La pandemia podría dejar sin alimentos a 130 millones de personas más y elevar las cifras mundiales a 1000 millones

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En un nuevo informe que ha presentado recientemente, Acción contra el Hambre muestra su preocupación por la próxima crisis de hambre que la pandemia de la COVID-19 podría provocar en países cuyos sistemas ya están debilitados por los conflictos, la crisis climática y la pobreza. Hace un llamamiento a la movilización para reconocer la magnitud de la crisis y asumir compromisos firmes para limitar el daño del desastre alimentario y nutricional que se avecina.

La pandemia provocada por la COVID-19 conlleva consecuencias sociales y económicas de gran alcance, agravando notablemente las crisis alimentarias ya existentes. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el impacto de la pandemia puede poner en riesgo de inseguridad alimentaria grave a 135 millones de personas. Esta cifra se suma a los 821 millones de personas que ya sufrían esta situación en 2019 según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

“La situación está empeorando en muchas partes del mundo, donde nuestros equipos están interviniendo. Tememos alcanzar en un futuro próximo la cifra sin precedentes de mil millones de personas que padecen hambre”, alerta Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre.

IMPACTO EN MERCADOS Y MEDIOS DE VIDA

Si bien los gobiernos de diferentes países han hecho grandes esfuerzos para limitar la propagación de la pandemia, Acción contra el Hambre advierte que las restricciones de movimientos y los cierres de fronteras y mercados han tenido un fuerte impacto en los ya de por sí frágiles medios de vida. La pandemia está provocando una reducción general del acceso a los servicios básicos y el comercio, afectando al suministro y disponibilidad de alimentos, así como a la inestabilidad de los precios.

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS EN ALZA

En Pakistán, los alimentos experimentan una subida inusual de precios vinculada al cierre de fronteras y carreteras, y del aumento de las compras por motivos de pánico ante un posible desabastecimiento de los mercados. Todo ello ha agravado los problemas de acceso a los alimentos para los hogares más vulnerables, que ya viven por debajo del umbral de pobreza. Los precios de los productos alimentarios básicos, como el trigo y la harina, están aumentando en un 4,9% y un 8,4%. Casi 6,9 millones de hogares afirman haber reducido el número o el tamaño de las comidas de algunos miembros de la familia para cubrir las necesidades básicas de su hogar.

Además, las medidas de aislamiento también han supuesto una reducción de las oportunidades de trabajo, lo que ha disminuido el poder adquisitivo de los hogares. En Pakistán, de los 63 millones de personas que tiene el país, unos 46 millones trabajan de manera informal, lo que es un riesgo extra a una situación precaria.

La situación también es particularmente preocupante en África occidental y central, donde 19 millones de personas están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria entre junio y agosto de 2020 debido a la crisis actual, los conflictos y los problemas estructurales que padece la región. Según algunas estimaciones, estas cifras podrían alcanzar los 50 millones de personas debido a los efectos de la pandemia. El impacto de la COVID-19 en los sistemas de salud, de protección social, y los medios de vida, precarios y sobrecargados, podrían hacer que más personas sufrieran las consecuencias del hambre.

“En este contexto, todos los países deberían fortalecer sus actuales sistemas de protección sanitaria y social, además de replantearse los modelos agrícolas. Es fundamental desarrollar prácticas sostenibles, como la agroecología, y apoyar a los mercados locales para garantizar una alimentación accesible, segura, asequible y nutritiva para todas las personas.”, explicó Manuel Sánchez-Montero, director de incidencia y relaciones institucionales de Acción contra el Hambre.

ACCESO PARA LA AYUDA HUMANITARIA

En el informe, la organización ha identificado distintas acciones inmediatas para evitar el aumento del hambre. Entre las mismas cabe destacar: el apoyo al llamamiento de Naciones Unidas para que cese al fuego en zonas de conflicto; que se asegure la integridad y movilidad del personal médico y humanitario; que se levanten las restricciones administrativas y operacionales para poder responder a la emergencia; que se refuerce el diálogo entre civiles y militares; que se asegure la financiación de la respuesta desde un enfoque participativo, donde las comunidades lideren las estrategias de afrontamiento; y que se apoye  la compra y suministro de equipos y materiales de protección, además de las vías y canales de distribución. Todo ello, en aras de garantizar el acceso a la ayuda humanitaria.

El objetivo es apoyar la respuesta a la actual crisis humanitaria desatada por la COVID-19; y mitigar a la vez los futuros riesgos en términos de seguridad alimentaria en el caso de que una nueva pandemia sobreviniera.

Los gobiernos deben asumir compromisos firmes que permitan abordar de manera colectiva este desafío sin precedentes. Las medidas que se adopten deben incluir el levantamiento de todas las restricciones a la ayuda humanitaria, el acceso garantizado a los servicios básicos y la creación de sistemas sanitarios y alimentarios más resilientes que permitan prevenir y afrontar futuras crisis.