En un contexto mundial con el mayor número de conflictos (56) desde la Segunda Guerra Mundial y un desprecio flagrante del Derecho Internacional Humanitario, el trabajo de los y las cooperantes, de la mano de organizaciones de los países que sufren tales conflictos, es fundamental para contribuir a la garantía de los derechos humanos y la paz. A pesar de su papel en la defensa de los derechos humanos, cooperantes y organizaciones sociales son perseguidas en distintos lugares del planeta, lo que pone en riesgo su labor y, por tanto, su capacidad de denunciar y actuar contra las violaciones de derechos que enfrenta la población. 

En lo que va de año, 265 personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas; 173 de ellas en Palestina. Nunca antes se habían alcanzado tales cifras. Es urgente garantizar los marcos legales que protegen su trabajo y, sobre todo, asegurar fondos públicos suficientes para una política pública determinante en este momento. El contexto general de recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo debe revertirse de manera inmediata.

Las cifras son escalofriantes. Según datos de Naciones Unidas, más de 300 millones de personas necesitan asistencia humanitaria debido a conflictos y al impacto de la emergencia climática. Como consecuencia de ello, más de 120 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, más de la mitad de ellas son mujeres y niñas que enfrentan mayores riesgos y, al mismo tiempo, son clave para la construcción de paz. La ONU denuncia que actualmente alrededor de 473 millones de niños y niñas, más de uno de cada seis en todo el mundo, viven en zonas de conflicto.

En tal contexto, cuando más se necesitan las políticas en defensa de los derechos humanos, la paz y la cooperación para el desarrollo más se están reduciendo. Según el último informe del CAD sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), por primera vez, desde 2017 los fondos globales descienden más de un 7%. La AOD española, a pesar de un ligero aumento, continúa lejos de sus compromisos: con un 0,25% de la RNB destinada a esta política pública, sigue muy por debajo de la media europea (0,47%) y apartada de la senda marcada por la Ley de Cooperación que establece el 0,7% para 2030. Los compromisos mostrados por el Gobierno en la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla el pasado mes de junio, deben materializarse de forma inmediata. La cooperación descentralizada también se encuentra en niveles preocupantes que deberían revertirse. 

Un trabajo en defensa de los derechos humanos y la paz 

En esta situación mundial, el trabajo que realizan las organizaciones de los países con el apoyo de la cooperación internacional y cooperantes es esencial para facilitar el acceso a la ayuda humanitaria y contribuir a la cohesión social, la protección de la población civil y la garantía de derechos.

El trabajo de las personas cooperantes en países que sufren graves conflictos, como Sudán del Sur, Ucrania, Siria, Yemen, Palestina, la región del Sahel o Centroamérica, es fundamental. La cooperación para el desarrollo fortalece la prevención de conflictos, contribuye a la reparación del tejido social, promueve una paz duradera a través de la participación, la justicia, la cohesión social y la protección de derechos. 

Una labor que también es muy relevante en lugares en los que se requiere un acompañamiento en el refuerzo de políticas públicas que garanticen la salud, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación, la calidad democrática o la acción ante la emergencia climática.

Presencia en 100 países y restricciones crecientes 

Según el último informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas (58% hombres, 42% mujeres) desarrollan su trabajo como cooperantes en las organizaciones socias de La Coordinadora. Su labor se extiende por 100 países en los que trabajan con 47 millones de personas. 

En el caso de las ONGD andaluzas, el último informe publicado por la CAONGD recoge que personal expatriado ascendía a un total de 273 personas en 2023 (un 59,6% más que en 2022); de ellas, el 58,6% eran mujeres.

Los países en conflicto, pero también otros muchos, están imponiendo leyes que limitan y persiguen la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Países como Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Hungría o Kenia cuentan con leyes que limitan el trabajo de las ONG internacionales que trabajan con organizaciones locales en defensa de procesos de paz, democracia, protección de los territorios y los bienes comunes, de la igualdad de género y la garantía general de derechos. El caso de las restricciones impuestas por Israel en el trabajo que se realiza en Palestina es uno de los más severos en este momento. 

Condiciones laborales específicas para un trabajo exigente

La aprobación, hace algo más de un año, del Estatuto de las personas cooperantes es un paso importante hacia el reconocimiento y la mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en el exterior. Su implementación debe garantizarse sin que el peso económico recaiga sobre organizaciones que, en un contexto de recorte importante de la Ayuda Oficial al Desarrollo, están debilitadas financieramente. Asegurar los recursos públicos necesarios para su aplicación efectiva es clave para avanzar hacia una cooperación internacional que responda de forma efectiva a los enormes retos que el contexto internacional impone.

FOTO: Fran Carrasco - Médicos del Mundo