En un movimiento sin precedentes, un bloque de 37 organizaciones humanitarias internacionales ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo israelí para frenar a la orden de cierre de sus operaciones de ayuda en el territorio palestino ocupado. La medida, impuesta por las autoridades israelíes en diciembre de 2025, establece el próximo 28 de febrero como fecha límite para que estas entidades abandonen su labor en Gaza y Cisjordania, lo que supondría el colapso de una infraestructura crítica que sostiene a millones de civiles.
El conflicto de los "listados nominales" y la neutralidad
El punto de ruptura de este "bloqueo jurídico" reside en la exigencia de Israel de que las ONG entreguen datos personales y de contacto (listados nominales) de miles de trabajadores locales. Las organizaciones sostienen que cumplir con esta demanda es legal y éticamente inaceptable:
Violación del RGPD: Para las organizaciones europeas, transferir estos datos a agencias de seguridad extranjeras sin supervisión judicial independiente constituye una infracción penal y administrativa bajo la legislación de la UE (precedente Schrems II).
Riesgo de seguridad: La entrega de datos expone al personal local a represalias y vulnera el principio de neutralidad humanitaria, convirtiendo a las ONG en instrumentos de recopilación de información para una de las partes del conflicto.
Capacidad de impacto: ¿Qué está en juego?
El cese de estas 37 organizaciones no es un trámite administrativo, sino una amenaza directa a la supervivencia de la población. De estas ONG depende:
Más del 50% de la asistencia alimentaria en Gaza.
El 60% de las operaciones de hospitales de campaña.
El 75% de la distribución de refugio y artículos de primera necesidad.
El 100% de los tratamientos para menores con desnutrición aguda severa.
Argumentos jurídicos y el IV Convenio de Ginebra
El recurso presentado argumenta que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación positiva (Artículos 55, 56 y 59 del IV Convenio de Ginebra) de garantizar el suministro de alimentos y medicinas. La petición subraya tres fallos fundamentales en la decisión israelí:
Falta de competencia: Según los Acuerdos de Oslo, la competencia para gestionar ONG en estos territorios corresponde a la Autoridad Palestina.
Falta de proporcionalidad: El beneficio de seguridad alegado por recolectar números de teléfono es insignificante frente al daño humano catastrófico de suspender la ayuda.
Irracionalidad: Las ONG han propuesto sistemas independientes de verificación de sanciones que han sido ignorados por las autoridades israelíes.
Escenario de incertidumbre
Si el Tribunal Supremo no concede las medidas cautelares antes del 28 de febrero, la asistencia humanitaria dejará de basarse en las necesidades para convertirse en algo "opcional, condicionado y politizado". Las organizaciones advierten que el bloqueo de visados y suministros ya ha comenzado de facto, anticipando un escenario de consecuencias humanas irreversibles.
Informe completo y entidades firmantes: El recurso ha sido apoyado por agencias como Save the Children, Christian Aid, Norwegian Refugee Council y Oxfam, entre otras 33 organizaciones que conforman la columna vertebral de la respuesta humanitaria en la región.
