En marzo de 2025, la Comisión Europea propuso un Reglamento de Retornos que amplía la detención migratoria, las deportaciones, la externalización de fronteras, la elaboración de perfiles raciales y la vigilancia de personas migrantes en situación administrativa irregular. En un nuevo informe, la red internacional de Médicos del Mundo y PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados) advierten que la propuesta amenaza el derecho a la salud y vulnera la ética médica, y piden a los legisladores europeos que la rechacen y promuevan políticas migratorias basadas en los derechos humanos, que protejan a las personas en lugar de castigarlas.

La propuesta de la Comisión Europea facilita la recopilación, el acceso y el intercambio de datos sobre la vulnerabilidad, la salud y las necesidades médicas de nacionales de terceros países, entre otros tipos de información, entre los Estados miembros de la UE (artículo 38), así como entre la UE y países no pertenecientes a la Unión para ejecutar deportaciones (artículos 39 y 41).

Las decisiones sobre la transferencia de datos personales, incluidos los datos sanitarios sensibles de nacionales de terceros países, quedan en manos de las autoridades nacionales y, en su caso, de Frontex. El texto no menciona a profesionales médicos independientes, autoridades de protección de datos ni mecanismos de control judicial que evalúen los riesgos o justifiquen la transferencia de esos datos. Cuando los datos se comparten fuera de la UE, existe el riesgo de que se utilicen indebidamente en países con escasas garantías de derechos humanos.

Esta propuesta contradice directamente el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que garantizan el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de todas las personas en la UE, incluidas aquellas en situación administrativa irregular.

Desde al menos el año 2000, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias sentencias que la recogida o almacenamiento de datos sanitarios por parte de las autoridades públicas, incluso si no se utilizan, interfiere con el derecho a la privacidad (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y vulnera la confidencialidad médica.

Profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil también han denunciado las políticas europeas y nacionales de control migratorio y deportación que ponen en peligro el derecho a la salud y comprometen la integridad profesional del personal sanitario.

En 2024, el Comité Permanente de Médicos Europeos, que representa a las asociaciones médicas nacionales de toda Europa, denunció que los gobiernos están presionando a los médicos para que rompan la confidencialidad médico-paciente y comuniquen los nombres de personas que acuden a consulta para identificar a migrantes en situación irregular.

En Italia, activistas están pidiendo a los médicos que dejen de declarar a las personas “aptas” para su internamiento migratorio. En Bélgica, Médicos del Mundo y otras ONG recurrieron ante el Tribunal Constitucional una ley que permite el uso de coacción física para realizar exámenes médicos obligatorios en procedimientos de retorno durante emergencias de salud pública declaradas por la OMS. En Suecia, más de 4000 profesionales sanitarios se comprometieron a desobediencia civil y a negarse a informar sobre sus pacientes si el Gobierno introduce obligaciones de denuncia en el sector sanitario.

Más allá de los riesgos derivados del intercambio de datos sanitarios, el borrador del Reglamento pone en peligro la salud y el bienestar de las personas de las siguientes maneras:

• Aumenta la detención migratoria en toda la UE, incluso para menores de edad —pese a que los estándares internacionales establecen que la detención de menores nunca responde a su interés superior—, ampliando los motivos de detención y prolongando su duración máxima de 18 a 24 meses. Las investigaciones muestran que cualquier periodo de detención migratoria afecta negativamente a la salud física y mental, y diversos  organismos y  tribunales internacionales han destacado sus efectos desproporcionados sobre el bienestar.
• Limita la atención sanitaria en los centros de detención a la “atención médica de urgencia” y al “tratamiento esencial de enfermedades” (artículo 34), e ignora en gran medida otros estándares de detención más allá de la obligación general de garantizar el acceso a “espacios al aire libre”.
• Amplía los motivos para las deportaciones forzosas, incluso mediante medidas coercitivas (artículo 12.4), sin apenas considerar las necesidades médicas durante el proceso y permitiendo deportaciones a países donde las personas pueden enfrentar tortura u otras formas de violencia. El texto también permite la creación de centros de deportación fuera de la UE, sin un control claro sobre sus condiciones o el respeto a los derechos humanos.
• Fomenta la detección de personas según su estatus de residencia (artículo 6), promoviendo así acoso, violencia y prácticas de perfil racial.

PICUM y Médicos del Mundo instan a los legisladores europeos a rechazar este texto y, en su lugar, defender el derecho universal a la salud y el respeto a la ética médica; promover vías seguras y regulares de migración; y garantizar el acceso a permisos de residencia seguros.

El Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo comenzará a debatir su posición negociadora en noviembre, mientras que el Consejo de la UE tiene previsto votar su postura antes de que finalice 2025.