La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo pide a los partidos políticos que concurran a las elecciones de 2026 que incorporen en sus programas electorales un compromiso firme con la cooperación internacional. El objetivo es consolidar una política de Estado que contribuya a reducir la pobreza y las desigualdades, defender los derechos humanos, prevenir conflictos y construir un mundo más justo y en paz.

En un contexto marcado por los conflictos armados, las crisis climáticas, el hambre y el aumento de las desigualdades, cooperar es más necesario que nunca. Estas crisis afectan a millones de personas y no entienden de fronteras. La cooperación internacional permite prevenir sus consecuencias, proteger a quienes más sufren y construir soluciones duraderas.

La aprobación de la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Global supuso un avance importante y contó con un amplio consenso político. Ahora es necesario seguir desarrollándola y garantizar que se cumplan sus objetivos.

De cara a las elecciones de 2026, La Coordinadora pide a los partidos políticos que se comprometan a:

• Consolidar la cooperación internacional para el desarrollo como política de Estado: garantizar una política sólida, eficaz y bien financiada, cumpliendo la Ley 1/2023 y promoviendo el consenso político y la participación social.
• Desarrollar y aplicar las reformas del sistema de cooperación española: implementar las reformas normativas e institucionales y el VI Plan Director, reforzando la AECID mediante un nuevo Contrato de Gestión.Defender un multilateralismo activo: impulsar las agendas de desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo, garantizando compromisos vinculantes y la participación igualitaria de todos los países, incluido el sur global.
• Promover la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible: integrar los objetivos de desarrollo sostenible en todos los ámbitos de actuación del Gobierno mediante un sistema integral de coherencia.
• Cumplir los compromisos presupuestarios de cooperación: establecer una senda plurianual firme y progresiva para alcanzar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
• Promover una acción humanitaria basada en principios: proteger a las personas afectadas por crisis y conflictos, aplicar el enfoque de triple nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz, priorizar a los actores locales y garantizar financiación suficiente, flexible y predecible (10 % de la AOD).
• Fomentar una educación para la justicia global: promover los derechos humanos, la democracia, la paz y la conciencia sobre las desigualdades mediante una nueva estrategia y mayor financiación (3 % de la AOD).
• Favorecer y defender el espacio cívico y las organizaciones de la sociedad civil: proteger y financiar a las organizaciones sociales, feministas y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente, reforzar su participación democrática y aumentar su representación en la gobernanza global.
• Consolidar la relación con las organizaciones de desarrollo (ONGD): fortalecer su colaboración con la Administración, mantener el diálogo institucional y aumentar la financiación hasta alcanzar al menos 400 millones de euros anuales al final de la legislatura.
• Impulsar una cooperación financiera alineada con los objetivos de desarrollo sostenible: orientar especialmente el FEDES hacia los países prioritarios, reforzar la transparencia y la rendición de cuentas e incorporar a la sociedad civil en todas las fases de los instrumentos financieros.
• Promover una Unión Europea responsable con el mundo y comprometida con la justicia global: defender una financiación europea ambiciosa contra la pobreza y las desigualdades, orientar Global Gateway al desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación CELAC–UE, especialmente en materia de cuidados.
• Avanzar en una política exterior y de cooperación feministas: desarrollar estrategias y planes feministas a nivel estatal y europeo, garantizando recursos adecuados y destinando el 20 % de la AOD a la igualdad de género como objetivo principal.
• Fortalecer las cooperaciones descentralizadas: reconocer y apoyar el papel de las administraciones autonómicas y locales y de los actores sociales, reforzar sus capacidades y presupuestos, mejorar la coordinación institucional y facilitar la aplicación de las reformas del sistema de cooperación.

La Coordinadora considera que estas medidas permitirán aprovechar los avances alcanzados y convertirlos en resultados concretos para las personas. Para ello, será fundamental que el próximo Gobierno trabaje con las administraciones públicas, las organizaciones sociales y sus socios internacionales, con mecanismos de participación, seguimiento y rendición de cuentas.

Avanzar en cooperación es avanzar en derechos, igualdad y justicia global. La Coordinadora insta a las fuerzas políticas a mantener el consenso alcanzado y a situar la solidaridad internacional entre las prioridades de la próxima legislatura.