C/ León XIII 9, bajo derecha. 41009, Sevilla.  coordinadora.andaluza@caongd.org   954 915 249
auditoría

Cómo presentar candidaturas:

Quienes están interesados en este proceso de licitación podrán presentar su propuesta en soporte digital a la atención de: Libia Arenal Lora (coordinadora): cooperacion@apysolidaridad.org con copia a cooperacion2@apysolidaridad.org. Igualmente, podrán dirigirse a la sede de APY.

Tipo de empleo:  Remunerado
Jornada: Jornada Completa
Rango salarial: Presupuesto máximo: 2500 euros
Nivel de estudios: Estudios universitarios
Plazas: 1
Entidad que oferta: APY
Sede de la entidad: Calle vidrio, 28.
Lugar de trabajo: Sede de APY
Ciudad: Sevilla
Presentación de candidaturas: 04/03/2022
Email de contacto: cooperacion@apysolidaridad.org

Descripción de la oferta:

Descripción de la oferta

En El Salvador la violencia contra las mujeres y los feminicidios son un fenómeno diario. En 2010, impulsada por las organizaciones feministas, se aprobó la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres-LEIV. Tanto esta Ley como el código municipal mandatan a los gobiernos e instituciones locales, a poner en marcha mecanismos para la prevención y atención a la violencia de género-VG, como son las UMM, CMPV y las Mesas de Atención a Víctimas. Por otro lado, la LEIV también se ha venido implementando en los juzgados de Paz, de Familia y de la jurisdicción penal, y en las Unidades Institucionales Especializadas de Atención a Mujeres de la PNC, Procuraduría de la República- PGR y Fiscalía-FGR. En 2016, se crean los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Desde su puesta en funcionamiento, las organizaciones feministas y de mujeres han detectado una serie de problemas para que la implementación de LEIV en el sistema de justicia se haga efectiva: primero, desconocimiento de las propias organizaciones locales de mujeres sobre estos Juzgados y su labor; segundo, el desconocimiento de la existencia de los Juzgados y su funcionamiento por parte de las UMM, CMPV y Mesas de Atención a Víctimas, que se une a su debilidad general para el abordaje de la VG; finalmente, importantes carencias en estos Juzgados Especializados en cuanto a conocimientos y aplicación práctica de la LEIV, que son extensibles a la Fiscalía y su capacidad investigativa de los Feminicidios y otros tipos de Violencia de Género (VG). El proyecto ha abordado estos problemas, contribuyendo a que las mujeres del departamento de San Salvador puedan vivir libres de VG, dando cumplimiento a la LEIV y otras leyes que las amparan, enfocándose en el acceso a una pronta y efectiva justicia. Para ello, se ha fortalecido a 16 organizaciones de mujeres por ser el primer resorte de contención y acompañamiento para las mujeres víctimas de VG. Estas organizaciones han visto mejoradas sus capacidades para brindar a las mujeres que sufren VG, atención, representación legal y acompañamiento a lo largo del proceso judicial, además de promover su contraloría hacia la acción judicial. Además, se ha incidido en la mejora de las capacidades de gobiernos locales y espacios de coordinación interinstitucional, para dar respuesta a la VG, con especial atención al asesoramiento y acompañamiento de víctimas para la utilización de las nuevas rutas y herramientas judiciales creadas (Juzgados Especializados). Por último, se ha fortalecido el Sistema de Justicia: el personal de los juzgados especializados y de otros juzgados que también tratan VG, así como el personal de instituciones que apoyan la atención e investigación de casos de VG, que han visto mejoradas sus capacidades en relación con la LEIV y otras leyes relacionadas. La formación ha incluido el enfoque de género del que carecen para garantizar su actuación bajo parámetros de respeto a los derechos de las víctimas. Los municipios beneficiarios han sido: San Salvador, Santo Tomas, Panchimalco, Cuscatancingo, Apopa, Tonacatepeque, Guazapa, Aguilares y El Paisnal. La población beneficiaria directa han sido 1566 mujeres y 150 hombres: mujeres víctimas de VG atendidas, mujeres pertenecientes a organizaciones de mujeres, participantes de espacios de coordinación interinstitucional, personal del Sistema de Justicia capacitado y asistentes a actividades públicas.

Requisitos

La existencia de un informe de auditoría externo, permite a la Fundación APY la presentación de un tipo de cuenta justificativa económica reducida. Se contratará una entidad auditora (puede ser una persona física o jurídica) española inscrita en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, o bien ser firmas dependientes o vinculadas a una entidad auditora reconocida, siempre que se presenten los documentos que acrediten la vinculación y la responsabilidad de la firma que acredite el informe, o bien ser una persona o entidad auditora del país de ejecución (previa certificación de que está habilitada para ello conforme a la ley local, que puede ser realizada por la OTC/ Centro Cultural /Antena o Embajada que proceda, o por un notario local). Esta entidad debe realizar una revisión exhaustiva de la cuenta justificativa completa de la subvención correspondiente a la totalidad de la subvención, y emitir un informe al respecto, según establece la normativa de aplicación sobre auditorías a subvenciones públicas.

Requisitos 

La oferta deberá contener al menos:

  • Propuesta global técnica, ajustada a los TDR, con indicación de la metodología a utilizar e indicación de la muestra de justificantes acreditativos de gasto que se va a revisar.
  • Coste económico y modalidad de pago.
  • Certificación de su legalidad como firma auditora inscrita en el ROAC si es española, o poderes notariales o registro de inscripción similar si es extranjera.
  • Declaración responsable de que no hay ninguna razón que pueda condicionar o limitar sus labores de revisión de la cuenta justificativa de la intervención (vínculos con la entidad adjudicataria de la subvención, o en su caso con los socios locales o cualquier otro conflicto de
    intereses que pueda suceder).
  • Experiencia profesional en el ámbito en cuestión.
  • Equipo humano de auditores encargados, en su caso.
  • Conocimiento de idiomas del equipo humano, en su caso.

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