminalización. Para Miranda, la ofensiva contra el pueblo garífuna no opera únicamente mediante las leyes y los procesos judiciales, sino también mediante la construcción de una narrativa racista y criminalizadora que presenta a las comunidades que defienden sus territorios como vinculadas al crimen organizado o como una amenaza.
Esa criminalización contrasta con décadas de trabajo de las comunidades garífunas por la protección de sus territorios, su cultura y sus formas de vida, y con las sucesivas sentencias internacionales que han reconocido la responsabilidad del Estado hondureño en la vulneración de sus derechos.
La judicialización de quienes encabezan la defensa comunitaria desgasta a las organizaciones, consume recursos, genera miedo y dificulta la movilización. El proceso penal se convierte así en una forma de presión e intimidación sobre comunidades enteras.
Diez años del asesinato de Berta Cáceres
Desde la Red EU-LAT y 39 organizaciones, de la que Entrepueblos forma parte, reaccionaron a la publicación del informe final de la GIEI sobre el caso de Berta Cáceres, firmando una carta pública en la que solicitan mayores garantías en las inversiones respaldadas por la UE para prevenir violaciones de derechos humanos.
Este informe subraya la preocupación recurrente por el uso ilícito e impune de recursos inicialmente destinados al desarrollo. En el contexto actual de creciente implementación de los proyectos de la Iniciativa Global Gateway, la estructura del poder económico no debe construirse a expensas de los derechos humanos.
Por lo tanto, la Red y las organizaciones firmantes instan a la UE a apoyar la implementación de las siguientes recomendaciones:
