Continuamos desgranando las implicaciones de la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo que acoge Sevilla a finales de este mes. Hoy le toca a la cooperación. ¿Qué debería significar esta Conferencia en materia de cooperación? ¿Cuáles son las propuestas de la sociedad civil mundial? ¿Qué pasa con esta política pública cuyos compromisos parecen no cumplirse nunca? Consulta algunas cuestiones que son claves para entender qué está en juego.
A nadie se le escapa que, en un contexto tan complejo como el que vivimos, en el que las crisis se multiplican, las desigualdades aumentan, los conflictos se expanden y los derechos se recortan, la cooperación internacional para el desarrollo no puede seguir considerada como un extra, tiene que ser parte importante de la solución.
No es posible que, desde los años 70, cuando los gobiernos se comprometieron con el famoso 0,7%, aún no se haya cumplido totalmente. Es más, en vez de avanzar, vamos para atrás. En 2024, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bajó por primera vez desde 2017. Un recorte que es como ir cuesta abajo y sin frenos en plena emergencia global. Cuando más debe reforzarse, se recorta.
España no ha recortado, pero aún sigue muy lejos del compromiso asumido y muy por debajo de la media europea. Estamos en un 0,25% frente al 0,51% de nuestros vecinos.
¿Y quién decide cómo funciona esto?
Resulta que quien decide hacia dónde y cómo va el dinero son los países ricos a través del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE; una especie de club elitista que decide por el resto sin que tengan capacidad de explicar sus necesidades reales o de reclamar lo que les corresponde: no olvidemos que si los países ricos son lo que son es en gran medida gracias al expolio de los recursos en amplias zonas del planeta -expolio que continúa realizándose hoy en día con empresas extractivas que ahogan a los países y a sus poblaciones-.
A ello hay que añadir el pago de deuda que en muchos casos es ilegítima; cerca de la mitad de la población mundial vive en países que gastan más en el pago de la deuda externa que en sanidad o educación. Es escandaloso.
En estos momentos, esos países de la élite están negociando a puerta cerrada. ¿Qué tipo de negociaciones están realizando para que exista tal opacidad? ¿Cómo es posible que decidan sin contar con el resto, dónde quedó eso de «nosotros los pueblos» de la Carta de Naciones Unidas?
La sociedad civil mundial lo tiene claro: el momento es ahora
Miles de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo lo tienen claro; saben que es urgente dar un giro porque no hacerlo seguirá privando a millones de niños y niñas de ir a la escuela, privará a poblaciones enteras del acceso a la salud, del disfrute de entornos adecuados, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o de un presente y futuro en paz en el que la dignidad sea la norma.
Qué demandamos:
- Que Naciones Unidas tome el timón de verdad, con reglas justas para todas las personas.
- Que se firme un acuerdo global vinculante que establezca las reglas para hacer cooperación (eficaz)
- Que se fortalezca el foro de cooperación para el desarrollo en la ONU para que sea el lugar en el que rendir cuentas
Y también pedimos que no se hagan trampas con los números. Hace mucho tiempo que pedimos 0,7% ya y ese «ya» parece que nunca llega. Es urgente que:
- Se cumpla el 0,7% como mínimo y de ahí para arriba
- Un 0,2% de los fondos deben destinarse a los países más empobrecidos
- Un 10% debe ser para acción humanitaria
- Y, al menos, un 3% para educar en derechos, paz, convivencia, responsabilidad, ciudadanía crítica… ¡que falta nos hace!
Financiación privada: que no nos vendan motos
Los trillones prometidos nunca llegaron. Así que, mejor dejarnos de cuentos y poner reglas de obligado cumplimiento que aseguren que cualquier inversión privada contribuye a garantizar derechos, a proteger el planeta y fomentar los enfoques feministas. Como sociedad civil no vamos a perderle la pista a la llamada «Global Gateway» de la UE que, bajo la apariencia de desarrollo, parece apuntar más a los intereses privados. Nos unimos a nuestras compañeras latinoamericanas y denunciamos que «esta estrategia utiliza mecanismos de financiación poco transparentes -garantías y mezclas- para movilizar el beneficio privado del «desarrollo», promoviendo la privatización de las infraestructuras, la comercialización de los servicios públicos y una agenda de reformas liberales para las oportunidades empresariales».
En este contexto, debería estar muy claro que la cooperación no es un favor ni una dádiva en tiempos de bonanza o estabilidad. Es una cuestión de justicia; es una inversión en seguridad y paz. La pregunta, por tanto, no es si se puede o no. La pregunta es: ¿a qué estamos esperando?
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