Cusco enfrenta una de las cifras más altas de violencia contra mujeres y adolescentes en el país. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2023), el 80,6% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Esta realidad golpea con fuerza a las adolescentes: el 72% de las víctimas en Cusco pertenece a este grupo, muchas de ellas expuestas a violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y falta de atención psicológica. A pesar de los esfuerzos del Estado, aún persisten grandes brechas: un 34% de adolescentes víctimas de violencia sexual no recibe ningún tipo de atención, y el 45% no accede a apoyo emocional (Joining Forces Perú, 2024).

Frente a esta situación, la FSU y el Centro Guaman Poma de Ayala unen esfuerzos para poner en marcha un nuevo proyecto que busca transformar la prevención y atención de la violencia de género en los distritos de Cusco, Santiago y Poroy (esta última con una intervención paralela financiada por el Ayuntamiento de Montilla). La iniciativa se basa en una alianza de casi 30 años entre ambas organizaciones, caracterizada por el trabajo conjunto con municipalidades, escuelas y comunidades, y por su compromiso con la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Un proyecto que articula Estado, escuela y comunidad

Con financiación de la Diputación de Córdoba y 6 ayuntamientos del sur de la provincia (Montilla, Montemayor, Moriles, Santaella, Nueva Carteya y La Rambla), la iniciativa fortalecerá la respuesta institucional, comunitaria y educativa para prevenir y atender la violencia de género en los distritos de Cusco, Santiago y Poroy, con unas de las tasas más altas de violencia hacia las mujeres en el Perú. 

La propuesta plantea una intervención integral orientada a fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a la violencia. Para ello, se trabajará con municipalidades, centros educativos y organizaciones sociales con el fin de convertir la protección de niñas y adolescentes en una realidad efectiva, y no solo en una promesa legal.

Entre las acciones principales destacan:

• Fortalecimiento de la gestión municipal, brindando asistencia técnica para la ejecución de planes operativos y la creación participativa de un protocolo local de atención integral a adolescentes víctimas de violencia, con enfoque centrado en la víctima y respeto a los derechos humanos.
• Capacitación a funcionarios públicos en el uso del presupuesto destinado a prevenir la violencia, promoviendo una gestión más eficiente e inclusiva.
• Trabajo directo con la comunidad educativa, mediante espacios de escucha activa para identificar, prevenir y actuar ante las formas de violencia que viven las adolescentes.
• Formación de comunicadores escolares, quienes liderarán campañas de prevención en redes sociales, medios comunitarios y sus propios colegios, convirtiéndose en protagonistas de la construcción de entornos seguros e igualitarios.
• Empoderamiento de mujeres lideresas, fortaleciendo su autonomía social y económica, y potenciando su rol como defensoras de derechos en sus comunidades.
• Co-diseño de un expediente técnico de inversión pública, que permita a las municipalidades incorporar de manera sostenible acciones de prevención de la violencia.
• Campañas de comunicación centradas en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el respeto, como pilares fundamentales para erradicar la violencia en todos los ámbitos sociales.

Adolescentes y mujeres lideresas como protagonistas del cambio 

El proyecto reconoce a las adolescentes no solo como beneficiarias, sino como actores clave de transformación social, capaces de impulsar campañas, generar conciencia y promover entornos seguros. Asimismo, apuesta por el liderazgo de mujeres organizadas, quienes asumirán un rol activo en la vigilancia, prevención y respuesta frente a la violencia en sus territorios.

Una estrategia con enfoque de derechos y sostenibilidad 

La propuesta se distingue por institucionalizar un enfoque centrado en la víctima, promover la restitución de derechos y reforzar capacidades locales para asegurar la continuidad de las acciones. Además, busca instalar la prevención de la violencia como una prioridad en las agendas municipales y educativas, generando condiciones para la sostenibilidad y escalabilidad de la intervención.