El 22, 23 y 24 de octubre, Donostia acoge el XXI Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo. En una declaración conjunta en defensa de la cooperación, las coordinadoras han lanzado una serie de peticiones dirigidas a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a la ciudadanía. El encuentro ha arrancado este jueves con una conferencia del sociolingüista Jon Sarasua, tras el Encuentro de Cooperación Descentralizada organizado por eLankidetza – Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad y la Coordinadora de ONGD de Euskadi. La inauguración ha contado, además, con la presencia del alcalde de Donostia Jon Insausti en el Palacio de Miramar. El resto del encuentro se desarrollará en el colegio mayor Olarain de la capital gipuzkoana.
La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo, reunida en Donostia / San Sebastián, recuerda que, en un contexto convulso en el que se prioriza el rearme frente a la prevención de los conflictos y la construcción de la paz, las ONGD seguimos defendiendo y sosteniendo, en todos los territorios, los valores de cuidado, humanidad, justicia, paz, democracia e igualdad en los que nos educaron, que nos han acompañado desde nuestros orígenes y de los que nos sentimos profundamente orgullosas.
Somos más quienes creemos que la solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación son lo normal. Que la cooperación al desarrollo contribuye de manera eficaz a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de millones de personas; a proteger la estabilidad y la calidad democrática; a prevenir crisis en un mundo interconectado, y a fomentar la convivencia en nuestros pueblos y ciudades. Somos más quienes defendemos que la universalidad de los derechos humanos es irrenunciable y no admite negociación.
Denunciamos el desmantelamiento de la política pública de cooperación y solidaridad global que se está produciendo en el ámbito internacional y que, de manera especialmente flagrante, están impulsando algunos gobiernos autonómicos, como los de Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. Denunciamos, asimismo, los ataques, la criminalización y las amenazas que las organizaciones sociales vienen sufriendo desde hace décadas en distintos lugares del mundo y que hoy se producen también en el Estado español. Todo ello por ejercer su trabajo que no es otro que el de acompañar a las personas en el ejercicio de sus derechos.
Alertamos del enorme coste humano y social que conllevan los recortes en cooperación al desarrollo, tanto en el ámbito internacional como en el autonómico y local. Estos recortes se traducen en más pobreza, hambre, enfermedades y muertes evitables; en menos oportunidades educativas y laborales, y en un aumento de las desigualdades y las vulneraciones de derechos. Debilitar la cooperación significa también reducir la capacidad de las comunidades para hacer frente a las crisis, avanzar hacia su autonomía y construir sociedades más justas, pacíficas y sostenibles.
Por ello, pedimos:
A los partidos políticos, que defiendan con firmeza las políticas de cooperación y solidaridad internacional que se hacen desde los municipios y las autonomías como una política social pública de primer nivel. Y que la doten para ello de los recursos técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, así como de instrumentos adecuados y estables, que pongan freno al desmantelamiento.
Una política pública que responda desde lo local a construir soluciones compartidas frente a los retos globales con compromiso y responsabilidad, apostando por la justicia social y la igualdad. Tal y como la ciudadanía responde de manera clara cuando se trata de cooperar. Demostrando que en la defensa de una vida digna, libre de violencias, y en la construcción de una sociedad transformadora, siempre, somos más.
A los medios de comunicación y personas creadoras de opinión pública, que rompan los estereotipos, bulos y discursos simplistas que buscan fomentar el odio ante determinados colectivos y descalificar a las ONGD y su trabajo humanitario. Que se hagan corresponsables de una comunicación que refuerce la convivencia, el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad que une nuestros pueblos, ciudades y comunidades, entre ellas y con el mundo. Frente a la polarización, necesitamos una comunicación que favorezca la convivencia y esté a la altura de los valores democráticos.
A la ciudadanía, que frente a los discursos de odio y el cuestionamiento de los pilares más básicos de nuestra sociedad y de nuestra democracia, siga siendo activa en la construcción de un mundo más justo y solidario. Que mantenga viva la esperanza y contagie los entornos cotidianos de los valores de la empatía, la justicia y la cooperación. Porque la solidaridad no es solo una respuesta ante las injusticias: es también una fuerza colectiva capaz de transformar la realidad y abrir caminos hacia un futuro mejor.
Somos vecinas, somos amigos, somos familia, somos pueblo y somos dignidad. Somos quienes desde las 17 comunidades autónomas y en cientos de rincones del mundo, trabajamos incansables por un objetivo sencillo y común: garantizar el derecho a una vida digna, para cualquier persona y en cualquier lugar. Lo hacemos de la mano de millones de personas y junto a comunidades de todo el planeta, con quienes construimos alternativas y propuestas para avanzar hacia un mundo en el que los derechos estén garantizados y la dignidad de todas las personas sea la norma. En un contexto marcado por el descrédito, el miedo y la incertidumbre, reivindicamos con convicción que cooperar #EsLoNormal. Y es así porque cuando nuestros territorios se unen, cuando colaboramos y nos apoyamos mutuamente, somos más tejiendo alianzas y construyendo un planeta justo para todas las personas que lo habitan.
