Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y EAPN Andalucía exigen una respuesta a la renta básica para la inclusión

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La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y EAPN Andalucía han denunciado la dejadez del Gobierno Andaluz para sacar adelante un texto legislativo que garantice la regulación y puesta en marcha de un sistema de renta básica para la inclusión en Andalucía. Esta falta de actuación incumple el contenido del Estatuto de Autonomía de Andalucía y deja en el aire el futuro de 280.000 familias andaluzas en situación de vulnerabilidad extrema, al carecer por completo de recursos.Ambas plataformas, que reúnen a más de un centenar de organizaciones sociales y sindicales, se unieron para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la renta básica, avalada por más de 40.000 firmas. El 14 de julio de 2015, el Consejo de Gobierno se manifestó en contra de la tramitación de la ILP al considerar que el Ejecutivo Andaluz ya estaba trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley sobre la misma materia. El rechazo a esta iniciativa ciudadana vino acompañado por el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de presentar un borrador del anteproyecto de Ley al Parlamento de Andalucía en el segundo semestre de 2016.

Un año en blanco

Según han explicado los representantes de ambas plataformas en rueda de prensa, desde este compromiso de la presidenta no se ha avanzado nada en retomar una labor ya iniciada por un grupo de trabajo específico creado en el Parlamento en la anterior legislatura. “Durante este periodo se ha pedido a los grupos parlamentarios en diferentes reuniones que se retomara el trabajo ya iniciado, incluyendo a Podemos y a Ciudadanos como nuevas formaciones representadas en el Parlamento. Más allá del respaldo a la propuesta, no ha habido ningún movimiento”, señalaba Soledad Ruiz, secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT y coordinadora de Compromiso Social para el Progreso de Andalucía hasta hoy.

No ha sido la única vía para intentar garantizar la renta básica para la inclusión de las familias andaluzas más desfavorecidas. Desde ambas plataformas también se han realizado alegaciones a la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía, para que esta renta quede recogida en el texto como una prestación garantizada.

Durante la rueda de prensa se ha informado también del cambio en la coordinación de Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, función rotatoria en la plataforma, y que pasa a la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) tras haber sido desempeñada por UGT desde febrero de 2015. El nuevo coordinador, Héctor Rivero, ha destacado que la crisis no debe seguir siendo una excusa para que las élites sigan recortando derechos de la ciudadanía, y que el objetivo de la plataforma va a seguir siendo apoyar las luchas de los colectivos en defensa de los derechos sociales.

En este sentido, ha mencionado otros frentes de trabajo activos para este conjunto de entidades, como son la mencionada Ley de Servicios Sociales, la derogación de la LOMCE, la futura Ley de Participación Ciudadana y otras iniciativas que, si bien no son competencia estrictamente autonómica, sí afectan a la ciudadanía andaluza y a la que intenta acceder a esta región: es el caso de la orientación de la UE de la política de refugio y asilo, la transformación de las políticas de cooperación en instrumento de control de fronteras o los acuerdos comerciales TTIP, CETA y TISA.