Ante los acuerdos de gobierno de PP y Vox en Extremadura y Aragón, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (La Coordinadora) y la Red de Coordinadoras Autonómicas denuncian que estos pactos ponen en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad y advierten: los derechos humanos no son moneda de cambio.

La universalidad de los derechos humanos no es negociable. El apoyo a quien más lo necesita no puede depender de su nacionalidad, de su lugar de nacimiento ni de su estatus administrativo. La humanidad no admite excepciones. La Coordinadora no respaldará nunca medidas que excluyan o dejen sin protección a las personas.

Ambos acuerdos incorporan el criterio de “prioridad nacional”. Lejos de tratarse de un concepto neutro, introduce una lógica potencialmente excluyente. Este enfoque sugiere un preocupante cambio al pasar de universalidad de derechos al acceso condicionado por factores como el origen, la residencia o la pertenencia.

En el caso de Extremadura, el acuerdo reduce la cooperación internacional al llamado “mínimo legal”, pese a que la normativa estatal no establece un umbral jurídicamente exigible, más allá del objetivo del 0,7% de la RNB. En la práctica, esta ambigüedad permite un recorte sustancial. Además, la asignación de estas competencias a la Vicepresidencia, en manos de VOX, desata una enorme preocupación, debido a su manifiesta oposición a la cooperación internacional y a otras políticas orientadas a garantizar derechos.

Una deriva amplia de cuestionamiento de derechos

El cuestionamiento de la cooperación internacional no es un hecho aislado, es parte de una deriva más amplia que erosiona políticas públicas que garantizan derechos: desde la gestión migratoria basada en la dignidad hasta la igualdad de género, los derechos LGTBIQ+, la lucha contra el racismo, la protección social o el papel de la sociedad civil.

Por otra parte, se produce una difusión de mensajes que cuestionan la labor de las organizaciones sociales que es inaceptable. Estos discursos, que afectan también a las organizaciones de desarrollo, constituyen una grave desinformación que ataca directamente a un sector cuya única finalidad es garantizar derechos y sostener la vida en contextos de extrema vulnerabilidad.

En este contexto, los acuerdos Extremadura y Aragón evidencian un patrón político preocupante: convertir la cooperación internacional en moneda de cambio para acceder al gobierno. Este enfoque no solo debilita compromisos fundamentales. Tradicionalmente, el PP ha respaldado la política de cooperación internacional en consonancia con una base social que reconoce el valor de la solidaridad. Sin embargo, la orientación que se desprende de estos pactos marca cierta distancia respecto a esta trayectoria, y plantea interrogantes sobre el respeto del marco legal establecido por los derechos humanos. Además, establece, un precedente inquietante para una fuerza política que aspira a gobernar el conjunto del Estado.

Lo que está en juego: el impacto en millones de vidas

Según Naciones Unidas, 239 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente debido a conflictos y crisis climáticas. La cooperación internacional supone un soporte esencial para su supervivencia y dignidad; para acceder a alimentos, agua, atención sanitaria, educación o protección básica. La interrupción o debilitamiento de estos programas tiene consecuencias inmediatas muy graves. Como ejemplo devastador, se calcula que el cierre de USAID implicará la pérdida de 22 millones de vidas hasta 2030.

La cooperación sólo puede entenderse como una inversión de alto valor social y político: en vidas salvadas, en estabilidad, en construcción de paz y en garantía de derechos fundamentales. Así lo demuestra el Informe del Sector de las ONGD en España 2025: más de 58,4 millones de personas en 100 países reciben apoyo directo de más de 4.300 proyectos de organizaciones españolas de cooperación internacional. Estas cifras dan cuenta de la magnitud del sistema y de su enorme impacto en contextos de alta vulnerabilidad.

Así lo entiende la ciudadanía que ofrece a la cooperación un respaldo amplio y sostenido, que aporta legitimidad social al mandato normativo de la Ley 1/2023 de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Más de 2,6 millones de personas en España apoyan activamente a las organizaciones de desarrollo, y cerca de 18.000 personas voluntarias participan en su labor, un signo más de la solidaridad ciudadana. Según el CIS, el 76,8% de la población considera que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a los países menos desarrollados, incluso si ello implica un coste económico.

Responsabilidad institucional

España se inscribe en una larga tradición humanista y de solidaridad que se consolidó con la Ley de Cooperación de 1998, impulsada por un gobierno del Partido Popular, y la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global de 2023, ambas aprobadas con amplio consenso parlamentario, incluido el PP. Un apoyo institucional consolidado que se reafirmó en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en 2025. Este firme respaldo convierte a la cooperación en una política de Estado.

Ante ello, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo hace un llamamiento urgente:

A los partidos políticos y, en particular, al PP: a rechazar de forma explícita la utilización de la cooperación internacional como moneda de cambio en la negociación política, y a defender el marco normativo basado en derechos humanos que contribuyó a construir de forma activa. A los gobiernos estatal, autonómicos y locales: a garantizar la continuidad y la integridad de las políticas de cooperación, defendiendo el sistema de cooperación, consolidando el marco legal vigente y asegurando una senda creíble y sostenida hacia el 0,7 % de la RNB como Ayuda Oficial al Desarrollo.

A la sociedad civil: a trabajar de forma colectiva en la defensa de los derechos humanos, de las políticas de cooperación internacional y otras de protección de derechos, y del espacio cívico como reflejo de los valores democráticos y de solidaridad de nuestras sociedades.

A la ciudadanía: a no aceptar discursos de repliegue y a defender la cooperación internacional como una inversión en seguridad humana, paz y derechos. A reconocer que las políticas migratorias, de igualdad, diversidad y protección social forman parte de un mismo compromiso democrático con la dignidad humana, sin distinción de origen.

La Coordinadora apoya las iniciativas de las coordinadoras autonómicas en defensa de la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos en los gobiernos locales y autonómicos. Reitera su compromiso en la defensa de un mundo justo, sostenible y en paz de la mano de sus organizaciones.