¿Qué ocurre cuando las leyes diseñadas para proteger a la infancia no alcanzan a transformar la realidad de los niños, niñas y adolescentes? Para tratar de aportar conocimiento a esta realidad, Educo presenta su último informe, “Del derecho escrito al derecho vivido. Cuando la ley no basta: la infancia frente a la violencia en Andalucía y El Salvador”, una investigación que pone bajo la lupa la implementación de las políticas de protección frente a la violencia en estos dos territorios.
Tras año y medio de trabajo de campo y tras consultar a más de setenta niños, niñas y adolescentes, así como a personas expertas, profesionales de servicios sociales, sanidad y justicia, la ONG concluye que existe una brecha significativa entre las medidas contempladas en la ley y la práctica diaria. Si bien los marcos normativos —como la LOPIVI en España o la Ley Crecer Juntos en El Salvador— son valorados positivamente, su aplicación sigue siendo irregular y fragmentada.
El reto de la "invisibilidad" institucional
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la desconexión entre el sistema y sus principales protagonistas, los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, en base a lo expresado por ellos mismos, os mecanismos de protección previstos en la ley (como las figuras de coordinación de bienestar o los sistemas de notificación de casos) resultan "invisibles" para la infancia.
"Para los niños, niñas y adolescentes, la seguridad no se construye con protocolos, sino a través de relaciones de confianza y proximidad", señala Fernando Rodríguez, delegado de Educo en Andalucía. "Mientras la ley habla de sistemas, ellos siguen buscando ayuda en su entorno más cercano, como su madre o sus docentes. Si el sistema no es percibido como un lugar seguro y accesible, la ley corre el riesgo de quedarse en papel mojado".
Principales conclusiones de la investigación
Uno de los hallazgos de esta investigación es que existe una gran heterogeneidad en el conocimiento de estas leyes entre los profesionales. La formación depende, con demasiada frecuencia, de la voluntad individual o de iniciativas puntuales de entidades del tercer sector, en lugar de ser un proceso sistemático, obligatorio y acreditado.
En cuanto a los desafíos comunes, a pesar de las diferencias geográficas y contextuales, ambos territorios comparten retos críticos: recursos humanos y materiales insuficientes, falta de protocolos de coordinación efectiva que no dependan de la buena voluntad, y la ausencia casi total de mecanismos robustos de evaluación y seguimiento que permitan ajustar las políticas basadas en evidencias.
Asimismo, el estudio advierte que persisten formas de violencia normalizadas social y culturalmente —tanto en el ámbito familiar como en el digital— que dificultan la detección temprana, incluso cuando existe un marco legal que las prohíbe.
Las propuestas de Educo
Para cerrar esta brecha, Educo insta a las administraciones y agentes sociales a pasar del "derecho escrito al derecho vivido". La ONG propone, entre otras medidas, integrar enfoques de género e interseccionalidad en todas las intervenciones, impulsar canales de denuncia anónimos y seguros diseñados por los propios adolescentes, y fomentar una cultura del buen trato que transforme la convivencia en aulas, parques y hogares.
"La protección de la infancia debe ser un objetivo estratégico y horizontal, no una responsabilidad que dependa de una sola área o consejería", concluye el delegado de Educo en Andalucía y coordinador del informe. "La ley es la base, pero solo con recursos, formación sistemática y una verdadera participación real de los niños y niñas, lograremos garantizar el bienestar que merecen".
