Desde la CAONGD nos sumamos a la preocupación mostrada por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Extremadura (CONGDEX) ante el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y VOX en la Junta de Extremadura. Reproducimos el comunicado publicado por la CONGDEX:

Ayer 16 de abril, PP y Vox llegaron a un acuerdo de gobierno, en el que entre sus medidas se encuentra el desmantelamiento por completo de nuestra cooperación extremeña, una política pública ejemplar que durante 30 años ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en distintos territorios del mundo, apoyando procesos de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la soberanía alimentaria o la igualdad de género, y fortaleciendo a su vez una ciudadanía crítica y solidaria en nuestra propia región.

Este acuerdo se produce en un contexto global y local especialmente complejo, marcado por el aumento de las desigualdades, la polarización social y el cuestionamiento de los consensos básicos en torno a los derechos humanos, la democracia y la convivencia. En este escenario, consideramos imprescindible reforzar —y no debilitar— los principios que sostienen el Estado social y democrático de derecho, tal y como hemos venido advirtiendo.

Nos preocupa especialmente que, en el marco de este acuerdo, determinadas políticas vinculadas a derechos fundamentales sean instrumentalizadas, debilitadas o eliminadas por responder a agendas ideológicas que niegan o cuestionan derechos humanos universales, como la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad cultural o los derechos de las personas migrantes.

Tal y como recoge la trayectoria de la cooperación descentralizada en Extremadura, estas políticas han sido construidas durante décadas mediante el diálogo entre instituciones públicas y sociedad civil, consolidándose como un activo estratégico para la democracia, la justicia social y la solidaridad internacional.

La cooperación extremeña ha sido, durante más de tres décadas, una política pública ejemplar que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de miles de personas en distintos territorios del mundo, apoyando procesos de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la soberanía alimentaria o la igualdad de género, y fortaleciendo a su vez una ciudadanía crítica y solidaria en nuestra propia región.

La entrada en las instituciones de discursos que niegan violencias estructurales, invisibilizan desigualdades o promueven la exclusión de determinados colectivos supone un riesgo para los consensos democráticos alcanzados. Las organizaciones sociales constatamos, a través de nuestro trabajo cotidiano, que las desigualdades no son abstractas. Afectan de manera concreta y desproporcionada a colectivos como las mujeres, las personas migrantes o quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Este compromiso no solo ha posicionado a Extremadura como un referente en solidaridad internacional, sino que ha reforzado los valores democráticos, de justicia global y de interdependencia que sostienen nuestras sociedades. Por ello, resulta profundamente preocupante que esta política pueda ser cuestionada, debilitada o eliminada.

En este sentido, no podemos dejar de señalar la sensación de abandono —y sí, de traición— que se genera cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar, tanto desde el Partido Popular como desde las propias instituciones, incluyendo la Presidencia de la Junta, la Consejería competente y la AEXCID, dejan de defender activamente una política que ha sido construida colectivamente y que forma parte del consenso social y democrático de nuestra comunidad.

Se trata de un pilar que define el tipo de sociedad que queremos ser.

Nos resulta especialmente contradictorio que el propio Partido Popular, que en su momento respaldó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Extremadura y ha sido parte activa en la construcción del modelo de cooperación autonómica, avale ahora un acuerdo que pone en cuestión sus fundamentos.

La cooperación extremeña no es una política reciente ni coyuntural: se sustenta en más de 30 años de trayectoria institucional y social, articulada en torno a herramientas clave como la AEXCID, cuya existencia responde a un compromiso sostenido con la solidaridad internacional y el cumplimiento de responsabilidades globales.

Además, estas políticas no se desarrollan al margen de un marco más amplio, sino en coherencia con directrices y compromisos de la Unión Europea en materia de cooperación, derechos humanos y desarrollo sostenible. Desdibujar o debilitar este ámbito no solo implica un retroceso a nivel autonómico, sino también un alejamiento de los marcos europeos que España y sus comunidades autónomas están llamadas a respetar y fortalecer.

Desde la CONGDEX reafirmamos nuestro compromiso con:

La defensa de los derechos humanos como marco irrenunciable de las políticas públicas

La igualdad de género y el reconocimiento de las violencias específicas que afectan a las mujeres.

La lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

La cooperación internacional como herramienta de solidaridad, justicia global y construcción de paz.

La participación activa de la sociedad civil como elemento clave de una democracia saludable.

La fortaleza de una democracia no reside en restringir derechos, sino en ampliarlos, garantizarlos y proteger especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Instamos al conjunto de las instituciones públicas de Extremadura a actuar con responsabilidad, garantizando que cualquier acción de gobierno respete el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Asimismo, apelamos a la sociedad extremeña a mantener un compromiso activo con los valores de solidaridad, justicia social y convivencia, que han caracterizado históricamente a nuestro territorio.

Imagen: Alianza por la Solidaridad